El gobierno de Hugo Chávez estudia aplicar un mecanismo de protección para su transporte marítimo.
El gobierno de Hugo Chávez estudia aplicar un mecanismo de protección para su transporte marítimo.
Varios empresarios argumentaron que la nueva norma generará un encarecimiento de los productos para el consumidor final.
En el Palacio Federal Legislativo de Venezuela, avanza sin pausa un proyecto de ley de transporte marítimo de cargas reservadas. La iniciativa señala que “toda importación o exportación que efectúe un órgano cualquiera del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal” y, en general, “todas las personas jurídicas en las cuales el Estado tenga aporte de capital en forma directa o por intermedio de organismos crediticios del Estado, deberán ser transportadas en buques inscritos en el Registro Naval Venezolano, que sean propiedad de empresas en las cuales el Estado tenga participación decisiva, o de empresas constituidas y domiciliadas en Venezuela, cuyo capital pertenezca, en un porcentaje no menor del 80%, a personas venezolanas naturales o jurídicas”.
En sus considerandos, el proyecto establece la necesidad de “disponer de una moderna y completa marina mercante civil, necesaria para cumplir con los acuerdos de integración regional celebrados por la República”.
Alberto Lovera, presidente de la Asociación Venezolana de Derechos Marítimos, y miembro principal del Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) dónde se origino esta propuesta, indicó que esta ley servirá de mecanismo de protección comercial.
“Su propósito es fortalecer y apoyar el crecimiento de la flota mercante de la nación, con una mayor generación de empleos y de riquezas en el sector de transporte marítimo” aseguró Lovera.
En la verdad de enfrente, varios empresarios privados ya anticiparon que se generarán trabas burocráticas, un mayor control del Estado en la actividad económica y encarecimiento de los productos importados que deberá costear el consumidor final.
Según José Luis Hernández, presidente de la comisión de comercio exterior de la Cámara de Industriales del Estado Carabobo esta ley generará un trámite burocrático adicional. Considera Hernández.
“Estaríamos totalmente de acuerdo si Venezuela contara con una flota de barcos disponibles y no tuviéramos que acudir a navieras internacionales. No se puede reservar algo que no se tiene. Además, en materia de exportación e importación, el país requiere de agilización del comercio y no de trabas”, expuso el directivo.
Cuando la ley entre en vigencia, el INEA pedirá a todos aquellos empresarios del sector privado y público que importan y exportan mercancía, que soliciten la reserva de carga o autorización para utilizar una nave nacional. Pero como el país no tiene flota de bandera, tendrá que otorgarle un waivers o licencia parque pueda utilizar un buque extranjero.
Sin buques
“PDVSA tendrá que pedir dispensas, porque de cada 10 cargamentos, 8 son de bandera extranjera”, señaló Aurelio Fernández-Concheso, abogado en asuntos marítimos.
Hoy Venezuela posee una pequeña flota de bandera, cuya capacidad permite transportar 20% de petróleo; 5% de la carga a granel seca (hierro, acero, aluminio, trigo) y, aproximadamente 10% de la carga general. Asimismo, el gobierno se encuentra inmerso en un vasto proyecto para la ampliación de la flota petrolera nacional contratando incluso algunas construcciones con el Astillero Río Santiago de la Argentina.
Tras el cierre de la Compañía Anónima Venezolana de Navegación (CAVN), en 1994, el transporte de cargas dentro y fuera del país se realiza a través de la negociación directa y libre del exportador o importador con líneas navieras internacionales, en función de la calidad, servicio y costos.
“Hay que apoyar sin reserva esta nueva iniciativa. Sabemos que existe reticencia de algunos venezolanos que se desempeñan en el medio marítimo, pero debemos recordar que la contradicción es universal y existirá en todo proceso de desarrollo, y para obviar esta perspicacia es necesario implementar controles efectivos para garantizar la cabal y correcta aplicación de la medida y evitar los viejos procesos de excesiva burocracia y corrupción”, aseguró el Capitán de altura José R. Marval Fuentes.
La noticia de futura aprobación de esta norma generó más de un comentario en el mercado argentino.
Por Agustín Barletti
Buenos Aires
12/09/07
TRANSPORT & CARGO
EL CRONISTA