Las leyes se hicieron para cumplirlas. Por civismo, por sentido común, pero por sobre todo, para facilitar la convivencia. Esas son las razones por las cuales se deben respetar las leyes, cuyo rol es el proteger nuestros derechos y libertades. El no respeto a la ley abre la puerta a la corrupción, al despotismo y como ya se ha visto, a la anarquía.
Las leyes se hicieron para cumplirlas. Por civismo, por sentido común, pero por sobre todo, para facilitar la convivencia. Esas son las razones por las cuales se deben respetar las leyes, cuyo rol es el proteger nuestros derechos y libertades. El no respeto a la ley abre la puerta a la corrupción, al despotismo y como ya se ha visto, a la anarquía.
Santa Cruz ha vivido en estas últimas semanas tiempos difíciles, donde la dificultad de entender la necesidad de prevalencia del diálogo para la resolución de los reclamos la sumergió en difíciles y duros conflictos. Pero donde también el no respeto a las leyes ha demostrado que sólo lleva a caminos de los cuales es muy difícil regresar y salir indemne.
El reclamo gremial en aras de pedir el salario que se considera justo, llevado a extremos de intolerancia, ya cobró su primera víctima con la intervención del Sindicato de Petroleros Privados.
En medio de esos reclamos se sucedieron, además, cortes y bloqueos de ruta por parte de desocupados y otros trabajadores, por fuera de sus organizaciones, como los vigiladores, dando cuenta, una vez más, que el reclamo de un derecho se hace prevalecer sobre los derechos de los demás, sin tener en cuenta las normas y las leyes que nos ponen a todos por igual y que son los jueces los encargados de velar porque así sea.
Hoy son los gremios docentes los que ven peligrar hasta su personería jurídica si continúan con la decisión de no acatar la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo, convocatoria que se vio fortalecida por la decisión judicial intimando a las asociaciones sindicales a avenirse a la resolución del organismo laboral.
Los maestros aducen a su favor que no fueron ellos los que violaron las leyes en primer lugar, recordando que la ley de Paritarias plantea un plazo de convocatoria que el gobierno no cumplió, lo cual es cierto, pero no es suficiente.
Lo que acá no se analiza es que el incumplimiento de los plazos de convocatoria no puede ser motivo para violar la ley. No acatar la conciliación es violar la ley. Lo hicieron otros gremios antes, es cierto, pero de ninguna manera ello puede ser aval para hacerlo ahora.
Que los demás incumplan la ley no me autoriza a mí a incumplirla. Si entramos en ese camino, la sociedad dejaría de vivir en un Estado de Derecho para transitar por la prevalencia del más fuerte. Y en ese juego serán, justamente, los más débiles los que salgan perjudicados, y en general esa debilidad termina asociada a los trabajadores que, en el llano, quedan en estado de indefensión absoluta.
La polémica decisión del juez Quelín es otro ejemplo. El magistrado citó a 36 docentes a declarar por el bloqueo a los yacimientos, que aún se mantiene. Esa decisión es polémica, porque no hizo lo mismo con otros trabajadores que, no hace mucho tiempo también estuvieron cortando los accesos, como el caso de los petroleros, pero no es polémica porque no se ajuste a derecho, ya que aunque miles lo hayan realizado antes, no cambia el hecho de que el bloqueo es, indiscutiblemente, una violación a la ley. Quelín tiene la obligación de ser imparcial. Por lo que no sólo debe citar a los docentes, debe avanzar también en que los petroleros, los vigiladores y demás que igualmente estuvieron participando de bloqueos respondan por sus actos. El viernes mismo un grupo de trabajadores de una contratista tomó una planta dentro de Los Perales. Más allá de que estén reclamando algo justo, su accionar es ilegal, va contra las normas de convivencia que todos acordamos como sociedad. Aún incluso si quien lo hizo fue en reclamo de un derecho básico e indiscutible: su salario.
Para el que reclama es difícil de entender ese cumplimiento, pues sólo busca que su pedido sea escuchado, pero son sus dirigentes quienes tienen la obligación de aceptar y marcar los límites, que no son otros que los que impone la misma ley.
En general hoy estamos ante una sociedad que tiende a infringir las normas de convivencia, con falta de tolerancia, falta de diálogo, y sobre todo de respeto por el otro. La forma de reclamar o de buscar imponer lo propio ha llegado a extremos inentendibles.
La golpiza que integrantes de la UOCRA propinaron a docentes y hospitalarios, de la cual se cumplió un mes esta semana, fue una muestra de la impunidad que dicho gremio creyó tener, algo en lo que hoy la demora de la Justicia en citar al cabecilla de ese acto de barbarie abre interrogantes y pone en el tapete.
Pero el escrache al domicilio del titular de Educación y los episodios ocurridos en el edificio de las Juntas de Clasificación también son una muestra de esos límites llevados al extremo. La intolerancia no lleva, jamás, a buen puerto. La intolerancia sólo provoca más intolerancia, rechazo y hastío. Eso se vio reflejado en el mayoritario rechazo que distintos sectores formularon a los hechos ocurridos. La gente no quiere que la violencia se instale como forma de expresión. La gente reclama vivir en paz y armonía.
Pero esa intolerancia no está sólo en los hechos mencionados, sino también en los discursos. Es necesario atemperar los ánimos para tratar de que la brecha de silencio que hoy existe entre el gobierno y los gremios en conflicto logre superarse y se pueda recrear el diálogo.
No es el reclamo docente, ni la férrea posición del gobierno, lo que hoy la sociedad demanda, sino vivir en armonía. Hoy los docentes corren serio riesgo de quedar enroscados en su propia lucha. De perder la serenidad para ver cuándo es el momento preciso para hacer un alto y cuándo el ideal para continuar avanzando. El gobierno, por su parte, por ser la máxima expresión de autoridad, es quien tiene la obligación de velar por esa armonía que todos reclaman. Mientras tanto, la sociedad mira, como espectadora, esa puja, y sólo se pregunta ¿Hasta cuándo?
15/05/11
LA OPINIÓN AUSTRAL