Por el negocio compiten cuatro grandes empresas europeas.
Por el negocio compiten cuatro grandes empresas europeas.
El proyecto para profundizar el dragado del canal Martín García, en el Río de la Plata, es una obra argentino-uruguaya que avanza en medio de intrigas, celos binacionales y sospechas de corrupción.
En paralelo con el escándalo que generó en Uruguay la referencia de un diplomático a un supuesto “intento de soborno” de parte de operadores argentinos, se abrió esta semana un expediente en el juzgado federal de Claudio Bonadio por presunto “soborno trasnacional”. El jueves, el juez envió la causa al fiscal Federico Delgado para que decida si impulsa la investigación.
Cuatro gigantescas empresas están en carrera para quedarse con la licitación: Dredging International, Van Oord, Jan de Nul y Boskalis. Quedaron precalificadas para profundizar el dragado y recibirán las bases para presentar sus ofertas económicas.Mientras tanto, Riovia (subsidiaria de la holandesa Boskalis), que hizo el dragado original, sigue al frente del mantenimiento del canal.
Boskalis opera en 75 países y declara 14.000 empleados (contando sociedades en las que participa) y una flota de 1100 barcos. Quedó en el centro de las sospechas cuando el embajador itinerante uruguayo Julio Baráibar (hombre al que el presidente Mujica define como “un hermano”) dijo que las negociaciones por el dragado estaban empañadas por un intento de coima -supuestamente para sostener a Boskalis- de operadores argentinos al ex embajador en Buenos Aires Francisco Bustillo.
Rápidamente, el canciller Luis Almagro lo negó y su cartera emitió un comunicado escueto: “Ante la información de prensa que da cuenta de un diálogo e intento de soborno, el señor embajador Francisco Bustillo Bonasso niega que tal diálogo y tal intento de soborno hubieran sucedido”. Los medios uruguayos habían hablado de una reunión donde un diplomático argentino le habría hecho una oferta millonaria a Bustillo para favorecer a Boskalis. LA NACION consultó a los representantes locales de la firma, que no hicieron declaraciones.
Boskalis tiene experiencia en el país: participó en la construcción del puente Rosario-Victoria (y denunció a la concesionaria porque no le pagó lo convenido); dragó el puerto de Bahía Blanca, el primero de aguas profundas; construyó en 2010 -con otra firma holandesa- el gasoducto entre Tierra del Fuego y Santa Cruz, tras una licitación de 245 millones de dólares, y hasta impulsó, durante el menemismo, la aeroisla para trasladar el aeroparque metropolitano.
En el puerto de Bahía Blanca, Boskalis sigue al frente del mantenimiento junto con Jan de Nul y hace 20 días empezó las obras de ensanchamiento y profundización del dragado. Este contrato, de cinco años, es de 124 millones de dólares.
Estaba previsto que se adjudicara por licitación, pero hubo una contratación directa. Eso motivó una denuncia de Dredging International, que pidió frenar las obras; la Justicia lo rechazó. El juez advirtió, no obstante, que era “extraño” que se hubiera negociado con Boskalis sin decir nada de la mejora de precio presentada por Van Oord, firma que, según medios uruguayos, ofreció también un precio más bajo para mantener el Martín García.
El presidente del consorcio del puerto de Bahía Blanca, Hugo Borelli, dijo a LA NACION que la licitación se había declarado desierta y que su reglamento les permitía contratar al que hubiera ofrecido el precio más bajo; en este caso, Boskalis. “Somos un puerto autónomo, hacemos las inversiones con recursos propios y no recibimos dineros públicos”, advirtió.
Es habitual que las millonarias licitaciones para dragados terminen con denuncias. “Son cuatro empresas que tienen sus sedes a 25 kilómetros una de otra [entre Holanda y Bélgica], pero compiten en todo el mundo y las licitaciones siempre terminan así”, dijo un empresario del rubro.
El caso del Martín García, además, está teñido de intrigas binacionales. En Uruguay afirman que la Argentina no quiere mejorar el canal porque eso favorecería a los puertos uruguayos. “Hay reticencia para avanzar y a eso se suman las sospechas de coimas”, dijo el senador del Frente Amplio Carlos Baráibar, primo del embajador. “Para colmo, el presidente de la delegación argentina en la comisión [que hace la licitación] está procesado por corrupción”, agregó. Es Hernán Orduna, procesado este mes por supuestos sobreprecios en equipos pagados por Cancillería.
Por Paz Rodriguez Niell
27/05/12
LA NACION