Varias de las pesqueras destrozadas por los desbordes sindicales pertenecen a capitales gallegos. Alberto Fernández aclaró que el conflicto está en vías de solución.
Varias de las pesqueras destrozadas por los desbordes sindicales pertenecen a capitales gallegos. Alberto Fernández aclaró que el conflicto está en vías de solución.
BUENOS AIRES, PUERTO DESEADO y LUGO (España) (DyN, NA y EFE) — Autoridades españolas manifestaron ayer su preocupación por los gravísimos incidentes registrados el viernes en Puerto Deseado (Santa Cruz), donde activistas y militantes sindicales incendiaron varios establecimientos pesqueros, que son propiedad de empresarios del país europeo.
"Tres de las compañías pertenecen a capitales gallegos, que sufrieron daños significativos y relevantes", se quejó el presidente regional de Galicia, Emilio Pérez Touriño.
Los manifestantes, no menos de cuatrocientos, provocaron incendios y destrozos en plantas y vehículos de cinco compañías. Algunas fuentes, sin embargo, elevaron la cantidad a nueve: las españolas Arbumasa, Argenova (del grupo Pescanova), Empesur, Pescargen, Santa Cruz y Vieira; las argentinas Santa Elena y CARSA; y Pezpasa, de capitales japoneses y suizos.
Antes de arrasar con las pesqueras, las cuadrillas gremiales –identificadas con una fracción del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU)– habían ocupado el municipio y la sede del Concejo Deliberante. La gravedad de los episodios hizo que, en algún momento de la tarde del viernes, la ciudad –de unos nueve mil habitantes– quedara incomunicada.
Para exteriorizar su inquietud, Pérez Touriño tomó contacto con el gobierno central de España –con los responsables de Pesca y de Asuntos Exteriores, particularmente–, con la embajada española en Buenos Aires y con las propias empresas afectadas.
Si bien reconoció que Puerto Deseado ya estaba bajo control, la máxima autoridad gallega transmitió a la administración argentina la necesidad de restablecer la seguridad de patrimonios y personas.
Al ser consultado por tamaña muestra de desborde social –cuando Néstor Kirchner estaba a sólo 300 kilómetros de distancia, en Puerto Santa Cruz–, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, lo calificó de inaudito.
"El conflicto tiene que ver con una demanda salarial de marineros a empresas pesqueras. Estamos siguiendo el tema de cerca. Habría un principio de acuerdo; vamos a ver cómo sigue la cosa. No conozco los detalles", subrayó.
"Ayer a la noche (por el viernes) la situación se había normalizado y ambas partes habían entrado en el terreno del diálogo. Igualmente, semejante nivel de violencia es inadmisible", añadió.
Al responder un reclamo de la embajada española –que pidió aplicar las medidas necesarias para acabar con los bochornosos excesos–, Fernández reiteró un mensaje optimista sobre una rápida solución.
Tanto empresas como delegados del personal, mientras tanto, se acusaron mutuamente.
Daniel Medina, un ex delegado de SOMU que dice ser referente del personal pesquero, negó que hayan copado la sede municipal y dijo no avalar la salida violenta.
"Somos gente de trabajo, obrera, marineros… los culpables de todo este desborde son los empresarios y los políticos de turno porque firmaron el acta a 3.000 kilómetros de donde trabajamos", subrayó.
La réplica no se hizo esperar. El titular de la cámara del sector, Alfredo Pott, tildó de vándalos a los sindicalistas y dijo sentirse abandonado por la gobernación santacruceña.
"Estos daños pegan muy fuerte a un rubro que está en problemas serios por las retenciones y por la pérdida de competitividad", consignó.
"Es muy duro cuando destruyen una fábrica que costó treinta años de trabajo construir", prosiguió el titular de Pesquera Santa Elena.
Hace quince días que la protesta gremial mantiene paralizada la actividad pesquera de Puerto Deseado y amenaza con generar perjuicios gigantescos para las exportaciones regionales.
Los trabajadores reclaman que se los exima del impuesto a las ganancias y rechazan el convenio colectivo que SOMU central firmó con las organizaciones empresariales.
22/07/07
LA NUEVA PROVINCIA