Las compañías no saldrían a capturar calamar y langostino en la próxima temporada.
Las compañías no saldrían a capturar calamar y langostino en la próxima temporada.
Por la fuerte caída de los precios internacionales y la suba de los costos de explotación, entre otros factores, la pesca argentina entró nuevamente en crisis. Y las principales empresas del sector podrían no salir a capturar dos de las principales especies del Mar Argentino, calamar y langostino, a partir de enero y marzo próximos, respectivamente.
"Los precios de estas especies tuvieron serias retracciones, del orden del 50 por ciento en los últimos seis meses. Esto coloca a la industria en una situación muy difícil. A eso hay que agregar el incremento de los costos internos, lo que produce un efecto tenaza", dijo Alfredo Pott, dueño del grupo Pesel y presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la Argentina (Capeca).
"Estamos hablando de una situación de crisis del caladero nacional y, si no nos ponemos de acuerdo, se producirá un crac social cuyas consecuencias no podrán solucionarse con subsidios del Estado", coincidió Omar Suárez, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), un gremio fiel al presidente Néstor Kirchner. Empresarios, sindicato y funcionarios del Gobierno podrían reunirse a mediados de este mes para evaluar alternativas.
Según Pott, las empresas nacionales ya habían tomado préstamos para financiar gastos fijos o para salir a pescar en la última campaña. Por eso, varias compañías que operan desde Puerto Deseado, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia podrían no salir a capturar el año próximo. Si así ocurre, sólo lo harían las compañías de capitales extranjeros que operan desde la Argentina y cuyas casas matrices ya tienen compromisos comerciales.
Para Capeca, "la actual crisis que sufre la industria se debe al crecimiento desmedido de los costos que anuló el efecto positivo de la devaluación de enero de 2002, la pérdida de los incentivos con los cuales contaba el sector [entre ellos, los reembolsos por utilización de puertos patagónicos y otros reintegros impositivos], el incremento de los valores de los permisos provinciales de pesca y el crecimiento de los costos de personal [que pasaron del 33% al 50% de la estructura total de costos], entre otras razones".
Ante esta situación, a principios de noviembre, las cuatro principales cámaras del sector enviaron una carta al Gobierno para pedir medidas concretas. En ese texto explicaban: "El caladero del Atlántico sudoccidental se ha convertido en el caladero más importante en la captura del Illex (calamar) y la numerosa flota que opera en la milla 201 contigua a nuestra zona económica exclusiva se ha convertido en nuestro mayor competidor en los mercados internacionales, marcando el nivel bajo de precios, con la diferencia que ellos pueden hacerlo porque no pagan derechos de exportación, no están obligados a descargar en puerto transbordando en alta mar y, finalmente, que las tripulaciones de esos barcos trabajan sin las condiciones pactadas en los acuerdos internacionales y ganan sueldos que son varias veces inferiores a los sueldos de nuestros tripulantes".
Este año fue especialmente complicado para la actividad, que vivió un extenso conflicto desatado en Puerto Deseado, donde seis plantas del Parque Industrial Pesquero fueron incendiadas y destruidas. Además, en los primeros ocho meses del año las exportaciones cayeron 8,4% en facturación y 12,3% en volumen. A lo que se suma la baja producción de merluza, afectada por la poca disponibilidad del recurso.
Listado de pedidos
Las empresas están pidiendo la eliminación de las retenciones a las exportaciones de las principales especies -que van del 5% al 10%, según el caso-, la rehabilitación de los reembolsos por utilización de puertos patagónicos y reintegros impositivos para las empresas que exportan productos con mayor elaboración, la rebaja de las tasas portuarias y de los permisos de pesca, la gestión de créditos flexibles para capital de trabajo (gastos operativos), y el planteo de la problemática de la milla 201 en los foros internacionales.
Por José Crettaz
Sin resarcimientos
Cuando algunos centenares de marineros entraron al Parque Industrial Pesquero de Puerto Deseado e incendiaron seis plantas procesadoras, en el momento más grave de un conflicto gremial que mantuvo paralizada la actividad entre julio y septiembre, el gobierno de Santa Cruz prometió ayuda económica para reparar los daños. Aquella situación motivó incluso la consulta del gobierno de España porque una de las firmas afectadas fue Arbumasa, de capitales de ese país. A varios meses de aquel episodio, "las empresas no recibieron ninguna asistencia", según dijeron en la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la Argentina (Capeca).
01/12/07
LA NACION