Otro conflicto se desató en Santa Cruz, la provincia del presidente Néstor Kirchner.
Otro conflicto se desató en Santa Cruz, la provincia del presidente Néstor Kirchner.
Desde el 3 del actual, una quincena de plantas procesadoras de pescado están paralizadas en Puerto Deseado y buena parte de la flota pesquera fue tomada por trabajadores enrolados en la Agrupación de Marineros Santacruceños y la delegación local del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Los huelguistas desconocen el convenio laboral firmado por la conducción nacional del SOMU y las cámaras del sector, y reclaman un régimen especial para el pago del impuesto a las ganancias.
Puerto Deseado, uno de los principales puertos pesqueros, aporta el 30% de las exportaciones pesqueras. Los embarques que salen de ese puerto superan anualmente los US$ 300 millones de facturación. "Ya hay desabastecimiento de productos en el mercado interno, sobre todo merluza y kanikama", afirmó Alfredo Pott, presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la Argentina (Capeca).
Según Capeca, el conflicto podría causar pérdidas de hasta US$ 100 millones por incumplimientos de contratos y el riesgo de que la mercadería almacenada se pierda. "Desconocemos el convenio porque se firmó a nuestras espaldas y porque sólo prevé un aumento salarial de 16% escalonado a lo largo de tres años y medio. Y el impuesto a las ganancias es un impuesto al esfuerzo, al trabajo. Cuando hacemos tres mareas [viajes], el Estado se queda con el 70% de lo que cobramos por el tercer embarque. Acá en el Sur, el costo de vida es otro", dijo Daniel Medina, delegado local del SOMU.
"La actividad está virtualmente secuestrada por esta gente que, planteando una extorsión irracional, actúa contra los barcos e impide el acceso a las plantas", dijo Pott, presidente de la pesquera Santa Isabel. La protesta también afecta la actividad en los puestos de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia.
SOMU y los marineros santacruceños mantienen un duro enfrentamiento. El lunes pasado, la conducción nacional envió de interventor a su secretario de Interior, Nicolás Fuentes, que fue literalmente expulsado a las patadas de la sede local del sindicato, encabezado por el ultrakirchnerista Omar Suárez. El gremialista no atendió los llamados que le hizo LA NACION los últimos dos días.
Fuentes de la Subsecretaría de Pesca de la Nación -conducida por el santacruceño Gerardo Nieto- sólo dijeron que "se trata de un conflicto absolutamente local en el que están interviniendo las autoridades provinciales. Por ahora no tenemos injerencia". En la dirección provincial de prensa del gobierno de Santa Cruz dijeron "no tener ninguna novedad al respecto".
LA NACION pudo saber que el ministro de Economía provincial, Juan Bontempo, intimó informalmente a las empresas pesqueras a resolver el conflicto o, de lo contrario, se arriesgarían a perder los permisos de captura. En Puerto Deseado hay 16 empresas, la mayoría de las cuales tiene su planta de procesamiento en el Parque Industrial Pesquero, cuyo acceso permanece bloqueado desde hace 20 días. Cada una de estas empresas opera entre 10 y 15 barcos.
Según las empresas, el marinero de menor cualificación percibe un salario promedio mensual de 10.000 pesos, pero los trabajadores dicen que sólo cobran un fijo de 1900 pesos, y a partir de allí una remuneración variable en función de la productividad.
Los huelguistas lanzaron un ultimátum: si mañana no tienen respuesta, van a cortar las rutas. Pero hay otra razón para resolver el bloqueo: el presidente de la Nación y su esposa y candidata a sucederlo, Cristina Fernández, visitarán mañana Puerto Santa Cruz, a apenas 200 kilómetros de Puerto Deseado.
Por José Crettaz
19/07/07
LA NACIÓN