(FNM) La guerra contra la pesca pirata, responsable de considerables daños ambientales, económicos y sociales, ha comenzado. A partir del 1º de enero de 2010 entraron en vigor tres reglamentos europeos con el objetivo de “prevenir, desalentar y erradicar” la pesca ilegal en todas sus formas.
(FNM) La guerra contra la pesca pirata, responsable de considerables daños ambientales, económicos y sociales, ha comenzado. A partir del 1º de enero de 2010 entraron en vigor tres reglamentos europeos con el objetivo de “prevenir, desalentar y erradicar” la pesca ilegal en todas sus formas.
El arsenal de la Unión Europea (UE) entra en aplicación poco después de la adopción por parte de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de un tratado que prohíbe el acceso portuario de la pesca en buques que practiquen este tipo de actividades. La adopción de este tratado, luego de ser ratificado por 25 estados, significa una importante señal política.
“Ya era hora!”, exclamó Charles Braine, responsable de los océanos en WWF Francia. El monto aproximado de la pesca ilegal mundial alcanzaría los 10.000 millones de euros por año, lo que haría de esta cadena la segunda productora mundial de alimentos del mar detrás de China. Representaría el 20% de los precios mundiales, y aún más en ciertas pesqueras. En 2007, las capturas reales de atún rojo habrían alcanzado las 60.000 toneladas, no obstante sólo se declararon 34.000.
La actividad presenta múltiples facetas, desde la infracción a la reglamentación (exceso de cuotas, utilización de técnicas de pesca prohibidas, pesca fuera de estación o de la zona autorizada, etc.), hasta el puro y simple saqueo llevado a cabo por barcos sin licencia.
Todas estas causas contribuyen profundamente a la sobrepesca mundial: más del 80% de las existencias de peces son explotadas al máximo o bien sobreexplotadas, según la FAO.
Algunos barcos utilizan técnicas particularmente destructivas: arrastre del fondo marino, descartes masivos al mar de peces muertos que se juzgan no rentables…
La pesca pirata representa una competencia desleal para aquellos pescadores que se atienen a las leyes. En los países en desarrollo, esta práctica compromete la supervivencia de los pescadores locales. “El impacto socio-económico es considerable en los países pobres”, afirma Duncan Copeland, de la Fundación por la Justicia Ambiental. El saqueo priva a los pescadores de sus recursos, obstaculiza el desarrollo de las cadenas de exportación así como la percepción de tasas. Además pone en riesgo la salud de las poblaciones: en algunos países, el 80% del aporte de proteínas proviene de los peces”.
Motivada por la demanda de los países ricos, la pesca ilegal dota a las especies de un gran valor agregado: atún, merluza negra austral, camarón, langosta…ninguna zona del globo está a salvo. Inclusive los países desarrollados no tienen los medios para controlar eficazmente a tanta vastedad de especies. En aguas europeas, la probabilidad de que un barco sea sujeto de una inspección es de 1 sobre 600. Esta probabilidad se vuelve nula en alta mar (más allá de las 200 millas náuticas de la ZEE) o a lo largo de los países pobres.
África Occidental, el Pacífico y el Océano Índico se ven particularmente afectados. Los que están al margen de la ley son usualmente europeos o asiáticos.
El sistema funciona de esta manera gracias a las fallas de ciertos estados, que no controlan la legalidad de las actividades de la flota de bandera. Las banderas de conveniencia no reemplazan sus obligaciones. Como los petroleros basura, los pescadores ilegales cambian fácilmente de bandera y de nombre. Sus propietarios se disimulan en sociedades pantalla domiciliadas en paraísos fiscales.
Para contrarrestar el fenómeno, el Tratado de la FAO tiene por objetivo bloquear el acceso portuario de los estados signatarios de buques fuera de la ley (o a sus operadores logísticos) a través del control de sus actividades (exigencia de autorización de acceso obligatoria, inspecciones regulares de permisos, del material de pesca y de bitácoras, etc.).
La UE, por su parte, actúa en varios frentes. El control de sus propios buques se reforzó: el seguimiento satelital de sus posiciones así como el informe automático de sus capturas son obligatorios. En caso de infracción, las sanciones, hoy en día ni homogéneas ni disuasivas, son armonizadas y agravadas. El monto mínimo se llevó a 5.000 euros, y se instauró un sistema comparable al permiso automotriz por puntos.
En materia de importaciones, el rol de la UE es importante: es el primer importador mundial de productos derivados del mar (importa el 65% de su consumo). El nuevo reglamento tiene por objetivo el prohibir el ingreso de productos ilegales a la UE, a través de la instauración de mayores controles portuarios así como de una “lista negra” comunitaria de los buques y los estados culpables.
Más importante que todo, es que se instauró un sistema de seguimiento de productos importados, basado en los certificados de captura que deberán ser proporcionados por los buques y validados por los estados de bandera. “Es un buen ángulo de ataque, comenta charles Braine, de WWF. Es mucho más eficaz así como más económico que hacer el seguimiento en el mar”.
La UE es la primera región en el mundo en poner en funcionamiento un sistema de este tipo. “Esto no hará posible la erradicación de toda la pesca ilegal, pero es un paso importante, comenta François Chartier, responsable de océanos de Greenpeace. Las herramientas existen. Habrá que ver si los medios y la voluntad política de utilizarlas estarán disponibles”.
Adaptado al español por NUESTROMAR -Fuente: Gaëlle DuPont – Le Monde (12/01/10)
14/01/10
NUESTROMAR