La preocupación por la situación de la pesca en nuestro país crece día a día. Con realidades distintas tanto en Mar del Plata como en la Patagonia, el sector enfrenta grandes dificultades que exigen la adopción de medidas que pocos parecen dispuestos a tomar, al menos en estos días pre-electorales.
La preocupación por la situación de la pesca en nuestro país crece día a día. Con realidades distintas tanto en Mar del Plata como en la Patagonia, el sector enfrenta grandes dificultades que exigen la adopción de medidas que pocos parecen dispuestos a tomar, al menos en estos días pre-electorales.
El futuro de la merluza está en una nebulosa porque nadie desde el sector público se anima a hablar. El mutismo legítimamente hace presumir que el horizonte de recuperación al menos se ha alejado. Cuál es la situación y qué se hará, forma parte de un conjunto de asuntos calificados como secretos de Estado. Al menos para salvar responsabilidades deberían explicarse las razones de tanta reserva.
El calamar, biológicamente saludable, ha puesto a la flota nacional que lo captura al borde de la quiebra, entre otros motivos, por el derrumbe de los precios internacionales producido por la competencia desleal que generan las capturas fuera de la ZEE.
Algún funcionario estará ocupándose del tema. Si no hay ideas autóctonas, podrían buscarse en experiencias foráneas. Parece imposible saber al menos si esto se está haciendo ¿Será otro secreto de Estado?
La situación no es mejor para quienes se dedican a la pesca del langostino porque si bien las capturas fueron significativas, los aumentos de los costos internos, las excesivas demandas por aumentos salariales, la quita de los reintegros, la desaparición de los reembolsos patagónicos, el aumento de los servicios portuarios y del valor de los permisos, la disminución de los días de pesca y la violencia hasta hoy impune en Puerto Deseado, conforman un escenario desalentador que pone en peligro a toda una actividad productiva que ha transformado a la Patagonia, genera trabajo genuino y contribuye fuertemente al crecimiento económico de puertos y ciudades. ¿Por qué cada uno de quienes tienen las facultades y atribuciones de tomar medidas no lo hacen? Para nosotros otra incógnita.
Muchos de los problemas que enumeramos para las principales pescas específicas son comunes a las otras y se extienden a las demás especies del caladero, profundizando la gravedad de la situación.
Para Mar del Plata, en estos días, se suma la falta de respuestas a los conflictos que asolan el puerto. Desde hace mucho tiempo, demasiado diríamos, existió permisividad y múltiples complicidades que impidieron erradicar el trabajo en negro y clandestino que, además de poner en situación de extrema vulnerabilidad a los trabajadores, alienta una competencia desleal y perjudica a las empresas que ajustan su funcionamiento al cumplimento de las normas. Si muchos lo denunciaron y todos lo sabían ¿Por qué se siguen tolerando?
Si autoridades nacionales y provinciales tienen en sus manos la posibilidad de actuar para prevenir o para modificar y no lo hacen, se multiplican los interrogantes. Lamentablemente el Poder Legislativo también siguió la misma conducta. La modificación de la ley de pesca para aumentar las penas a quienes pesquen dentro de nuestras aguas sin permiso o el reestablecimiento de los reembolsos por puertos patagónicos, apoyado por todo el arco político de la región y reclamado por los gobernadores patagónicos, son iniciativas que inexplicablemente duermen en algún cajón del Congreso.
Más aún, como parte del sector exportador, la actividad pesquera es discriminada por pérdida de reintegros, excluida de subsidios, inexistente para operatorias de financiamiento de exportaciones y además perseguida para la devolución de beneficios supuestamente mal liquidados por el propio Estado. Con relación a este último disparate parece que al Estado no le es de aplicación la máxima que dice que nadie puede alegar en juicio su propia torpeza.
En este camino hacia el barranco, cada actor podrá tener su “cuota” de responsabilidad. Pero no todos tienen el mismo “grado” de responsabilidad. La responsabilidad del Estado, nacional y provinciales y de los poderes que lo conforman es superlativamente mayor. A ellos atañe la decisión política y su ausencia implica falta de política pesquera, que sobrepasa las atribuciones de las autoridades responsables de la pesca sino que demanda el ensamble y la comunicación de todas las áreas de gobierno. Sin política pesquera parece lógico que se multipliquen los interrogantes y los secretos de Estado que sirven de escudo para ocultar la pasividad, la falta de respuestas, el “cajoneo” y el desinterés.
Si la inacción fuera intrínseca a los períodos preelectorales, deberíamos todos estar trabajando para el día después.
EDITORIAL de PESCA Y PUERTOS
16/10/07
PESCA & PUERTOS