La norma obliga a las empresas pesqueras a optar entre los permisos otorgados por la Argentina y los del Reino Unido para operar en las Malvinas, y establece restricciones para capturar en aguas territoriales argentinas.
La norma obliga a las empresas pesqueras a optar entre los permisos otorgados por la Argentina y los del Reino Unido para operar en las Malvinas, y establece restricciones para capturar en aguas territoriales argentinas.
Los diputados aprobaron anoche y enviaron en revisión al Senado el proyecto que, mediante una reforma de la ley federal de pesca, busca frenar la captura ilegal de especies ictícolas en el mar Argentino, incluida la zona marítima de las islas Malvinas.
Se trata de una iniciativa de los senadores oficialistas Silvia Giusti (Chubut) y Mario Daniele (Tierra del Fuego), aprobada en septiembre pasado en el Senado, que endurece las sanciones para la pesca sin permiso del gobierno nacional en el mar Argentino y en la zona en litigio con el Reino Unido de las islas Malvinas.
El proyecto fue aprobado, con modificaciones, en la Cámara baja por 133 votos afirmativos y una abstención.
En realidad, el proyecto modifica el régimen federal actual, pero no hace referencia explícita a Malvinas, aunque es evidente que retoma fuerza después de que los kelpers empezaron a dar permiso de pesca en la zona por 25 años en un claro desafío a la posición argentina.
La medida se suma a la denuncia que el gobierno argentino hizo días atrás de los convenios de exploración y explotación petrolera conjunta entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, firmados en 1995.
El presidente de la comisión de Intereses Marítimos y Fluviales, Eduardo De Bernardi, sostuvo que la reforma "significa lisa y llanamente nuestra condición de Estado para tratar de proteger el recurso marítimo que implica entradas económicas sustanciales para el país".
En ese sentido, dijo que la modificación de fondo apunta a mantener la jurisdicción del estado argentino "en todo el territorio nacional", incluidas las "aguas jurisdiccionales".
La norma, en líneas generales, obliga a las empresas pesqueras a optar entre los permisos otorgados por la Argentina y los expedidas por el Reino Unido para operar en las Islas Malvinas, dado que establece claras restricciones para capturar en aguas territoriales argentinas.
También, establece multas que van desde los 10 mil pesos hasta los 10 millones de pesos y postula que "en el caso de comprobarse que un titular de un permiso de pesca" y "autorización de captura" viole "algunas de las prohibiciones previstas" en la ley, dichas autorizaciones "caducarán automáticamente".
12/04/07
LA PRENSA