La semana pasada, justamente cuando el Consejo Federal debía recibir a la Comisión de Calamar, la mayoría de sus miembros no asistió. Una semana más tarde volvieron a sus puestos para desempeñar el triste papel al que nos tienen acostumbrados e incorporan los dos primeros poteros bajo la Resolución 10.
La semana pasada, justamente cuando el Consejo Federal debía recibir a la Comisión de Calamar, la mayoría de sus miembros no asistió. Una semana más tarde volvieron a sus puestos para desempeñar el triste papel al que nos tienen acostumbrados e incorporan los dos primeros poteros bajo la Resolución 10.
La semana pasada el CFP no sesionó por falta de quorum. Solo un par de consejeros se hicieron presentes, pese a que debían ser tratados temas de importancia. Entre ellos, la reunión de Comisión de Calamar, que se llevó a cabo pero sin la concurrencia de todos los miembros del cuerpo. Entre los ausentes se encontró el representante de la provincia de Buenos Aires, el mismo que tanto tenía para decir sobre la aprobación de la Resolución 10, que abrió la puerta al ingreso de nuevos poteros. Eso sí, solo a través de los medios, no en el lugar y momento que corresponden. Y como él, todos los demás representantes de las provincias con litoral marítimo que actúan como convidados de piedra en las administraciones pesqueras de sus provincias.
Los Consejeros volvieron a ocupar sus sillas los días miércoles y jueves de la semana pasada. Se juntaron y como de costumbre, todo fue aprobado por unanimidad: reformulación de permisos; resoluciones que justificaciones de falta de explotación de cuotas de merluza de cola y merluza hubbsi. También que se permita a la flota costera de Rawson acceder a un nuevo cuadrante de área de jurisdicción nacional a partir de la hora cero del sábado.
Hoy no respetaré la forma habitual de redactar la nota de los lunes sobre la sesión del Consejo, dado que la forma desprolija en que se vienen desarrollando las reuniones amerita otro tipo de tratamiento. La descripción de los temas tratados, la debemos acompañar usualmente de información suplementaria, que intente aclarar lo que las escuetas actas señalan. A veces, para poder interpretar lo que dicen, se debe leer con la legislación en la mano; de otro modo es imposible. Otras veces abundan los detalles. Pero lo que nunca figura en ningún lado, es cuál fue la decisión política y estratégica de cada provincia para tomar determinada decisión. Los considerandos de las normativas son sellos de goma que se repiten consuetudinariamente, variando según la especie. Por ejemplo la Resolución 10/13 de Calamar, es una copia de la Resolución 7/12, a la cual le suprimieron algunos incisos para hacerla más atractiva.
No existe posibilidad de saber si existió o no debate. Cuando se reclama la restitución de las copias taquigráficas de las reuniones, la de los miércoles por ejemplo, momento en el que los consejeros acuerdan, todos miran para otro lado o dan respuestas absurdas, como la que partió desde la propia Subsecretaría de Pesca: “Es muy caro”. Las actas fueron eliminadas durante la primera gestión kirchnerista a cargo de Gerardo Nieto. Hoy nadie se molesta en restituirlas, por supuesto.
Por ende, no podemos saber qué expresa cada consejero sobre cada una de las decisiones administrativas que se toman. Pese a que ellas tendrán consecuencias directas sobre el empresariado, los trabajadores y los recursos naturales de nuestro país. Aunque debemos reconocerlo, a esta altura, nos preocupa mucho más comprobar que si restituyen mañana las copias taquigráficas confirmaríamos penosamente las sospechas de que no tienen nada para decir. Que muchos no conocen siquiera lo que representan.
El ejemplo más claro de ello es Tierra del Fuego, provincia que durante mucho tiempo no tuvo un representante que al menos habite sus tierras; hoy mismo el representante suplente vive en la cálida ciudad de La Plata. Estamos hablando de gente que no conoce a los productores del lugar, que no sabe que fue “La Mata Negra” de Ushuaia y cuando se le sigue preguntando por personas y personajes importantes de su región, contesta: “Yo estoy más con los barcos grandes”. ¿Cuánto puede saber este señor de los intereses que afecta su voto? Lamentablemente, Tierra del Fuego no es un hecho aislado y esto se evidencia en cada reunión y ante cada tema relevante para la industria.
El tema calamar, por ejemplo, es abordado con una liviandad que exaspera. Se dice que se reunió la Comisión de Calamar y que expresaron su “opinión sobre la necesidad de sistematizar más las reuniones de esta Comisión, sobre todo durante los meses que dura la temporada de calamar” y que también “manifestaron su opinión sobre la apertura del último registro de calamar y el esfuerzo pesquero aplicado a la pesquería y la necesidad de trabajar sobre la generación de condiciones que incentiven el reprocesamiento para que la incorporación de mano de obra resulte rentable y conveniente”. La conclusión de Carlos Cantú, representante del Poder Ejecutivo, fue más escueta y sincera: “Y… contentos no se fueron”. Por supuesto esto no consta en actas; lo expresó ante la consulta de Revista Puerto.
En la misma acta 36, se dio tratamiento a la incorporación de dos buques poteros en reemplazo de otro de mayor porte, perteneciente a la empresa Fénix Internacional SA. Que “aclaró, se propone incorporar dos buques poteros nuevos por lo que solicita un plazo para incorporarlos de 18 meses, de forma tal de adecuar la solicitud a la Resolución CFP Nº 10/13”. El pedido lo realizó el día 2 de septiembre, 24 horas hábiles posteriores a la aprobación de la Resolución. Si tuviese una empresa pesquera quisiera tener un gerente así de eficiente e intuitivo.
De más está decir, que el Consejo aprobó por unanimidad la incorporación de los buques Xin Shi Ji Nº 91 y Xin Shi Ji Nº 89. No especifica cuáles serán las exigencias de reprocesamiento pero sí que deberán “comenzar sus operaciones de pesca hasta la temporada de calamar del año 2015”, textualmente.
En el punto 4 de esta acta, Guillermo de los Santos, presidente de CAPA, que el 11 de septiembre pidió tomar vistas “de los antecedentes que dieron origen a la Resolución CFP Nº 10/13” lo consiguió el jueves 17 de octubre. Se le concedió el permiso “por un plazo de días”. Esto fue posible luego de que acreditara “de manera completa la legitimación para obrar y la representación invocadas”.
La autorización llegó dos días después de que concluyese el plazo para presentar proyectos para la incorporación de buques poteros, bajo los parámetros de la resolución en cuestión. Luego de que como anticipara De los Santos, muchos de los que se opusieron terminaran entrando para no quedar en desventaja comparativa con sus competidores. Algunos de ellos hasta habían expresaron públicamente su rechazo, como el caso de Guillermo Jacob, quien finalmente ingresó un proyecto a través de su firma Bahía Grande.
Según confirmó el subsecretario de Pesca, Miguel Bustamante, se presentaron 10 proyectos, de los cuales 3 pertenecen a empresas argentinas, tres subsidiarias chinas, entre las que se cuenta Chiarpesca y Fenix International; y el resto empresas Chinas. Todavía no se ha podido tener acceso al documento oficial elaborado por la Dirección de Control y Fiscalización Pesquera a cargo de Carlos Liberman. Tampoco se mencionó el tema en la reunión del Consejo, al menos no consta en actas.
Resulta imposible encontrar relación entre la toma apresurada de esta decisión y el objetivo que se había planteado el Subsecretario de Pesca al inicio de su gestión para el sector potero: un plan estratégico a cuatro años.
En enero de 2012, Miguel Bustamante recién daba sus primeros pasos como subsecretario de Pesca y anunciaba en Revista Puerto que se desarrollarían a partir de entonces un taller “para diseñar un plan de diez puntos por el término de cuatro años, donde tengamos definida una política del calamar para que haya reglas claras, y el sector pueda confiar y diseñar sus propias estrategias comerciales más allá de los vaivenes que pueda producir la escases del recurso como se ha dado en los últimos años”.
Pocos meses más tarde realizó un reconocimiento del apoyo recibido del sector potero, específicamente, a las políticas de gobierno en la cuestión Malvinas: “Es el sector que ha hecho propuestas más concretas y han cumplido con lo que se comprometieron, como ser, en una presencia efectiva en la milla 201, incorporándose durante un mes y medio 11 barcos. Aquí tenemos una deuda de honor que será saldada el año próximo con beneficios, con una política de protección para esa flota nacional que está viendo crecer poco a poco un recurso, que ha dado magras capturas en años anteriores”.
Parece mentira que se trate del mismo funcionario que impulsó y defendió a capa y espada esta resolución rechazada unánimemente por el sector. Parece a su vez, una forma bastante innoble de saldar “una deuda de honor”. Estamos hablando de barcos extranjeros que ingresan por diez y treinta años a explotar nuestros recursos tras abonar una suma ridícula de canon, sin que pueda observarse ninguna ventaja para el país, ni para la industria. Se podría pensar que esta postura editorial es hija de nuestra ignorancia política para ver lo ventajoso de regalar nuestros recursos naturales. No sé, puede ser, pero lo cierto es que hasta el momento y por más que lo intentamos, no hemos logrado que ningún representante del Ejecutivo nacional o de las provincias con litoral marítimo nos respondan claramente cuáles serían las ventajas de esta nueva entrega.
Por Karina Fernández
21/10/13
REVISTA PUERTO