En la Armada no hubo interés de investigar la posible responsabilidad de militares en la presunta simulación de construcción de barcazas, reclamadas por la naviera argentina Samuel Gutnisky. Realizaron un sumario recién al publicarse el caso y concluyeron que no hubo anomalías.
En la Armada no hubo interés de investigar la posible responsabilidad de militares en la presunta simulación de construcción de barcazas, reclamadas por la naviera argentina Samuel Gutnisky. Realizaron un sumario recién al publicarse el caso y concluyeron que no hubo anomalías.
Ya el 19 de abril del 2013 la fiscala María de Fátima Britos Ricciardi había requisado del Departamento Técnico de la Prefectura General Naval las documentaciones sobre ocho barcazas en cuestión, pero la Armada recién el 1 de octubre pasado inicia una prevención sumaria ordenada por el entonces comandante de la unidad militar, almirante Pablo Osorio, actualmente retirado.
Osorio ordenó la investigación luego de que su nombre apareciera en una publicación de nuestro diario del 27 de setiembre sobre el amarre judicial de las barcazas. El entonces jefe militar al parecer quería aparentar interés en esclarecer el caso en un momento clave para su carrera profesional: era el tiempo de definiciones de los cambios en las jefaturas militares y algunos de sus allegados habían difundido que era candidato a jefe de las Fuerzas Militares.
La pesquisa termina en 10 días con la conclusión de que “no existen elementos de convicción que configuren la comisión de algún tipo de transgresión, irregularidad y/o falta contra la ética y/o disciplina militar del cual (sic) pueda derivarse algún tipo de sanción para el personal militar que presta servicios en la Prefectura General Naval”.
Se basa en las declaraciones testificales del Cap. de Corbeta Héctor Daniel Medina Santacruz, jefe adjunto del Departamento Técnico, y que según documentos expedidos sobre las barcazas Conapar, reclamadas por Gutnisky, firma de tres formas distintas. Este oficial dijo que los certificados de seguridad habilitantes de las barcazas se hicieron conforme a las leyes.
También toma la exposición del Cap. de Navío Alfredo R. Britos Rivera, exjefe del Departamento Técnico, quien aseguró que no tuvo conocimiento sobre la forma en que fueron expedidos los certificados de matriculación de las barcazas y, ante la consulta de si una embarcación parecida a las barcazas Conapar, Nogal y Naveradi se puede construir en un mes, dijo no, que no podía responder por desconocer la infraestructura (equipo, personal y tecnología) del astillero en donde se habrían fabricado las embarcaciones, que hoy están en poder de Naveradi, de los hermanos Ramírez Dittrich. Por último, el Cap. Navío Pablo Giménez Curtido, quien ocupó también la jefatura del Departamento Técnico, afirmó que los certificados fueron expedidos conforme a los reglamentos, y finalmente, aseguró que las embarcaciones de las características de Conapar, Nogal y Naveradi “pueden ser construidas antes de un mes, pues no son barcazas de gran parte”.
Por las manos de los tres citados oficiales pasó supuestamente el proceso burocrático de la construcción y luego matriculación de las barcazas. Sin embargo, no muestran precisión en sus declaraciones, como saber qué tipo de astilleros habilitaron para la construcción de los lanchones.
El sumario, si bien menciona la pericia documentológica realizada por la perito Denice Insaurralde, de la Fiscalía, tomó solo una parte del estudio, en que dice que “no es posible establecer” la “autenticidad de las firmas originales obrantes en los distintos documentos…”.
El sumario de los marinos, al igual que los fiscales Britos Ricciardi, Guillermo Zillich, Édgar Sánchez y Federico Espinosa, ignoró que la perito concluyó que la mayoría de los documentos sobre el proceso de construcción de las barcazas fueron adulterados y presentaban sellos y firmas no originales.
Finalmente, los sumariantes de la Armada reconocen que no examinaron los documentos sobre las barcazas porque los mismos estaban en poder de la fiscalía. La resolución de esta “investigación” ordenada por Osorio, y que ya terminó cuando el entonces vicealmirante Silvio S. Guanes Solís había asumido la jefatura de la Armada, está firmada por el Cap. Corbeta Wenceslao Éver Ibarrola. Este sumario, no obstante, fue suficiente para los fiscales Zillich y Sánchez para concluir que no hubo irregularidades en la Prefectura y favorecieron a Naveradi.
Por Roberto González A.
09/01/14
ABC Color