Cuando muchos creían que la causa de los siniestros perpetrados contra las plantas pesqueras permanecería en el olvido, sorpresivamente el Fiscal de Instrucción, Ariel Quinteros, pidió la indagatoria de al menos 30 imputados de haber participado en los incidentes que ocasionaron numerosos daños a 7 establecimientos pesqueros y la destrucción total de una cámara de la empresa Arbumasa donde se albergaban cientos de toneladas de calamar y langostino listos para ser exportados.
Cuando muchos creían que la causa de los siniestros perpetrados contra las plantas pesqueras permanecería en el olvido, sorpresivamente el Fiscal de Instrucción, Ariel Quinteros, pidió la indagatoria de al menos 30 imputados de haber participado en los incidentes que ocasionaron numerosos daños a 7 establecimientos pesqueros y la destrucción total de una cámara de la empresa Arbumasa donde se albergaban cientos de toneladas de calamar y langostino listos para ser exportados.
(Puerto Deseado) El pedido del fiscal Quinteros fue elevado hace unos días y se estima que antes del inicio de la feria judicial el Juez de Instrucción en lo Penal, Oldemar Villa, interrogue al menos a la mitad a los imputados entre los que se encentrarían sindicalistas, marineros y operadores políticos de salientes funcionarios cuya participación en los hechos estaría probada por testimonios de terceros como así también videos y escuchas telefónicas.
Pese a que el pedido de indagatoria se manejó en medio de un estricto hermetismo, fuentes confiables indicaron a Pesca & Puertos que los delitos que el fiscal le imputa a los presuntos involucrados van desde violación de domicilio, amenazas coactivas reiteradas en 7 oportunidades, delito de coacción agravada en perjuicio de integrantes del los poderes, amenazas reiteradas a gerentes de las empresas como así también a una periodista, entorpecimiento de la actividad comercial y estrago doloso, todos en concurso real, siendo el estrago doloso el delito más grave cuya pena va de los 3 a 10 años de prisión.
En ese orden, trascendió que en la mayoría de los casos los delitos imputados por el fiscal estarían documentados por una importante cantidad de material fílmico y fotográfico, por escuchas telefónicas y por el relato de testigos presenciales de los hechos entre los que se hallarían vigiladores, empleados y una gran cantidad de arrepentidos.
Si bien aún el juez no le puso fecha a las indagatorias, la noticia de que los imputados desfilarían por el juzgado para responder por los delitos que imputa el fiscal provocó la conmoción del ex delegado de SOMU, Daniel Medina, quien por una FM local vociferaba amenazante que si alguien llegaba a ser detenido se conocería recién a los marineros.
Los hechos sucedieron el pasado 20 de julio, cuando una masa enardecida de hombres cargó contra los edificios destruyendo el parque pesquero local cuyas consecuencias la están viviendo ahora, por ejemplo, los más de 50 empleados de la empresa Pamar que fueron despedidos.
Cabe acotar que fiscal Quinteros, luego de los siniestros, en una extensa entrevista que le realizó esta revista no dudó en asegurar que la quema de las plantas se trataba de un hecho “pergeñado y planificado donde hombres encapuchados y con palos marcharon organizados hacia las plantas”.
Fuentes habría ampliado la denuncia
En otro orden trascendió que durante la semana pasada el Secretario del Interior del SOMU, Juan Fuentes, se habría reunido con el juez para realizar una ampliación de la denuncia por lesiones en un hecho anterior a la quema de las plantas que lo tuvo como víctima y que sucedió en la puerta de una escribanía.
26/11/07
PESCA & PUERTOS