El Gobierno buscará hoy dar un paso más en su política de presión para que Gran Bretaña acepte discutir la soberanía de las islas Malvinas cuando la Cámara de Diputados dé tratamiento y apruebe un proyecto de ley para endurecer las sanciones a las empresas pesqueras que operen en la zona en litigio del Atlántico Sur sin permiso argentino.
El Gobierno buscará hoy dar un paso más en su política de presión para que Gran Bretaña acepte discutir la soberanía de las islas Malvinas cuando la Cámara de Diputados dé tratamiento y apruebe un proyecto de ley para endurecer las sanciones a las empresas pesqueras que operen en la zona en litigio del Atlántico Sur sin permiso argentino.
Los senadores Silvia Giusti y Mario Daniele son los autores de la iniciativa, que tiene sanción unánime de la Cámara alta. El proyecto estipula la ejecución de penas económicas de hasta 10 millones de pesos de multa a las compañías que pesquen sin permisos de la Argentina en el área de conflicto, además de la prohibición de realizar operaciones económicas con empresas argentinas -como, por ejemplo, la venta del producto, que en este caso es el calamar-.
Además, se establece que las firmas que cuenten sólo con los permisos del gobierno isleño no podrán pescar en el mar argentino.
El oficialismo en Diputados confía en que se aprobará sin problemas y lo interpreta como un respaldo a la política del Gobierno de presionar a la economía de las islas para persuadir al gobierno británico de que acepte a discutir sobre la soberanía.
"El proyecto sale en una fecha simbólica. Es lógico que será un paso más para acompañar las iniciativas del Ejecutivo por la cuestión de la soberanía", dijo a LA NACION el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Alberto Balestrini (FPV-Buenos Aires).
De acuerdo con las previsiones de los legisladores, el proyecto será aprobado con modificaciones y regresará nuevamente al Senado.
Taiana expresó el respaldo oficial a la iniciativa, y la calificó como "muy positiva". "¿Tensará las relaciones con el Reino Unido?", preguntó LA NACION. "Bueno, no es ése el objetivo es una decisión económica sobre recursos que son de la Argentina", respondió el encargado de la diplomacia argentina.
En cualquier caso, esta iniciativa se sumará a la decisión del Gobierno de cancelar los acuerdos de exploración y explotación de gas y petróleo que existían con las islas desde 1995.
El endurecimiento de las sanciones por la pesca cerca de Malvinas se presenta con la excusa de preservar los recursos pesqueros del país. Ocurre que desde 2005 los isleños comenzaron a otorgar permisos de pesca por 25 años, en vez de hacerlo por un año, lo que desembocó en un fuerte reclamo argentino en los foros internacionales y en la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, que regula la actividad.
Los planteos diplomáticos fueron infructuosos, y los buques pesqueros con permisos de las autoridades de las islas -en su mayoría asiáticos y españoles- siguieron operando sin las autorizaciones argentinas, amparándose en una supuesta supremacía política de Londres, pese a que el conflicto por la soberanía aún esté abierto.
Golpe económico
En rigor, la decisión busca golpear en el recurso que nutre el grueso de la economía de las islas.
Los ingresos fiscales del gobierno isleño se sostienen principalmente con la venta de permisos de pesca, operación que les reporta unos 40.000.000 de libras anuales.
"Ese nivel de ingreso les permite a los isleños tener un Estado benefactor", reconoció una fuente diplomática británica a LA NACION.
Entre tanto, el reclamo por la soberanía se escuchó ayer en el Congreso. "Es hora que el Reino Unido honre su compromiso de país responsable y amante de la paz y atienda el llamado no sólo de la Argentina, de restablecer el diálogo sobre la soberanía alrededor de una mesa de negociación diplomática, tal como lo hizo entre 1966 y 1982", dijo Taiana, al lanzar la página web del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas, que se hizo en el Salón de los Pasos Perdidos. Todo un anticipo de la sesión de hoy.
Por Lucas Colonna
11/04/07
LA NACIÓN