El SOIP asegura que habrá más acuerdos.
El SOIP asegura que habrá más acuerdos.
La semana pasada dos firmas contrataron a más de 100 obreros del pescado bajo relación de dependencia. Ante los conflictos de este año, algunas empresas prefieren salir del sistema cooperativo. Demanda para que se ataque el trabajo en negro de las plantas clandestinas.
Varios establecimientos dedicados al procesamiento de pescado comenzaron a salir del sistema cooperativo, al modificar la relación laboral de los obreros, a los que aceptaron contratar bajo relación de dependencia.
Esta semana al menos dos firmas del sector anunciaron la registración laboral de más de un centenar de trabajadores, en acuerdos alcanzados con el Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado.
La decisión fue tomada tras varios meses de fuertes protestas contra el sistema cooperativo y de denuncias por la existencia de trabajo en negro en la actividad.
El miércoles pasado, la empresa Apolo Fish S.A. decidió contratar bajo relación de dependencia a 35 peones y envasadores que prestaban servicios en una cooperativa llamada La Armonía. En tanto que el lunes, Solimeno había adoptado la misma decisión con otros 80 trabajadores que también le prestaban servicios a través de una cooperativa. Todos los contratos se firmaron bajo el convenio pyme que rige dentro del sector.
Abandonar el sistema de autogestión y volcarse a la relación de dependencia es una alternativa que están adoptando algunas firmas luego de las fuertes protestas que hubo durante este año en el puerto local por parte de quienes impugnan a las cooperativas. Si bien los empresarios defienden la vigencia del sistema, lo cierto es que tras los fuertes cuestionamientos, algunos resolvieron comenzar a abandonarlo.
Las autoridades del SOIP vienen presentando a estos acuerdos como un logro de su gestión, en contraposición con la actividad desplegada por los obreros autoconvocados que a mediados de este año habían ocupado la sede del gremio y ejercían una fuerte presión con protestas en las calles en contra de las cooperativas y del trabajo en negro.
"Con lo hecho hasta ahora, aplicando el convenio pyme ya logramos registrar a más de mil trabajadores", subrayó el dirigente del SOIP, Luis Verón.
La conducción del SOIP pretende seguir avanzando con esta clase de acuerdos en otras empresas del rubro, tratando de conjurar las críticas que reciben de parte de los "autoconvocados", quienes los fustigan por acordar los contratos por el convenio pyme y no a través del de 1975. "Ya tuvimos buenos resultados en Mardi, El Marisco, Ardapez y Giorno sin necesidad de apelar a la violencia y ahora esperamos arrancar el año registrando en otras empresas y dejando de lado la interna del gremio hasta que lleguen las elecciones de 2010”, señaló Verón.
Según el dirigente, las críticas hacia el convenio pyme obedecen a que "la oposición no quiere que esta comisión directiva avance, como lo está haciendo, con la registración de los compañeros".
Desde el sector empresario, algunas fuentes admitieron que la decisión de cambiar la figura laboral que los une con los trabajadores es un camino que muchos están siguiendo para "no recibir más presiones".
Un empresario del sector le dijo a LA CAPITAL que "las cooperativas, si están bien constituidas, son legales y legítimas, pero por otro lado funcionarios del mismo Estado que sostiene la ley que las admite, amenazan con multas y juicios. Esto no da para más, así que vamos pasando a otro sistema".
Lo cierto es que los acuerdos involucran por ahora a empresas reconocidas del sector a las que se las cuestiona por contratar a cooperativas para procesar parte de su producción.
Lo que no está claro es el modo en el que se atacará el trabajo en negro que abunda en establecimientos clandestinos, por donde pasa además una gran cantidad de pescado informal.
Este capítulo del problema, que involucra a otros actores que basan su negocio en la ilegalidad, ya apareció varias veces en las conversaciones que el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, viene manteniendo con trabajadores, empresarios y sindicalistas de la actividad en Capital Federal.
De hecho, tanto la Cámara de la Industria Pesquera Argentina como la Cámara de Armadores plantearon en más de una oportunidad la necesidad de poner de una buena vez en marcha controles estrictos que impidan la actividad clandestina, bajo el argumento de que es "allí donde verdaderamente está el grueso de trabajadores en negro".
Incluso plantearon los perjuicios que a las empresas constituidas legalmente les provoca convivir con esta clase de establecimientos, que no sólo operan a costos laborales más bajos, sino que además distorsionan el precio de la materia prima y ocupan en "changas" a los mismos obreros que trabajan legalmente en otras fábricas, incrementando el ausentismo.
16/12/07
LA CAPITAL – MAR DEL PLATA