Hace un año que el Estado se apropió de la empresa YPF. Hasta ahora, la política que ha provocado la decadencia de la empresa no se ha modificado y, por consiguiente, no se ha revertido la tendencia previa, salvo en aspectos cosméticos.
Hace un año que el Estado se apropió de la empresa YPF. Hasta ahora, la política que ha provocado la decadencia de la empresa no se ha modificado y, por consiguiente, no se ha revertido la tendencia previa, salvo en aspectos cosméticos.
Pese a los anuncios, no han cambiado las condiciones hostiles a la inversión y se sigue verificando una caída en la producción, en consonancia con precios subsidiados para estimular el consumo.
Así, llegamos a un cuello de botella del cual el gobierno no sabe cómo salir.
Por supuesto, los números muestran que las exportaciones de petróleo y energía siguen retrocediendo a razón de
– US$ 1.000 millones por cuatrimestre.
Si las exportaciones continúan en este sendero de caída, terminarían el año en US$ 4.500 millones.
Y si las importaciones llegan a US$ 14.000 millones, el rojo de 2013 se aproximará a US$ 9.500 millones.
Argentina pasó de ser un país autosuficiente y exportador de gas y petróleo a ser netamente importador y deficitario.
Una política más que sospechosa nos condujo directamente a la esclavitud de la dependencia energética.
Una cifra catastrófica para un país que cuenta con recursos propios y no los explota. Hoy sabemos que las estimaciones internacionales ubican a nuestro país como segundo en reservas de gas y cuartos en cuanto a petróleo no convencional.
La gestión estatal de la empresa ha logrado firmar algunos compromisos “declarativos” con diversas empresas, pero los capitales necesarios para incorporar la tecnología que permita revertir esta catástrofe siguen brillando por su ausencia y la propia YPF carece de los recursos necesarios.
Para colmo, ahora se ha agregado una nueva condición que ahuyenta a los potenciales inversores (sean públicos o privados).
Se trata de la política cambiaria, que no permite repatriar ganancias; ningún ejecutivo recomendaría arriesgarse para después tener que decirles a sus accionistas que no podrán retirar las ganancias obtenidas porque el gobierno no lo permite.
Un nuevo torpedo bajo la línea de flotación del buque insignia: la petrolera de bandera.
Si hubo una política que nos rebajó hasta la escala actual, lo mejor que podemos hacer es desarrollar otra política, que nos permita recuperar la capacidad y proyectarnos como potenciales suministradores globales.
Pero, en lugar de debatir sobre esa estrategia -que está al alcance de nuestras manos-, se entabló una sórdida pelea por los “honorarios” de los sepultureros.
Por una parte, el gobierno promovió acciones civiles contra el presidente de Repsol, Antonio Brufau, por supuestos “pagos en exceso” de los honorarios del directorio antes de la nacionalización.
Brufau respondió que los honorarios se fijaron con la aprobación del delegado por el Estado Nacional; y amenazó con divulgar el verdadero salario de los actuales directivos, colocados por el gobierno en la empresa después de su expropiación.
Se trata de un debate indecente e innecesario en estos tiempos de emergencia.
Por Carlos José Aga
28/06/13
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