En la causa están imputados el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, y el ex jefe de Gabinete, Carlos Eliceche, entre otros. Se los acusa de “administración fraudulenta” por concederle un préstamo de 10 millones a Omar Segundo sin las mínimas garantías.
En la causa están imputados el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, y el ex jefe de Gabinete, Carlos Eliceche, entre otros. Se los acusa de “administración fraudulenta” por concederle un préstamo de 10 millones a Omar Segundo sin las mínimas garantías.
El ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Norberto Yauhar, fue convocado a declarar en carácter de testigo en instalaciones del Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, ante el fiscal jefe Daniel Báez, debido a su experiencia en administración de la pesca a nivel nacional y provincial.
La declaración de Yauhar comenzó pasadas las 11 y se extendió por casi una hora, relacionada a la causa que investiga el otorgamiento de 10 millones de pesos por parte del Poder Ejecutivo provincial, por intermedio de CORFO, a la empresa pesquera Alpesca que conduce Omar “Cura” Segundo, quien se encuentra procesado en una causa por narcotráfico.
Alpesca recibió los diez millones de pesos para pagar sueldos atrasados y se había señalado que la operación estaba calzada como una prefinanciación de exportación, y la firma puso como garantía las licencias de pesca que en realidad son una concesión temporal del Estado que usufructúa una empresa, pero no le son de su propiedad, ni tienen libre disponibilidad de los mismos, ya que la autorización o transferencias las resuelve el Consejo Federal Pesquero.
Los imputados
El expediente judicial tiene como imputados al gobernador de Chubut, Martín Buzzi; el ex ministro coordinador de gabinete, Carlos Eliceche; el ex ministro de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pesca, Pedro Zudaire; la ex ministro de Economía, Gabriela Dufour; la ingeniera Claudia Mundet, gerente general de CORFO, y los directores Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero, Enzo Omar Belastin.
La asistencia crediticia otorgada a la empresa pesquera “excede y contraría los requisitos exigidos para el otorgamiento, conforme a lo resuelto por el propio directorio de la Corporación –CORFO-, por la falta de garantías reales y de un examen previo acerca de la factibilidad de la operación y de la situación del beneficiario”, indica la solicitud de apertura de investigación efectuada por el Ministerio Público Fiscal.
Los fiscales acusadores sostienen que se contravinieron “las disposiciones legales que regían la materia, violando deberes propios y disponiendo patrimonialmente a través de un organismo autárquico de la suma de diez millones de pesos, sin garantías reales ni avales, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública”.
Apertura en febrero
La audiencia formal de “apertura de investigación” será el día lunes 24 de febrero, a las 9, en la sala de audiencias de los Tribunales de Rawson, ante el juez penal Fabio Monti.
Ayer, el fiscal Daniel Báez convocó al ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, para que aportara información técnica sobre las figuras de los permisos de pesca, y si los mismos pueden ser puestos en garantía por parte de una concesionaria si esas licencias son estatales. “Desde un principió dije que el gobierno de la provincia debería haber puesto algún tipo de garantía, no fue resguardo poner algo que le pertenecía, como los permisos de pesca”, declaró el ex funcionario nacional a su salida del Ministerio Público Fiscal. “Los permisos son administraciones propias del Estado que da a una empresa para entrar a un caladero, no tiene un valor nominal”, precisó.
Yauhar sostuvo que el fiscal le consultó durante su declaración respecto de la habitualidad de este tipo de operaciones y los resguardos que asume el Estado. “Me parecían claramente insuficientes las garantías, porque se podría haber puesto alguna especie de hipoteca para asegurarse de que el dinero retorne a las arcas del Estado”, manifestó el ex ministro.
Al consultársele si consideraba que la decisión adoptada por el gobierno de Chubut constituía un acto de administración fraudulenta, se limitó a señalar que “no me citaron para evaluar si fue una negligencia por parte del Estado o no, lo hicieron para hacerme una consulta técnica y me remití exclusivamente a eso”, expresó.
Por Nelson Saldivia
11/12/13
REVISTA PUERTO