“Esta usted avanzando la muerte del sector”, ha espetado Álvaro Platero, presidente de la agrupación que engloba a los astilleros privados de España (Pymar), al comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia (foto).
“Esta usted avanzando la muerte del sector”, ha espetado Álvaro Platero, presidente de la agrupación que engloba a los astilleros privados de España (Pymar), al comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia (foto).
El duro reproche se ha producido en un desayuno celebrado este jueves en Madrid después de que Almunia confirmara que el sector naval español deberá devolver los incentivos fiscales cobrados desde 2005 para construir buques (un sistema de bonificaciones denominado tax lease) y que las autoridades comunitarias de la Competencia han declarado ilegales. La factura en España asciende a unos 2.800 millones de euros, de los que 1.700 corresponderían a empresas de Galicia y, el resto, del País Vasco y Asturias.
Almunia ha precisado que la devolución no correrá a cargo de los astilleros, sino de los bancos y empresas que financiaron la construcción de buques. Sin embargo, el sector afirma que parte de la factura acabará repercutiendo inevitablemente en los fabricantes y que el coste hará inviable la continuidad de la mayoría de sus actividades. “¿Cómo van a tener que devolver las deducciones de ejercicios liquidados con la conformidad de Hacienda?”, se pregunta el presidente de un astillero. “Se crearía una situación de inseguridad jurídica enorme. Ni inversores, ni estructuradores ni armadores volverían a confiar en el tax lease y eso sería nuestra muerte”, advierte. Los beneficios fiscales del tax lease habían permitido a un variado grupo de compañías sin ninguna relación con el sector, como Inditex, aportar financiación para construir barcos y no solo a las entidades financieras. Las bonificaciones en la cadena de la financiación llegaban a ser del 30% del valor del buque. Los astilleros, por otra parte, señalan que si tuviesen que devolver las ayudas tendrían que cerrar definitivamente.
El acuerdo de devolución de las ayudas se tomará en Bruselas el próximo 17 de julio, según la propuesta elaborada por Almunia. En los últimos días en Galicia ha habido una fuerte movilización política, empresarial y social para intentar que Bruselas dé marcha atrás en su decisión, que aunque en principio iba a tomarse esta misma semana se ha paralizado. Almunia está en el punto de mira de las críticas no solo del Gobierno gallego, sino de miembros de su propio partido, el PSOE, como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien hace unos días le acusó de “preparar un golpe” contra los astilleros gallegos.
El alambicado “tax lease”
Durante años, muchos sectores económicos ajenos a la actividad naviera en España se han beneficiado del llamado tax lease, un complicado sistema de financiación que funcionó con el visto bueno de las autoridades fiscales españolas. El gancho eran las importantes deducciones en el Impuesto de Sociedades que llevaron a la banca a crear decenas de navieras en la última década. La antigua Caixanova (después fusionada en Novagalicia Banco), llegó a tener una veintena de Agrupaciones de Interés Económico (AIE) domiciliadas en Tenerife para articular operaciones de construcción de barcos en astilleros gallegos. Inditex también utilizó este sistema para conseguir bonificaciones fiscales.
El tax lease combina dos regímenes fiscales distintos. Basándose en una directriz comunitaria, los armadores (compradores) “vendían” los buques en construcción a una compañía de leasing (alquiler con opción a compra) que a su vez tenía un contrato con una Agrupación de Interés Económico. Aquí entraban las sociedades fundadas por bancos y cajas, que arrendaban el buque al armador a través de un contrato llamado “a casco desnudo”, y sin tripulación. La compañía de alquiler financiaba la adquisición del buque al armador y éste le paga por cuotas. La legislación permitía amortizar aceleradamente el barco, en 3,5 años. Dicha amortización daba lugar a bases imponibles negativas en el Impuesto de Sociedades que se trasladan a los socios de la AIE. Los beneficios fiscales de esa operación se distribuían a lo largo de la vigencia de la sociedad.
Además, la AIE, como cualquier otra entidad naviera, se podía acoger a un régimen de tonelaje, tonne tax, muy favorable, que añadía ventajas fiscales reduciendo el impacto de la plusvalía que generaba la venta. Por lo tanto y una vez amortizado el buque, el pago de impuestos que generaba la opción de compra por parte del armador se veía eliminado. El cliente del astillero también encontraba este esquema enormemente ventajoso, porque se beneficiaba de precios muy bajos en el arrendamiento y la opción de compra.
Por Xosé Hermida y María Fernández
27/06/13
EL PAÍS (España)