Está en consideración de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de la industria naval.
Está en consideración de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de la industria naval.
Aspira a promover el desarrollo y la consolidación de la industria naval nacional. Pero la difusión de su naturaleza y texto ha provocado justificada alarma en el mundo empresario privado vinculado con el comercio internacional y, en general, entre quienes están atentos al desenvolvimiento de la economía nacional.
El proyecto se propone crear un fondo fiduciario destinado a proveer créditos y subsidios a armadores, astilleros, talleres navales, al mejoramiento de la infraestructura de servicios del sector, a atender la capacitación del personal y a otras finalidades.
Llama poderosamente la atención que los aportes del Poder Ejecutivo al fondo alcanzarían el 0,5 por ciento de los recursos corrientes de la administración nacional y también provendrían de gravámenes del 12 por ciento de los fletes correspondientes a las importaciones y del 5 por ciento del flete de las exportaciones. La autoridad de aplicación y, por consiguiente, administradora del fondo sería la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
No menos preocupante es el hecho de que la administración del fondo fiduciario no deberá rendir cuentas en los términos de rentabilidad y condiciones establecidas para las entidades financieras, entendiéndose sólo que deberá administrar eficazmente los fondos con finalidades expresadas en términos relativamente flexibles y vagos, como la obtención de la mayor rentabilidad económica y social, la recuperación de créditos y el funcionamiento pleno del sistema.
Semejante asignación de recursos y responsabilidades debería ser objeto de la más estricta auditoría. En cambio, según lo propuesto, se crearía una caudalosa disposición de fondos sin conocimiento previo de un programa de inversiones claramente presupuestado, con empresarios de carne y hueso, dispuestos a aportar capitales y esfuerzos y correr riesgos del negocio. Es como poner el carro delante del caballo.
La industria naval fue motivo de legislaciones y privilegios durante décadas, con resultados altamente frustrantes. Se recuerdan las restricciones a la contratación de fletes de banderas extranjeras, la conformación del Fondo de la Marina Mercante, integrado por gravámenes a los fletes de importación y exportación y destinado a subsidiar la construcción naval, como también el sistema de reserva de cargas a favor de los armadores locales, todos ellos derogados con efectos favorables sobre los costos de exportación e importación. Nunca, pese a esos duraderos privilegios, la industria naval logró costos cercanos a los de los tecnificados astilleros de otras partes del mundo. Fue el comercio exterior nacional el que pagó los platos rotos de un sistema que consideró que el flete era más importante que los bienes bajo comercio.
Hoy se pretende volver sobre esos pasos. De aprobarse este proyecto, el fondo por crearse con abultados recursos estatales y con gravámenes a los fletes será una hipertrofiada réplica de aquel Fondo de la Marina Mercante. Por añadidura, los fundamentos expuestos en el proyecto permiten prever la reedición del sistema de reservas de cargas.
¿Cómo se explica que las exportaciones argentinas estén castigadas con derechos de exportación que van del 5 al 27,5 por ciento mientras que sus fletes, proporcionalmente marginales en términos comparativos de valor de los productos, resultarían groseramente incrementados para subsidiar a terceros?
La Argentina está lejos del resto del mundo, de manera tal que una sana lógica debería llevar a mantener los fletes de importación y de exportación en los niveles más bajos posibles. El auge de los mercados asiáticos, los más lejanos, en todo caso acrecienta la preocupación provocada por el proyecto en cuestión.
10/04/07
LA NACIÓN