El procesamiento del titular del SOMU revela una trama de matonismo y negociados inadmisible en un país que quiere dejar atrás la corrupción.
El procesamiento del titular del SOMU revela una trama de matonismo y negociados inadmisible en un país que quiere dejar atrás la corrupción.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó a Omar “Caballo” Suárez, titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), por el delito reiterado en seis ocasiones de entorpecer la navegación de buques.
La medida tomó por sorpresa a un dirigente que se consideraba impune y que también es investigado por extorsión debido a que habría forzado a empresas marítimas a aportar fondos a una fundación vinculada con el gremio a cambio de no bloquear la entrada de sus buques. Según el fallo, se comprobaron casos en que se puso en riesgo la seguridad de la navegación de un buque de combustible. También se lo acusa de haber privado a los buques cargados de combustible del servicio de remolcadores para poder ingresar en el puerto.
Si bien Suárez aún no ha sido sometido a un juicio oral que confirme su culpabilidad, los gravísimos hechos que se le imputan constituirían una muestra de matonismo para obtener ganancias ilegales e impunidad para haber podido llevarlo a cabo. Suárez representa lo peor del sindicalismo argentino, un sindicalismo cebado en la corrupción e indisolublemente ligado al poder político que le ha otorgado esa impunidad.
De ahí que resulte tan preocupante como ilustrativo el hecho de que Suárez sea, o haya sido hasta hace muy poco tiempo, uno de los sindicalistas “favoritos” de Cristina Kirchner, pues así lo calificó la Presidenta.
Este dirigente construyó un holding de empresas a partir del SOMU. Con la excepción de la firma Elite Viajes, dedicada al turismo, las demás compañías están vinculadas con los negocios portuarios, un ámbito que Suárez conoce como la palma de su mano y domina como un feudo propio.
Su poder omnímodo en las terminales portuarias obedece a que cuenta con el visto bueno de la Administración General de Puertos para que las compañías navieras favorezcan a la fundación del gremio (Fundación Azul), de donde el dinero partiría, según la fiscalía, a una de las firmas de Suárez (San Jorge Marítima). El elemento de convicción empleado por el SOMU con las empresas navieras era la amenaza de sufrir contratiempos. En un escrito, Suárez negó las imputaciones y las denuncias de extorsiones realizadas por la Cámara de Armadores de Lanchas de Prácticos y las empresas Vessel SA y National Shipping. Actualmente, la Justicia investiga la ruta del dinero desde las firmas navieras hacia los gremialistas.
El modus operandi que se imputa a Suárez es el habitualmente empleado por muchos sindicalistas. Se basa en dos pilares: el dominio total del gremio -una larga especialidad del sindicalismo peronista que no admite competidores de otros signos políticos- y una estrecha relación con el poder político de turno, que por lo general ha correspondido al peronismo. Este último factor es el que permite los negocios paralelos al otorgar exclusividades, hacer la vista gorda en el cumplimiento de la ley y los contratos y, llegado el caso, brindar protección administrativa y judicial.
Por suerte parece que esa protección no corre más para Suárez, quien podría ir en camino de unirse a otra figura paradigmática del sindicalismo patoteril y corrupto: el ferroviario José Pedraza, condenado a 15 años de prisión como autor intelectual del asesinato del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Así como Pedraza se eternizó al frente de los ferroviarios, Suárez hizo lo propio con los marítimos, sindicato que lidera desde 1992. Es que las gestiones de cuño mafioso son otra de las características de gran parte del sindicalismos peronista. En efecto, en 1992 Suárez alcanzó la cúpula del gremio al reemplazar al por entonces secretario general, Juan Arce, de quien era chofer y guardaespaldas.
Suárez estuvo en Angola con la Presidenta en 2012 y fue allí donde, en forma pública, ella habló de él como uno de sus “sindicalistas favoritos y a quien quiero mucho”. Toda una definición por parte de ella.
En cuanto a Suárez, si se prueban los hechos delictivos que se le imputan, se habrá dado un paso adelante en el imprescindible saneamiento de un sindicalismo que hace mucho que resulta inadmisible en un país que quiere dejar atrás la corrupción. (La Nación)
05/01/15