La Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras denunció públicamente que debió firmar el acuerdo de aumento salarial con el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación bajo un marco de indefensión absoluto, pero que igualmente las empresas “van a tratar de cumplir, en la medida de lo posible, con el pacto salarial”.
La Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras denunció públicamente que debió firmar el acuerdo de aumento salarial con el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación bajo un marco de indefensión absoluto, pero que igualmente las empresas “van a tratar de cumplir, en la medida de lo posible, con el pacto salarial”.
El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Damián Santos dijo que el acuerdo ya fue suscrito “se va a homologar y se va a tratar de cumplir en la medida de lo posible”.
Con lo que fue muy crítico este representante empresario es con “el marco bajo el cual se están suscribiendo los convenios últimamente, desde el 2005 a la actualidad. Es un marco de ‘cero negociación’”.
Desde su punto de vista, las empresas “no tienen posibilidad de negociar. Lo que se hace es firmar convenios que lo que hacen es llevar a la pesca a la situación que ya se está viviendo en la ciudad, con menos empresas que en el año 2005; las que están funcionando, hoy tienen muchos menos empleados que en aquella época; y cada vez cuesta más pagar los salarios”.
Remarcó que se ha plasmado “una verdad, que todo el mundo la ve pero nadie quiere reconocerlo: desde el 2005 a la actualidad, todo se firma en un marco de cero negociación”. Además, describió también que ocurre una situación reiterada en que las empresas plantean, hasta en ámbitos gubernamentales, que “no pueden pagar determinado aumento, pero lo firman y terminan pagando. Lo cual es verdad, pero una verdad a medias, porque se abona pero a costa de la venta de un barco por año, como mantenido que realizar algunas empresas; de vender permisos de pesca; de entrar en convocatoria de acreedores; de deber impuestos; de no hacer el mantenimiento necesario a los barcos y luego sufrir roturas constantes. Se están pagando, pero con capital de trabajo y eso se va sufriendo año a año y el deterioro ya es muy grande”.
Diferencia de criterios
El presidente de la CAPIP describió también otros detalles referidos a cómo se encuentra el escenario donde se deben producir las ‘negociaciones’ salariales, en los que cuestionó duramente el posicionamiento que estaría adoptando la delegación Madryn de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, ya que “en cualquier conflicto laboral, cuando cualquier empresa o sector pide una conciliación obligatoria” se dirige a esa oficina y “se va de allí con la conciliación obligatoria firmada bajo el brazo, pero cuando el sector pesquero concurre y la pide, nunca se le otorga. Nunca, en todos los últimos conflictos, jamás se ha dictado la conciliación obligatoria, y las respuestas son siempre las mismas: No… porque el gremio no la va a acatar, y si no la acata el mal es mayor, entonces no conviene…”
A su juicio, esa situación deja al desnudo “una disparidad de criterios”. En ese sentido, planteó como ejemplo un hecho ocurrido en la tarde de la antevíspera, cuando personal de esa delegación de la Secretaría de Trabajo “realizó una inspección” en una de las empresas asociadas, “porque no habían pagado la quincena. Cuando el miércoles y jueves pasado la planta estuvo tomada, no se pudieron cargar contenedores, no pudieron recibir los anticipos correspondientes de los clientes a raíz de no haber podido cargar la mercadería, pero sin embargo, en cuanto se presentó una persona en la Delegación de la Secretaría de Trabajo, inmediatamente concurrieron a labrar un acta y una infracción por no haber pagado la quincena en tiempo y forma”. Ese tipo de manejo y resoluciones, las “sufre” el sector empresario, y consideró que, por otro lado, “no resulta en defensa de los trabajadores, de ninguna manera, porque si los resultados de las medidas y acuerdos que se han venido imponiendo año tras año han hecho que hoy exista menos personal empleado, es porque no se está defendiendo al trabajador, sino que se mira al muy corto plazo”.
“Indefensión” empresaria
En cuanto a lo legal, planteó la situación de “indefensión” en la que la representación empresaria observa a sus asociadas, pues “se ha visto, en estos últimos tres años, cómo se incendió la puerta del Concejo Deliberante, se cortaron rutas, se arruinaron instalaciones de plantas pesqueras, se escarcharon casas de directivos, se amenazó a directivos y empleados, se les pegó y agredió físicamente; todo sobre lo cual se hicieron las correspondientes denuncias pero” no ha habido ninguna resolución judicial, “no hay nada. Lo que implica que estamos ante una indefensión demasiado grande, en cuyo marco las empresas ya no están en condiciones de negociar”.
“Paz social violentada”
Como ejemplo de esa “indefensión”, Damián Santos planteó que hace no más de veinte días atrás se había firmado un convenio de readecuación salarial con la Federación a la cual pertenece y que representa al Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación local, y dentro de ese convenio se había acordado una paz social por un año, la que fue violentada con piquetes en las puertas de las empresas que no dejaron transitar, porque no dejaron sacar la mercadería. Si no se puede retirar la mercadería, no hay subsistencia de las empresas”.
“Intransigencia”
En este cuadro de situación, “hay una intransigencia tal que si pedimos conciliación obligatoria no nos la dan, pedimos a la Justicia poder sacar la mercadería de las empresas y no nos dejan sacarla de las plantas porque los trabajadores están en uso del derecho a huelga. Las empresas respetamos el derecho a huelga, pero no compartimos que ese derecho a huelga esté por sobre todos los demás derechos. Cuando el derecho de unos trabajadores a realizar una huelga, no puede estar por sobre el de otros a laborar, porque los amenazan, no los dejan ingresar y no pueden ir a trabajar”.
Por último, el presidente de la cámara de empresas pesqueras insistió en que ese acuerdo firmado hace una semana atrás, va a ser cumplido y respetado, “independientemente de las formas”, y a pesar que el beneficio de reintegros de las retenciones sea “apenas una quinta parte de lo que implica el incremento de sueldos que se debe afrontar”. Santos dejó también en claro y alertó que “por este camino” la situación de crisis que se vive en el sector pesquero “va a seguir igual, las empresas seguirán yéndose y las que quedan continuarán achicando su plantilla de personal”.
“La Justicia laboral, los Fiscales y los Jueces ordinarios van a contramano de lo que pregonan el Gobernador y el Intendente, respecto a que estamos en una provincia y una ciudad en la que todos tenemos los mismos derechos, donde se puede trabajar y donde se apoya a las empresas. No puede ser que cuando” los funcionarios de más alta jerarquía de la comuna y la provincia “hacen el mayor de los esfuerzos, se pelean con otros de alto rango a nivel nacional, porque entienden que la industria pesquera está en crisis, por otro lado, a raíz de la inercia de los sindicatos destruya todo lo hecho”.
24/07/08
DIARIO DE MADRYN