Los despachos bonaerenses de Producción y Puertos eran hervideros la semana pasada. En La Plata gastaban esfuerzos para descubrir cómo se filtró un informe que advertía sobre el incumplimiento de pagos e inversiones del permisionario Terrena SA -empresa de reparaciones perteneciente a SPI Astilleros- en el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, deuda que, a 10 años, no pudieron todavía cuantificar.
Los despachos bonaerenses de Producción y Puertos eran hervideros la semana pasada. En La Plata gastaban esfuerzos para descubrir cómo se filtró un informe que advertía sobre el incumplimiento de pagos e inversiones del permisionario Terrena SA -empresa de reparaciones perteneciente a SPI Astilleros- en el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, deuda que, a 10 años, no pudieron todavía cuantificar.
Se afanaban los bonaerenses en buscar culpables por motivos varios.
En primer lugar, porque Mar del Plata es el caso más emblemático de desmanejo administrativo de un ente público no estatal como son los consorcios portuarios. Los conflictos allí son permanentes. La pesca se está declarando en situación de emergencia económica y este invierno, por gélido que sea, Mar del Plata será una caldera. Los despidos por buques pesqueros parados no configuran un pronóstico, sino una promesa que los armadores, exportadores e industriales vomitan con amargura. El dragado de su acceso está sujeto a una seguidilla de maldiciones y el eco de los lamentos se diluye al instante.
En segundo lugar, porque la provincia de Buenos Aires necesita fondos siempre. Mientras los portuarios denuncian la inmovilización de un fondo provincial, la noticia de que una empresa usó el puerto sin cumplir con su compromiso inicial es motivo suficiente para molestar al interventor Matías Machinandiarena. El ejecutivo llegó del sector privado a la política con una foja de servicios impecable y de a poco se anoticia de que sanear las cuentas no será para nada sencillo.
En tercer lugar, porque la presunta irregularidad involucra al subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Horacio Tettamanti, dueño de Astilleros SPI y de Terrena, doble función reñida con la ética pública al constituir una flagrante incompatibilidad. Este conflicto de intereses llegó a la Cámara de Diputados, que ayer elevó al Ejecutivo un pedido de informes al respecto.
Pero la abulia seguirá reinando en Puertos y Vías Navegables, cartera calificada por un funcionario provincial como un “Ministerio de Educación sin escuelas”. Con los puertos descentralizados, ¿qué razón de ser tiene la Subsecretaría? Los sindicatos y empresarios que entran allí respiran el abandono total de la ascendencia política. No importa si acude un gremialista de dragados, o de un astillero, o de una naviera, o un empresario. Impera una evidente irrelevancia.
La sumisión provincial radica en el vasallaje: la Nación, a través de Tettamanti, aporta el 50% para el dragado marplatense. Curiosa inversión de roles donde el vasallo debe cobrarle deudas antiguas al señor feudal.
Por Emiliano Galli | LA NACION
21/05/13
LA NACION