El paso de mercaderías en canoas y lanchas por el río Paraná ha sido puesto en evidencia por la prensa en innumerables ocasiones, e incluso puede ser observado a simple vista desde el propio Puente de la Amistad. Pero algo parece estar trastornando severamente la visión de las autoridades encargadas de combatirlo.
El paso de mercaderías en canoas y lanchas por el río Paraná ha sido puesto en evidencia por la prensa en innumerables ocasiones, e incluso puede ser observado a simple vista desde el propio Puente de la Amistad. Pero algo parece estar trastornando severamente la visión de las autoridades encargadas de combatirlo.Resulta imposible explicarse, y menos aún explicarle a la ciudadanía, cómo es posible que los integrantes del Ministerio Público en el Alto Paraná no hagan algo para desmantelar la vergonzosa red de puertos clandestinos que opera en la región. Los mismos son perfectamente identificables a plena luz del día, pero no hay fiscal, policía, agente aduanero o miembro de la Marina que se muestre interesado en erradicar estos infamantes puntos neurálgicos del delito, el contrabando y la evasión fiscal.
El paso de mercaderías en canoas y lanchas por el río Paraná al territorio del Brasil ha sido puesto en evidencia por la prensa en innumerables ocasiones. Es más, muchas veces la actividad irregular puede ser observada a simple vista desde el mismo Puente de la Amistad.
A pesar de la alevosía con la que operan los delincuentes, el comandante de la Base Naval de la zona, capitán Hugo Gauto, encargado de velar por la seguridad de la frontera, manifestó que nunca observó un puerto clandestino en la ribera del río Paraná. Será este militar, desde luego, el único habitante de todo el departamento que no consigue ver lo que de manera cotidiana queda patentemente expuesto a los ojos de todos los ciudadanos de aquella región. Algo le está trastornando severamente la visión.
Al mismo tiempo, resulta inadmisible que el fiscal adjunto, Alejo Vera, quien al asumir el cargo había prometido que no se tolerarían hechos de corrupción en la zona de su jurisdicción, hasta el momento no haya ordenado ninguna investigación sobre pago de dinero a cambio de protección a los propietarios de los puertos irregulares.
Tampoco deja de llamar la atención que los fiscales de marcas Nilda Cáceres, Julio César Yegros y Juan Marcelo García de Zúñiga no hayan intervenido los puertos para erradicar el contrabando de todo tipo, el tráfico de dinero, de drogas y armas, así como la reducción de vehículos robados.
Evidentemente, el primer responsable en esta delicada cuestión es el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien debería encabezar toda la actividad del Ministerio Público destinada a desmantelar los puertos clandestinos y perseguir a los “empresarios” que pagan dinero a cambio de protección por parte de las autoridades.
Sin embargo, y en una manifestación que no deja de ser sorprendente, cuando los periodistas le plantean la necesidad de actuar para combatir esta irregularidad, reclama la presentación de “pruebas”, como si se hablara de una actividad que, por lo misteriosa, fuera prácticamente imposible de percibir y detectar.
Él, por el cargo que ostenta como representante de la sociedad, y por la confianza que esta ha depositado en su persona, es quien debe demostrar en la práctica que es un funcionario honesto y competente, y que la tarea de ubicar los puertos irregulares y a los contrabandistas no les corresponde ni a la prensa ni a los vecinos, sino a la institución de la que es responsable y a los demás fiscales ciegos, sordos y mudos que trabajan con él.
Si el fiscal general y sus principales colaboradores no quieren que se sospeche de su honestidad, deben salir a buscar a los bandidos, y no esperar que la prensa les traiga la foto de la ilicitud denunciada y el número de la cédula de identidad de los delincuentes que están arriba de una lancha contrabandeando mercaderías de todo tipo a la vera del río Paraná.
A pesar de la flagrancia evidente, nada ha sido hecho para superar esta situación. Esta desidia podría tener explicación en el hecho de que los dueños de los puertos clandestinos están entregando generosas dádivas a autoridades regionales de todo tipo para evitar que la actividad de los mismos sea molestada.
Un combate frontal a los contrabandistas de exportación e importación es lo que se precisa en nuestro país. Hacerlo con determinación es la mejor forma de revertir la pésima imagen que proyectamos al exterior, donde se nos percibe como una de las naciones más corruptas del mundo. Basta ver lo que publicó recientemente la organización Transparencia Internacional, que nos ubica en el nada privilegiado sitial de ser la segunda nación más corrupta de las Américas, después de Venezuela.
En este sentido, si las autoridades cumplen con sus altas responsabilidades, es seguro que los márgenes del delito y la discrecionalidad actualmente existentes se verán reducidos a su mínima expresión.
11/12/12
ABC Color