El fiscal federal Federico Delgado consideró a Cavallo presuntamente responsable del delito de "defraudación a la administración pública", castigada con penas de hasta seis años de prisión, y pidió que lo manden a juicio.
El fiscal federal Federico Delgado consideró a Cavallo presuntamente responsable del delito de "defraudación a la administración pública", castigada con penas de hasta seis años de prisión, y pidió que lo manden a juicio.
El fiscal federal Federico Delgado pidió que el ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo sea sometido a juicio por supuesto fraude a la administración pública, a raíz de una medida en beneficio de empresas pesqueras en 2001, informaron ayer fuentes judiciales.
Para la Fiscalía, Cavallo dictó una resolución que impedía cobrar multas impositivas a empresas pesqueras por casi medio millón de pesos-dólares.
La defensa de Cavallo, sin embargo, se justificó diciendo que con esa resolución se intentó evitar que se produjera un mal mayor para evitar posibles juicios contra el Estado que estaban iniciando las pesqueras afectadas.
Ante el pedido fiscal de juicio, fuentes allegadas a Cavallo insistieron ayer que los responsables del área involucrada "fueron los que le acercaron" al entonces ministro de Economía "la resolución para que la firmara" supuestamente "a pedido de las empresas pesqueras".
Sin embargo, el fiscal Delgado consideró a Cavallo presuntamente responsable del delito de "defraudación a la administración pública", castigada con penas de hasta seis años de prisión, y pidió que lo manden a juicio.
La causa se inició cuando un grupo de empresas llevó al fuero Contencioso Administrativo el reclamo para el cobro de unos reembolsos y una camarista, en minoría, entendió que la resolución 619/2001 podía incluir alguna acción ilícita.
Falta de mérito
Fue así como se inició el expediente en la Justicia federal y, tras una serie de análisis de resoluciones del sector, el juez Ballestero dictó la falta de mérito.
Pero el fiscal apeló y hace poco más de un mes la Cámara Federal revocó la falta de mérito y procesó al ex ministro.
Fue en ese marco que ahora Delgado reclamó elevar el caso a juicio oral, al entender que Cavallo habría sido responsable del "diseño y la rúbrica de la resolución 619/01, con las facultades derivadas del cargo de ministro de Economía de la Nación, a través de la que instruyó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que desista de las acciones judiciales de repetición (recupero)" iniciadas contra las pesqueras.
Según el fiscal, esa resolución ordenaba a la AFIP desistir del reclamo a las empresas de devolución al Estado de más de 48 millones de pesos (entonces igual a dólares) que las pesqueras habrían cobrado por reembolsos a las exportaciones supuestamente de forma anómala.
Para Delgado, dice el dictamen fiscal, hubo una "deliberada transferencia de recursos públicos que realizó (el imputado) a un grupo de empresas pesqueras que habían percibido ilegalmente sumas de dinero en conceptos de reintegro por exportaciones". Mediante esa operación, insistió el fiscal, Cavallo "sustrajo fondos anómalamente a la comunidad".
Desestimiento
La polémica resolución se dictó el 25 de octubre de 2001, cuando el Ministerio de Economía, con la firma de Cavallo, firmó la norma en la que desistía de acciones judiciales contra empresas que habrían evadido impuestos.
De acuerdo con aquella resolución a la que se accedió, Cavallo señalaba que la Ley N° 23.018 imponía un reembolso adicional a la exportación de mercaderías que se realizara por los puertos de aduanas ubicadas al sur del Río Colorado, siempre que el cargamento se hiciera en "buque mercante con destino al exterior o a buque mercante de cabotaje para transbordar en cualquier puerto nacional con destino al exterior".
Pero en 1996, cuando Cavallo todavía era ministro de Economía en la segunda gestión de Carlos Menem, la AFIP resolvió que no debía pagarse "los beneficios emergentes de la Ley N° 23.018, para los productos del mar, sea éste territorial o no, y manufacturados en buques de bandera nacional fuera de la región patagónica" porque no se los consideraba "originarios o elaborados en el territorio al sur del Río Colorado".
Sin embargo, como varias de la empresas afectadas recurrieron a la Justicia y obtuvieron medidas cautelares para seguir cobrando el reembolso, Cavallo dictó la norma para frenar eventuales futuros juicios.
Nómina de empresas
BUENOS AIRES.- Entre las empresas que fueron beneficiadas figuran en la resolución oficial API, Arbumasa, Argenova, Argen Taiwan, Armadora Latina, Arsquid, Arsuan, Arzen, ASC South American, Astilleros Fueguinos, Bahía Grande, Bahía San Gregorio, Cincomar y Coalsud.
También estaban Compañía Pesquera Argentina, Conarpesa, Congeladores Patagónicos, Corporación Pesquera del Sur, Costa Marina, Depasur, Depemas, Empesur S.A, Pesantar, Esamar, Esperanza del Mar y Pespasa.
Figuran además Fish Managen, Frigorífico Mellino, Glaciar Pesquera, Gran Cabo, Grinfin, Harengus, Haward Champion, Hsien Yuzh, Illex, Jiggers, J&M, Novamar, Nuvonsa, Periopontis, Perla Marina, Pescapuerta Argentina, Pescargen, Pescasol, Pescauru , Alenfisch, Albatros, Cormoran y Arnippo. Asimismo, Comercial, Del Beagle, Ensenada de Barragán, Euroamericana, Landemar, Latina, Olivos, Puerto Mellino, Puerto San Julián, San Isidro, Santa Cruz, Santa Elena y Sur se sumaron al beneficio junto a Pionera, Proyesur, Pusamar, Sanar, San Industry, Seven Stars, Shin Yang AR, Sur Este Argen, Taiwan Kelvin, Tradarsa, Univpesca, Uromar, Vieria Argentina y Yong Chung Fishery.
05/09/08
LA CAPITAL – Mar del Plata