La transición: denuncias y planteos gremiales. Los hacían pagar para jubilarse.
La transición: denuncias y planteos gremiales. Los hacían pagar para jubilarse.
La Justicia procesó ayer a tres acusados de integrar una banda que obligó a trabajadores portuarios a firmar pagarés en blanco para acceder a la jubilación.
El fallo, del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, recayó sobre Francisco Montiel, Bernabé Naranjo y Hugo Escalada. Se los acusa de haber actuado en complicidad de funcionarios de la Anses y de la Administración General de Puertos (AGP), que les dieron el poder para determinar quién podría jubilarse y quién no.
Montiel, ex trabajador del puerto de Buenos Aires, era el líder de "la Comisión", un grupo acusado de haber defraudado a cientos de trabajadores con "presiones, violencia psíquica, intimidaciones y engaños". Había convencido a sus ex compañeros de que ninguno podría acceder a la jubilación si no era a través de él.
Una gerente de la AGP, Silvia Quinteros, y otra de la Anses, Silvia Montenegro, tienen orden de captura por haber hecho posible la maniobra. Declaraciones de testigos y conversaciones telefónicas registradas las comprometen con la estafa. Quinteros no volvió a su trabajo desde que la Justicia allanó la AGP, el mes pasado, y ya no podrá volver: el viernes, un decreto la removió.
Hoy Montiel está preso, al igual que Naranjo, acusado de haber sido su mano derecha. El juez Martínez de Giorgi los consideró responsables de "extorsión" y de "estafa".
El tercer procesado, Escalada, también es presunto miembro de la organización. A diferencia de los otros, el juez dispuso ayer su libertad, porque entendió que su participación en la maniobra había sido secundaria. Además, Martínez de Giorgi trabó embargos sobre los bienes de los procesados. De 300.000 pesos para los dos primeros y de 200.000 pesos para Escalada.
La Justicia calcula que sólo entre diciembre de 2006 y mayo de 2007 la banda de Montiel recaudó más de 540.000 pesos. En total, se calcula que 8000 personas pasaron por él.
Hasta hace tres años ninguno de ellos estaba en condiciones de jubilarse. Su situación cambió tras un decreto de 2004 (ampliado por otro de 2006) que dio por completados los aportes de los estibadores que habían trabajado más de 16 años y fueron despedidos en los 90, cuando el puerto se privatizó. Montiel había sido promotor de ese decreto.
Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION
05/12/07
LA NACION