El caso de los ambientalistas de Greenpeace detenidos en Rusia arrojó luz sobre la urgencia de poner la zona ártica bajo protección internacional.
El caso de los ambientalistas de Greenpeace detenidos en Rusia arrojó luz sobre la urgencia de poner la zona ártica bajo protección internacional.
La detención de dos argentinos pertenecientes a la organización Greenpeace, junto con otros 24 ambientalistas, como consecuencia de una protesta contra la exploración petrolera en el Ártico merece varias reflexiones. Es cierto que pretender confundir estas operaciones con piratería es, por lo menos, desproporcionado. Sin desconocer la posible violación de la normativa por intentar escalar una plataforma del gigante gasístico Gazprom en el mar de Barents, es cierto que la organización había pedido reiteradamente permiso para que su rompehielos Arctic Sunrise pudiera navegar por esa zona del Ártico ?las autoridades rusas lo rechazaron con el argumento de que el buque no cumplía con las regulaciones vigentes-, de modo que esperamos prime la aplicación de un régimen de razonabilidad por los hechos ocurridos.
La exploración de grandes reservas de hidrocarburos en el Ártico se ha convertido en una prioridad estratégica para la industria, y lo que resulta paradójico es que el propio cambio climático, consecuencia de las emisiones gaseosas, genera la desaparición de grandes masas de hielo marino en el Ártico, lo que hace que esa región sea más accesible. Esto favorece el interés de las compañías de petróleo y gas, que ven allí una gran oportunidad para la explotación de nuevas reservas de combustibles fósiles. Saben que por lo menos el 20 por ciento de gas sin explorar del mundo, y el potencial petrolero, se encuentra en el Ártico. Hay que recordar que cinco países ?Noruega, Rusia, Estados Unidos, Canadá y Dinamarca? reclaman su soberanía en el polo.
Pese a que en algunas regiones del Círculo Polar Ártico se ha extraído petróleo hace décadas, cabe preguntarse si en esta frágil zona de nuestro planeta la industria está preparada para esta explotación. Los expertos afirman que no se cuenta con la tecnología ni con la infraestructura necesarias para hacer frente a la actividad ni a los retos que ella impone en esa región. Mucho menos para afrontar un desastre cuyos daños podrían ser no sólo inmanejables, sino también incalculables. El accidente de BP en las costas de México es el mejor ejemplo: la empresa no sólo consideró remotas las posibilidades de un accidente, sino que además carecía de los recursos tecnológicos para frenar un vertido.
En la frágil zona del Ártico, con temperaturas bajo cero, un derrame de petróleo se ubicaría bajo los hielos y sería casi imposible de tratar. Las condiciones climáticas son extremas, durante meses la oscuridad es total, no se está cerca de ningún aeropuerto, y los barcos que pueden ingresar en el área deben ser de una envergadura importante.
Hace apenas días que en esta columna editorial se mencionaba que el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) manifestó que si no se reducen de un modo drástico e inmediato las emisiones de gases de efecto invernadero las consecuencias serán devastadoras. Acaso esta hambre insaciable de energía en el mundo, que lleva a explotaciones riesgosas, sea una muestra de que seguiremos emitiendo gases como si nada ocurriera. Como si se tratara de algo que le pasa a otro planeta.
Más allá de estas sanciones que se pretende imponer a modo de escarmiento, estas manifestaciones deben hacernos reflexionar acerca de los riesgos derivados de la explotación de petróleo en este entorno de fragilidad con urgencia. El Ártico es una de las áreas más sensibles de la Tierra, casi sin tocar por la huella humana, donde vive una gran variedad de especies únicas que ya se encuentran en peligro. Podríamos afirmar que se trata de una joya ambiental incalculable, y no está custodiada, como la Antártida, por un tratado internacional.
Este caso, que esperamos se resuelva con rapidez y razonabilidad, demuestra que la protección del Ártico debería ser una prioridad en la agenda política. Una eventual contaminación allí lesionaría el derecho de la humanidad a que las actividades no deterioren el planeta. No somos conscientes de nuestra fragilidad, y estas acciones parecen recordárnoslo.
08/10/13
LA NACION