El actual vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, un profano en temas portuarios, ha estado pregonando sin mayores precisiones la estatización de puertos provinciales, que obviamente incluye a nuestro puerto de Ingeniero White.
El actual vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, un profano en temas portuarios, ha estado pregonando sin mayores precisiones la estatización de puertos provinciales, que obviamente incluye a nuestro puerto de Ingeniero White.
En forma inconsulta con los principales actores vinculados a la actividad portuaria, el nombrado funcionario ha iniciado una insólita cruzada para encarar semejante reforma; eso sí, en línea con la improvisación política que caracteriza la gestión del gobierno provincial.
Resulta sugerente que en un tema central como el que se trata, un vicegobernador tenga tamaño desmarque y muy suelto de cuerpo patrocine semejante estatización. Muy poco serio institucionalmente hablando.
Desde un punto de vista político, hay que señalar que la otrora gestión estatal ha resultado poco saludable para el crecimiento de nuestro puerto, y la visión reestatizante que se pretende promover se contrapone a la política fijada por el mismo partido político que representa hoy el vicegobernador.
En este sentido, el nombrado sigue la contradicción de quienes en una década han sido privatizadores para convertirse en estatizadores en la siguiente con igual fanatismo. Un monumento a la incoherencia.
La historia legislativa reseña que el día 3 de junio de 1992 se sancionó la Ley Nacional de Actividades Portuarias 24.093, mediante la cual se rigen todos los aspectos vinculados con la habilitación, administración y operatoria de los puertos estatales y particulares existentes en el territorio de la República.
Esa misma ley con claridad establece especialmente para los puertos de Bahía Blanca y de Quequén que la transferencia prevista de la Nación a la provincia de Buenos Aires se efectuará a condición de que previamente se hayan constituido “entes públicos no estatales” para la administración de los mismos.
La legislatura, en consecuencia, sancionó la Ley 11.414, mediante la cual se creó el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, asegurando en su directorio la participación de los sectores particulares interesados en el quehacer portuario, comprendiendo a los operadores, prestadores de servicios, productores usuarios, trabajadores y demás vinculados a la actividad; tal como lo establecía la ley nacional antedicha.
Desde la óptica legal, resulta severamente cuestionable impulsar desde la Legislatura Provincial una ley con ese rango para modificar un estado de cosas fijado por la Ley Nacional del Puertos; lo cual habla a las claras de la desorientación que en la materia tiene el actual vicegobernador.
Habría que señalar, con una mirada más práctica, que el modelo de gestión público-privado que bajo la figura del Consorcio ha administrado el puerto de Ingeniero White desde 1993 ha evidenciado una forma moderna de cogestión exitosa poco vista en la administración de la cosa pública.
El carácter mixto de este esquema legal ha resultado un terreno fértil para numerosas inversiones, todas a la vista, que han sido muy importantes para el quehacer económico de nuestra ciudad y del país, y que nos resulta lógico defender.
Los puertos, desde tiempo inmemorial, fueron, son y serán una fuente importantísima de crecimiento económico, social y cultural; es por ello que
Bahía Blanca debe tener una mirada más interesada en todo lo concerniente a los temas portuarios y abarcativos de la zona urbana de la localidad de Ingeniero White, a la que se le debe una transformación urbanística que hasta hoy lamentablemente brilla por su ausencia.
Resulta llamativo el silencio de las fuerzas políticas de Bahía Blanca fijando posición, más aún de las autoridades locales, léase Poder Ejecutivo y Concejo Deliberante, y del propio ente consorcial sobre un tema de trascendental importancia no solamente para nuestra ciudad sino también para la economía de todo el país.
No por reiterativo deja de tener validez: “La constante alteración de las reglas de juego, sean del marco jurídico o en el ámbito económico, propenden a un estado de incertidumbre que retrae cualquier tipo de inversiones y, por ende, posibilidades reales de empleabilidad tan necesarias para nuestro país como las que se logran fruto del crecimiento de las actividades portuarias.
No todos tienen la posibilidad de obtener un trabajo muy bien remunerado a través de un decreto presidencial familiar; y vaya el palo para el desvergonzado cargo público creado en Río Gallegos para la nuera de nuestra señora presidenta. Una falta de respeto a todos los jóvenes que no tienen la más mínima chance de conseguir un empleo digno.
Y a modo de sana exhortación: Señor vicegobernador Gabriel Mariotto, tenga la seriedad de estudiar con mayor profundidad la problemática de nuestro puerto de Ingeniero White, tome nota del éxito de la política de administración público-privada que ya ha cumplido 20 años en constante crecimiento, no se olvide de la opinión de las fuerzas vivas de nuestra ciudad; y después, en todo caso, opine con algún fundamento.
No les alcanza con administrar la seguridad y que no funcione, la educación y que tampoco marche, la salud y la justicia lo mismo, el Registro de la Propiedad, la Dirección de Personas Jurídicas, el Registro de las Personas, todos con sistemas de información que atrasan un siglo, etcétera. Deje tranquilo, señor vicegobernador, al puerto de Ingeniero White, que en todo caso lo mejoraremos desde la autonomía bien lograda. La toma de decisiones centralizada desde las diagonales platenses ha demostrado ser totalmente inoperante a las necesidades de los bonaerenses.
Basta de improvisados. Basta de improvisaciones. (Por Miguel A. R. Donadío; La Nueva)
24/07/14