(NM) Preocupación, indignación e incertidumbre prevalecieron en el ánimo de los empresarios que en la tarde de ayer convocaron a una conferencia de prensa en esta Capital.
(NM) Preocupación, indignación e incertidumbre prevalecieron en el ánimo de los empresarios que en la tarde de ayer convocaron a una conferencia de prensa en esta Capital.
(NM) Una docena de representantes de empresas agrupadas en las más importantes cámaras del sector pesquero – CAPECA, CAPA, CALAPA Y CAPIP – con fuerte presencia en las provincias patagónicas, expresaron sus puntos de vista e inquietudes respecto del conflicto que afecta a la actividad en Puerto Deseado, no exentas de temores y de reclamos.
Alfredo Pott – Presidente de CAPECA- resaltó a modo de introducción, la unidad de criterio de todo el sector empresario alrededor de esta grave coyuntura. Recordó, como lamentable antecedente de esta conferencia de prensa, a la convocada por todo el empresariado poco después de la finalización de los episodios bélicos de Malvinas, para llamar la atención sobre la “invasión” a la que estaba siendo sometido nuestro caladero, por parte de más de 600 barcos extranjeros. “Debo agradecerles la presencia, aunque lamentar la razón de la convocatoria”, afirmó.
Pott destacó los resultados de la actividad que desde hace más de 20 años llevan a cabo las empresas radicadas en la Patagonia en general, y en Puerto Deseado en particular. Reseñó las contribuciones particulares de la pesca al desarrollo de esta última comunidad, reflejada en el crecimiento de su población (de 4.000 a 17.000 habitantes), de su actividad comercial, industrial y de servicios, en muchos casos asociados a la actividad pesquera. Según el directivo “la población que depende de la industria pesquera en Puerto Deseado, alcanza a 3.000 personas, que representan el 70% de la actividad productiva de la ciudad, convertida hoy en el segundo puerto pesquero de la Patagonia, con exportaciones que alcanzan los 300 millones de dólares”.
Sin embargo, desde hace un mes la ciudad está paralizada. La violencia desatada ha generado miedos, y una palpable sensación de inseguridad que movió a varias empresas a trasladar a sus funcionarios de nivel intermedio con sus familias a otras localidades de la región. Durante varias horas del viernes 20 -afirman los empresarios-, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad y la falta de actuación de la justicia local, un grupo de marineros locales se adueñó de las calles de la zona industrial, destruyendo no solamente los accesos y oficinas, sino también cámaras frigoríficas y líneas de producción, y echando a perder una cantidad muy importante de producto elaborado. Entre otras cosas, se destrozó la única fábrica de kani-kama existente en el país, lo que generó que los supermercados reemplazaran el producto local por producción importada.
En la visión de los empresarios, el eje del conflicto no pasa por un problema salarial, sino por una disputa interna en el ámbito del SOMU, uno de los nueve sindicatos que nuclean al total del personal embarcado y asociado a la actividad. Es la actitud de un grupo local de marineros –autodenominados “Asociación de Marineros Santacruceños”- que pretende desprenderse del SOMU la que ha generado esta grave situación, afirman los hombres de empresa.
Darío Baroli, presidente de CALAPA, cámara que congrega a las empresas patagónicas dedicadas a la explotación de langostino, sintetizó la situación salarial de los marineros dedicados a la pesca de esta especie, y que son precisamente los que se encuentran en el centro del conflicto. Según Baroli, el ingreso bruto promedio de estos trabajadores, con un régimen anual de 150 días de navegación y 215 en tierra (de franco o “a la orden”), ascendió durante el año 2006 a los $110.000 anuales, es decir, un ingreso mensual cercano a los $10.000. El ejecutivo, agregó que contrariamente a lo que suele afirmarse, sí existe un Convenio Colectivo de Trabajo para el sector, que data del 1º de marzo último, y que ha sido convalidado por resolución 233. Señaló además, que es el único convenio en el país, que esta “dolarizado”.
Las cámaras señalaron asimismo la existencia de una “crisis estructural” del sector, que no parece ser bien comprendida. Aunque existieron en su momento, los beneficios de la devaluación han quedado ya largamente en el pasado. La rentabilidad de las empresas que pescan langostinos y calamares –sostienen – está siendo muy fuertemente afectada por una brusca caída en los precios promedio de exportación de cerca del 50% durante el último año. Mientras tanto, casi todos los costos, incluido el laboral, siguieron aumentando.
Alejandro Ocampo, de Alpesca, lo puso en los siguientes términos: “los beneficios de la devaluación hasta el 2004 fueron trasladados a los tripulantes; cuando advertimos que debíamos frenar, sufrimos presiones feroces, como las vividas en el área de Puerto Madryn. Dimos mucho más de lo que debíamos haber dado, y mientras tanto los insumos crecieron sostenidamente”. Ocampo señaló a modo de ejemplos, que en lo que va del mes, el costo del gasoil trepó un 12%, y que las tarifas de energía –supuestamente fijas – aumentaron por vía del cambio del “factor de potencia”, en un 240% -en dólares – desde 2001 a la fecha.
Baroli agregó que desde el 2001, los salarios han crecido en dólares entre el 80 y el 110%, y que en la actualidad, el costo laboral (sueldos más cargas sociales), se ubica entre el 50 y el 60% de la facturación de las empresas, un porcentaje que duda pueda compararse con el de otros sectores. Enfatizó también que todo el personal está cubierto por condiciones de trabajo formal.
Las cámaras reiteraron su posición frente a los reclamos de los marineros. En algunos casos, se trata de cuestiones que simplemente no les competen, como es el caso de las retenciones en concepto de Impuesto a las Ganancias, que los trabajadores consideran injusta. El desacuerdo de éstos con el Convenio Colectivo recientemente firmado con el SOMU, revela por otra parte la existencia del ya mencionado conflicto interno sindical, que tampoco corresponde resolver a las cámaras. En cuanto a la posibilidad de incrementar el actual promedio de ingreso de los marineros, las empresas –aunque dispuestas a una discusión en el tiempo – no admiten la imposición a costa de la generación de quebrantos, ni mucho menos las amenazas.
Consultado sobre la marcha de las negociaciones encabezadas por el gobierno santacruceño, el titular de CAPECA reiteró la “voluntad de arreglar el conflicto”. “Fuimos a Río Gallegos invitados por la Provincia, manifestamos nuestra disposición a comenzar la reconstrucción de las plantas; nos sentamos a discutir con quienes nos habían incendiado las plantas…Pero no hubo un entendimiento lógico”, afirmó Pott, quien prefiere no obstante insistir en que “no está rota la discusión”.
Los intentos del periodismo por conocer el estado de las gestiones encaradas por vía del gobierno español – algunas de las empresas afectadas pertenecen a capitales de dicho origen – no tuvieron una respuesta demasiado clara. Al respecto, Rubén Celaya (Arbumasa), manifestó que existió en España una gran preocupación inicial, a punto tal de crearse un “comité de crisis” en el seno mismo del Palacio de la Moncloa cuando se desataron los actos de vandalismo. Existieron al parecer conversaciones de alto nivel entre ambos gobiernos, incluidas conversaciones con la senadora Cristina Kirchner, a la sazón de visita en España. No obstante, Celaya se limitó a informa sobre un diálogo “franco y bueno”, del que no conoce mayores detalles.
Los ejecutivos manifestaron asimismo carecer de mayores precisiones sobre las recientes declaraciones críticas que el Gobernador de Santa Cruz habría formulado sobre la actitud de las empresas, las que dicen conocer sólo por vía de la información periodística. Afirman que no les consta que existan exigencias concretas del gobierno provincial, ni presiones específicas en relación con la posible cancelación de permisos de pesca.
Los medios de prensa quisieron saber si en opinión de las empresas, el conflicto está circunscripto a Puerto Deseado, o si existen posibilidades de que se extienda a otras localidades patagónicas, en las que se han producido recientemente algún tipo de reclamos. Ocampo explicó al respecto, que aunque se trata de discusiones de diferente tenor, siempre existe el riesgo de una ramificación del conflicto por vía de supuestas manifestaciones de “solidaridad”. Señaló al respecto, la rápida y atenta respuesta del gobierno de Chubut ante la aparición de algunos planteos sindicales, por vía de una acción conciliatoria inmediata que ha dado hasta el momento buenos resultados.
Pott sintetizó la actual preocupación empresaria en los siguientes puntos: una rápida búsqueda de una solución al conflicto, que actúe la justicia, que se sancione a los responsables y que se restablezca el orden.
“Las empresas hemos recibido señales del gobierno en el sentido de la disposición a considerar compensaciones por los daños”, afirmó, pero “recién hoy están ingresando las compañías aseguradoras a las plantas, para comenzar con la evaluación de pérdidas”. Mientras tanto, se insiste, es imprescindible que actúe la justicia, y que se efectúe un replanteo de la situación a nivel nacional. “Los conflictos de representatividad en el gremio, no se pueden convertir en una demanda sostenida de mejoras salariales donde tiene más representatividad quien más pide”, sostienen las cámaras.
01/08/07
NUESTROMAR