La nueva legislación proyectada sobre pesca de ningún modo puede considerarse anti empresa.
La nueva legislación proyectada sobre pesca de ningún modo puede considerarse anti empresa.
Por el contrario se inspira en la protección efectiva de las empresas argentinas, muchas de las cuales se han constituido o fortalecido gracias a las fuertes inversiones de capital extranjero, especialmente español, neocelandés, japonés o sudafricano. La falta de normas que castiguen a quienes pretenden pescar sin el correspondiente permiso, además de generar una competencia desleal para quienes desde hace tiempo han apostado por nuestro país, perjudica sus intereses económicos al comprometer la sustentabilidad futura de los recursos pesqueros, tanto por la venta de licencias por parte de las autoridades británicas en Malvinas como por la pesca ilegal, no reglamentada o no regulada que realizan flotas extranjeras dentro de nuestra ZEE.
Sobre esta cuestión, no caben dudas que la posición de España es de respeto al marco jurídico que fije nuestro país, tal como lo ha manifestado recientemente el secretario general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Juan Carlos Martín Fragueiro y lo anticipara en su visita a la Argentina la ministra del área Elena Espinosa allá por mayo de 2005.
Las importantes inversiones en plantas, en tecnología, en flota y la seguridad de que el mercado español y europeo seguirán contando con el pescado argentino son razones que pesan para que España comprenda el sentido de la reforma de la actual ley de pesca de la Argentina. Se equivocan quienes sostienen que España quedó envuelta en una cuestión de soberanía entre Argentina y Gran Bretaña por Malvinas, pues en este sentido España siempre apoyó nuestros derechos sobre el archipiélago por haberlos heredado del antiguo virreinato.
En estos días, el interés de España para involucrarse en estos temas se vincula con la defensa de las inversiones realizadas en el continente frente a las nulas inversiones que tiene en las Malvinas y con consolidarse como el principal destino exportador de pescados y mariscos de nuestro país. Intereses por demás legítimos si se tiene en cuenta que durante el 2006 se exportaron a España 47.638 toneladas de pescados y 116.119 toneladas de mariscos.
La visita realizada a España por la senadora nacional Silvia Giusti, presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado y autora junto al senador Mario Daniele de la iniciativa que modifica la ley 24.922 seguramente ha sido una buena ocasión para escuchar de boca de empresarios y autoridades españolas las inquietudes que tienen. Los lazos que histórica y culturalmente nos unen con España constituyen el mejor de los sustratos para profundizar la cooperación y encontrar, sin claudicaciones, la mejor fórmula de entendimiento que salvaguarde los intereses de ambas naciones.
El amplio apoyo que recibió la reforma por parte de todos los sectores políticos y el compromiso asumido en el mismo sentido por el Consejo Federal Pesquero y por las máximas autoridades pesqueras de la Nación y de las provincias fijan claramente los límites de las conversaciones. Las empresas que se vean alcanzadas por la nueva legislación deberán optar, sobre ese punto no hay dudas. El tiempo y el modo podrán ser materia de negociaciones siempre que se tenga presente que como se exige al país receptor de las inversiones garantías jurídicas que amparen los intereses extranjeros, es responsabilidad de quienes invierten hacerlo en un marco de respeto a las normas del país en que se asientan, contribuir a su desarrollo y a la armonización de los intereses de ambas partes.
Es por ello que la Argentina frente al riesgo que implica para la sustentabilidad biológica, económica y social, la venta indiscriminada de licencias en Malvinas o frente al accionar de flotas ilegales no puede permanecer indiferente ni complaciente y así anhelamos lo entienda España.
09/04/07
PESCA & PUERTOS