Lamentablemente Puerto Deseado ardió. Nuestra anterior editorial (escrita el miércoles 18 por razones de cierre, impresión y distribución de P&P) resultó tristemente cierta. Terminaba diciendo: “Si no se maneja la situación Puerto Deseado andará en llamas, como lo estuvo Madryn hasta que su gobernador Mario Das Neves, decidió intervenir en bien de la paz social”. Peralta también decidió intervenir. Seguramente lo arreglará porque tiene el poder de imponer la Ley en Santa Cruz.
Lamentablemente Puerto Deseado ardió. Nuestra anterior editorial (escrita el miércoles 18 por razones de cierre, impresión y distribución de P&P) resultó tristemente cierta. Terminaba diciendo: “Si no se maneja la situación Puerto Deseado andará en llamas, como lo estuvo Madryn hasta que su gobernador Mario Das Neves, decidió intervenir en bien de la paz social”. Peralta también decidió intervenir. Seguramente lo arreglará porque tiene el poder de imponer la Ley en Santa Cruz.
Y la paz social, rota por la Asociación de Marineros Santacruceños, solo se recompone en primer lugar con la Ley y en segundo lugar se la hace durar con la madre de la Ley, la Justicia. Para las urgencias está la Ley, que es modificable y tiende a la Justicia y, para permanecer en paz, está la Justicia que nadie puede modificar. Todos los hombres debemos buscar la Justicia y, mientras la conseguimos, tenemos que valernos de su hija pequeña (muy pequeña): la Ley.
Lo primordial ahora es poner orden; restablecer la paz social con la Ley. Seguramente se alcance el objetivo legal con la intervención decidida en la semana pasada por el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta. Deben depurarse las responsabilidades inmediatas de los vándalos incendiarios, que con sus hechos se han puesto al margen de la Ley y hacen evidente su incapacidad para manejar cualquier sindicato, por chico que sea. Se evitará así confundir justos y pecadores.
¿Qué piensan de esta Agrupación de Marineros Santacruceños los miles de trabajadores que deben estar sin trabajar días, semanas o meses? ¿Todos los de la Asociación decidieron el malón?
¿Qué pensarán si alguna empresa no se recupera o se marcha?
¿Qué ocurrirá con los empleados administrativos de las pesqueras que no puedan trabajar y que visto el odio desatado, deben enviar a sus hijos a escuelas donde vayan los hijos de los incendiarios? Y sin administración no hay empresa.
El tema es más grave aún, porque los vándalos incendiarios han perjudicado además de a las empresas –que tal vez con estrechez mental de otros siglos consideran enemigos– a otros trabajadores que ni siquiera se preocupan por el Impuesto a las Ganancias ya que sus sueldos no son suficientemente altos para llamar la atención del fisco.
Los incendiarios no se encontraban en situación de necesidad ni sus sueldos ni sus condiciones de trabajo eran las de trabajadores explotados. El resto del país trabajaba y ganaba dinero en las mismas condiciones que para ellos justificaban incendios.
Si fueran mal pagados o explotados podría haber una causa –nunca justificación– que pudiera explicar la rabia demostrada. Rabia que en cualquier momento puede hacerles quemar barcos, herir físicamente a personas como hicieron con el interventor del SOMU. Nadie se va a extrañar de que quieran más dinero; todos nos extrañamos que, cobrando lo que cobran, incendien y destruyan las fuentes de trabajo de ellos y de otros trabajadores económicamente mucho más humildes.
¿Cómo pueden embarcar los empresarios a marineros que apoyan, y tal vez hicieron, esos desmanes? Si no aparecen los culpables ¿Cómo se podrán separar los trabajadores de los incendiarios?
¿Alguien en su juicio entregaría una valiosa herramienta de trabajo a quienes han demostrado esa falta de respeto por la fuente de trabajo?
Lo ocurrido abre miles de preguntas cuyas respuestas llevarán meses o años. Y las respuestas no serán indiferentes a los destinos de las empresas deseadenses de las que sus trabajadores son parte básica.
Dos años después de una larga huelga de 45 días en Puerto Madryn, sin roturas ni incendios de importancia, empresas y trabajadores aún se lamen las heridas y esperan recuperar la confianza mutua perdida. Lo de Puerto Deseado es mucho más grave y llevará más tiempo y sólo la Justicia puede acelerar este necesario proceso. Todo el peso de la Ley debe caer sobre quienes la ignoran: Instigadores, incendiarios y consentidores. Nadie debe pescar en el río revuelto donde todos pierden.
Hay “políticos” que sí quieren pescar en río revuelto y sostienen “que se vayan los empresarios, que ya vendrán otros”. Ese error es el mismo del pueblo justamente enojado cuando caceroleaba y entonaba “que se vayan todos (los políticos)”. Ni los políticos ni los empresarios se improvisan. Si vienen otros empresarios –si realmente lo son– van a pedir igualmente reglas de juego claras, seguridad jurídica normal, previsibilidad y respeto. Otra cosa es estupidez llana. Se deben ir los empresarios explotadores e insensibles, si los hay, tanto como los políticos ineptos, holgazanes, o que no supieron ver lo que se venía y que era evidente y que sólo afectaba a Puerto Deseado. ¿Por qué la aparente injusticia tan enorme como para emular a Atila, no se manifestó en el resto del país? Deseado no es tan grande y su aislamiento hace más sencilla la respuesta.
Santa Cruz deberá replantearse su política pesquera, dentro del marco de la Constitución, donde tienen cabida empresarios y trabajadores, y establecer reglas de juego más claras que las actuales donde los actores económicos y sociales pueden jugar sus intereses complementarios sin la vergüenza de lo ocurrido. Los empresarios aseguran que no recibieron ni siquiera la cortesía de llamadas de acompañamiento por parte de las autoridades provinciales. ¿Son enemigos de todos? ¿Se sigue combatiendo al capital en el siglo XXI en un país constitucionalmente capitalista?
30/07/07
PESCA & PUERTOS