Es en contrataciones de empresas privadas. Así fue planteado en el Parlamento en el llamado a sala que realizó el senador Luis Alberto Lacalle al ministro Eleuterio Fernández Huidobro.
Es en contrataciones de empresas privadas. Así fue planteado en el Parlamento en el llamado a sala que realizó el senador Luis Alberto Lacalle al ministro Eleuterio Fernández Huidobro.
Autoridades del ministerio de Defensa Nacional y de la Armada confirmaron ante el Parlamento el empleo de prácticas sin base legal para el funcionamiento del Dique naval en contrataciones con empresas privadas, lo cual surgió como conclusión del llamado a sala del senador nacionalista Luis A. Lacalle al ministro Eleuterio Fernández Huidobro en la Comisión Permanente.
Lacalle cuestionó el funcionamiento del Dique desde 2007 a esta parte, lo cual además fue calificado como irregular por el Tribunal de Cuentas. El propio ministro Fernández Huidobro reconoció que no hay “marco legal” para operar de esa manera.
Durante la sesión legislativa, Lacalle vinculó estas prácticas con los episodios de corrupción ocurridos en la Armada, constatados por la Justicia y por lo cual ha habido numerosos oficiales y altos jerarcas procesados con prisión.
La Comisión Permanente del Poder Legislativo sesionó con el ministro de Defensa Nacional y otros jerarcas a raíz de una serie de objeciones del Tribunal de Cuentas y la Auditoría Interna de la Nación a contratos del Dique de la Armada con empresas privadas para la construcción de barcazas fluviales, y el pago de esos servicios en especies como chapas de acero, cemento portland y otros materiales.
El senador Lacalle afirmó que “no hay base legal” para lo que se está haciendo en el Dique. Y que algunas de las objeciones del Tribunal de Cuentas a los contratos son “de significación” y que por eso “debían ser atendidas”.
El ministro de Defensa explicó al comienzo el “rescate” que se debió hacer del astillero naval en los últimos años.
A pedido del ministro el capitán de navío Alejandro Leopold, exjefe del Dique naval, explicó que la instalación construyó desde 2005 dos barcazas para la empresa Botnia (hoy UPM), un buque balizador para la Armada, un pontón para trabajos submarinos de la empresa Tecno Dive, dos barcazas para transportar combustible para Ancap y un remolcador reempujador para estas barcazas.
Informó que las barcazas para UPM costaron US$ 1,8 millones que pagó la empresa. El remolcador y las barcazas de Ancap tuvieron un costo de US$ 14,8 millones que pagó Ancap. El buque balizador fue para la Armada y pago por el Estado.
El ministro reconoció que “no existe marco jurídico” para regular la actividad del Dique naval, lo cual dio la razón al planteamiento del senador Lacalle. “Estamos tratando de elaborar ese marco legal en la Presidencia para poder desempeñar los compromisos que tenemos”, admitió el ministro de Defensa.
En el Dique naval también se está reparando el velero escuela Capitán Miranda. “Le estamos ahorrando muchísimo dinero al Estado y va a quedar mejor”, sostuvo el ministro.
A su vez, el director general del ministerio Hernán Planchón aseguró que si no se hubiera decidido políticamente retomar la actividad del Dique, “habría que haberlo cerrado”.
Leopold reveló que por el manejo de dinero y el pago en materiales en su momento el ministerio de Defensa y el departamento de Delitos Complejos de la Policía investigaron a varios oficiales del Dique, incluido a él mismo, y que no detectaron irregularidades. También el caso se sometió a la Justicia Militar que absolvió a estas personas, agregó Fernández Huidobro.
El marino dijo que el contrato entre Nitromar, una de las empresas involucradas, y el Dique naval no pasó por el Tribunal de Cuentas en forma preventiva, sino que fue al ministerio, que lo aprobó. Luego, la cartera lo envió al Tribunal, siendo entonces observado.
El senador colorado Ope Pasquet preguntó si es verdad que una empresa privada utilizó las instalaciones del Dique para construir barcazas para Montes del Plata y qué contraprestaciones recibió el ministerio.
Leopold confirmó que se trata de una empresa española que arrienda el astillero. “La contraprestación está dada por mejoras de infraestructura hechas en el lugar”, sostuvo. Estos trabajos cuestan unos US$ 700.000, estimó el marino.
Más tarde, el capitán de navío Gonzalo Leoni, actual jefe del Dique, afirmó que en mayo pasado se entregó el reempujador a Ancap. Explicó que hubo diferencias técnicas con gerentes de la empresa que no impedía su navegación. Y posteriormente Ancap lo aceptó. El sindicato de Ancap cuestionó entonces el nivel de ruido del reempujador navegar al barco, y Leoni explicó que el ruido está por debajo de los niveles mínimos internacionalmente exigidos.
Fernández Huidobro dijo que se busca un mecanismo para que “el dinero (por los contratos y trabajos a privados) no lo maneje el Dique”.
21/01/14
EL PAÍS (Uruguay)