Violencia en el Sur: derivaciones de la tensión social- El gobernador de Santa Cruz pidió una tregua para dialogar; mayor seguridad.
Violencia en el Sur: derivaciones de la tensión social- El gobernador de Santa Cruz pidió una tregua para dialogar; mayor seguridad.
RIO GALLEGOS.- Después que seis empresas pesqueras fueran considerablemente incendiadas en medio de una huelga de marineros en Puerto Deseado, el gobierno provincial decidió anoche intervenir como mediador del conflicto.
El gobernador Daniel Peralta pidió un intervalo de paz. Los marineros prometieron calma hasta el miércoles próximo, mientras ayer casi 400 personas marcharon por esa ciudad en solidaridad con el reclamo salarial que lidera ese sector productivo.
Además de terciar en el conflicto, para garantizar la seguridad, el gobierno provincial reforzó ayer las fuerzas policiales de Puerto Deseado, según confirmó a LA NACION el ministro de Gobierno, Pablo González. Trascendió que hay 200 gendarmes en Jaramillo, a 90 kilómetros de Puerto Deseado.
"Debemos restituir la paz social y recomponer el aparato productivo de Puerto Deseado, la pesca es la actividad clave y toda esta crisis pegó muy fuerte en la economía de esa localidad. Vamos a garantizar el diálogo, aun en esta situación extrema", confirmó anoche Peralta a LA NACION.
La apertura del diálogo ya había sido adelantada por el vocero del conflicto, el delegado Daniel Medina, quien reconoció que había más tranquilidad en la localidad portuaria ubicada a 700 kilómetros al norte de aquí. "El gobernador nos garantizó una mediación, nos pidió tiempo hasta el miércoles para abrir una mesa de diálogo", afirmó Medina en diálogo telefónico con LA NACION. Los marineros tienen paralizado hace más de dos semanas el puerto más importante del golfo San Jorge.
Los huelguistas, que anteayer tuvieron un día de furia, piden la derogación del impuesto a las ganancias y la impugnación del convenio colectivo de trabajo firmado entre el sindicato nacional (SOMU) y la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la Argentina (Capeca).
No será una misión fácil para Peralta, que hoy enviará a Buenos Aires al ministro de Gobierno, Pablo González, con la clara señal de abrir una mesa de mediación. "No vamos a hablar con un vándalo que se autodenomina sindicalista", advirtió Alfredo Pott, presidente de Pesquera Santa Elena y de Capeca. Para los empresarios, el único interlocutor válido es el gremio nacional, sobre el cual Medina y los marineros de Puerto Deseado lanzan fuertes críticas y se niegan a aceptar el convenio firmado hasta 2009 sin posibilidades de negociación.
El conflicto tuvo anteayer su peor momento cuando en sólo cuatro horas la municipalidad fue tomada en forma pacífica por los marineros y, ante la ausencia de respuestas del intendente Arturo Rodríguez, apedrearon los frentes de varias empresas y luego incendiaron instalaciones, según relataron testigos a LA NACION.
Reclamo diplomático
En ese mismo momento, a 500 kilómetros, el presidente Néstor Kirchner y la candidata a presidenta Cristina Kirchner participaban de un acto en Puerto Santa Cruz, adonde había viajado el intendente Rodríguez.
Como varias de las firmas dañadas son de origen español, el episodio derivó en el pedido de esa embajada en la Argentina para que las autoridades provincial y nacional adopten las medidas que pongan fin a la violencia.
Según difundió la agencia EFE, "la embajada de España ha mantenido comunicación permanente con los empresarios afectados para conocer fielmente la situación", y pidió a las autoridades local y nacional que "adopten las medidas necesarias para poner fin a la violencia y garantizar la seguridad de las personas y de los bienes".
Voceros del sector pesquero confirmaron que las empresas atacadas son las españolas Arbumasa, Argenova (del grupo Pescanova), Empesur, Pescargen, Santa Cruz y Vieira; las argentinas Santa Elena y Carsa, y Pezpasa, de capitales japoneses y suizos.
"Es muy duro ver cómo destruyen una fábrica que te costó treinta años de trabajo construir. Los daños le pegan muy fuerte a un sector que está en problemas serios por las retenciones y por la pérdida de competitividad", afirmó Pott a LA NACION al confirmar que las empresas tienen "un serio problema de subsistencia".
Ayer una comisión encabezada por el jefe de policía Wilfredo Roque, e integrada por gendarmes y marineros, recorrió las instalaciones y relevó el alcance de los daños, para luego hacer un peritaje. "Los daños principales son en oficinas; las plantas de producción están bien", dijo Medina, que participó del recorrido.
Por Mariela Arias
Para LA NACION
22/07/07
LA NACION