La Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la Argentinas, CAPeCA, renovó sus autoridades, las que emitieron un comunicado sobre el estado actual de la pesca comercial en Argentina.
La Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la Argentinas, CAPeCA, renovó sus autoridades, las que emitieron un comunicado sobre el estado actual de la pesca comercial en Argentina.
El 14 de abril en Asamblea General Ordinaria se eligieron las nuevas autoridades de C.A.Pe.C.A., constituyéndose como Presidente, el Guillermo Jacob; como Vicepresidente 1º Alfredo Pott; como Vicepresidente 2º Alejandro Ocampo; como Secretario el Enrique Díaz y como tesorero el Dr. Marcelo González. Como vocales quedan el Dr. Daniel Badens, Rubén Celaya y Mario Ordiales
CAPeCA emitió un comunicado de prensa que expresa lo siguiente:
“En Septiembre de año 2007 C.A.Pe.C.A convocó a todos los sectores, Provincias, Ministerios, Gremios y Cámaras del Sector, a una cena donde el entonces Presidente Alfredo Pott hizo una presentación sobre la situación de crisis en el sector pesquero y la necesidad de implementar soluciones que permitieran salir de esa encrucijada.
Han transcurrido más de 18 meses desde esa presentación y lamentablemente la nueva conducción de la Cámara asume en un contexto, tanto nacional como internacional, que lejos de mejorar ha empeorado considerablemente.
Consideramos en aquel comento que la reversión de la crisis requería de la instrumentación de medidas de política pesquera basadas en la interacción de cuatro pilares protagónicos:
• El Estado Nacional, actuando a través de la SAGYPA
• Los Estados Provinciales
• Los gremios involucrados en la actividad, tanto los marítimos, como los de tierra
• Las empresas actuando a través de sus cámaras representativas
Se debería incluir, sin duda, un actor adicional que es el de proveedores de bienes y servicios, que interactúan con nuestras empresas en cada uno de los distintos ámbitos de operación.
C.A.Pe.C.A. considera, que la situación se ha deteriorado de tal manera que, más allá de intentar instrumentar un proceso de reversión de crisis, lo que se necesita es hacer un gran acuerdo marco pesquero entre esos cinco grandes actores, para evitar un desastre de consecuencias imprevisibles, con un impacto social mayúsculo en todas las ciudades de nuestro litoral marítimo.
El ejemplo del Calamar es paradigmático. El año pasado con capturas en los niveles records históricos la flota tuvo que amarrar antes del cierre de la pesquería por falta de rentabilidad. Este año ha salido a pescar únicamente el 50 % de la flota, ¿hacen faltas más explicaciones? Creemos que no.
Las empresas que no pueden sacar sus barcos tienen un destino cierto, la cesación de pagos y el triste camino (para todos) de la convocatoria y quizás la quiebra.
En otras pesquerías la situación no es más desahogada, la pesquería del langostino enfrenta uno de sus peores años con precios cuyas medias en el valor de exportación en función de los tamaños capturados, alcanzan niveles que son inferiores a los costos de explotación.
Además debemos considerar el costo adicional que ocasiona mantener operativamente las plantas de proceso en tierra, las cuales están íntimamente ligadas a la obtención de los permisos provinciales de captura.
La pesquería de arrastre cuya principal especie objetivo es la merluza se ve afectada con la misma caída de precios con el agravante que existen las limitaciones de captura propias de la situación biológica de este recurso.
Asumiendo la gravedad de la crisis se requiere la implementación de una serie de medidas que son ampliamente conocidas por todos y que reiteramos a continuación de esta presentación a manera de recordatorio.
Mientras éstas medidas se instrumentan (la implementación de la mismas se han demorado inexplicablemente) es imperativo que la Autoridad pesquera lidere un acuerdo entre todos los sectores involucrados para evitar al menos que la situación se continúe deteriorando.
Hay señales claras que algunos de los actores mencionados no entienden la gravedad del problema. Mientras los Sindicatos de personal embarcado, liderados por el SOMU han tomado una actitud responsable, en el caso específico del calamar, las provincias siguen aumentando sus tarifas, y convalidando pedidos sindicales de actividades en tierra, que son irracionales en el contexto actual. El Estado Nacional, por su parte, retiene las devoluciones del IVA o pago de reintegro de impuestos a la mayoría de las empresas por presuntos problemas con las exportaciones de granos o aceites vegetales. Los proveedores de combustibles continúan con incrementos permanentes de precio llegándose al absurdo que nuestros precios sean superiores a los del surtidor.
Es evidente que se requiere de una acción inmediata y concreta que apunte como primer paso al consenso generalizado para avanzar en el congelamiento de la situación actual, revirtiendo al mismo tiempo algunas medidas tomadas intempestivamente por el Estado y se establezca al menos un cronograma de implementación de las medidas solicitadas de modo de restablecer un marco de previsibilidad en la administración.
Medidas propuestas:
1) Apoyar la sanción de una nueva ley que restituya los “reembolsos por puertos patagónicos”.
2) Solicitar la eliminación de los derechos de exportación a los productos pesqueros y restablecer un régimen de “reintegros que abarque a los productos congelados a bordo”.
3) Regularización del pago de los estímulos a la exportación como los reembolsos y reintegros. Independientemente de esto no estamos cobrando desde octubre del 2008 los reintegros vigentes a la fecha y la falta de cobro ha dejado sin capital de trabajo a las empresas pesqueras.
4) Gestionar ante las autoridades provinciales competentes una rebaja de los costos de los servicios portuarios cuyo mayor rubro es la estiba.
5) Apoyar la gestión de créditos “para capital de trabajo”, bajo condiciones internacionales, ante el sistema financiero local. Hemos dicho reiteradamente que se debe crear una norma especial flexibilizando las que están en vigor que impiden en la práctica el acceso a la gran mayoría de las empresas, en dificultades. En el año 1981 hubo una experiencia exitosa cuando el Estado estableció una línea de crédito especial, a través de los bancos oficiales, para otorgar créditos de capital de trabajo por montos equivalentes al 50 % del promedio de los volúmenes de exportaciones efectuadas por las empresas de los dos años previos. Estos créditos tuvieron avales del Estado y se devolvieron puntualmente en una enorme proporción.
Puede aquí surgir la controversia sobre la conveniencia de que el Estado Nacional tome o no este riesgo, es evidentemente un punto válido pero creemos no debe de perderse de vista que si no se lo hace, el costo social que deberá enfrentar finalmente, será mucho mayor.
6) Agilizar la devolución del IVA y del impuesto al combustible a los exportadores de productos pesqueros.
7) Inclusión de todos los productos pesqueros en el listado de productos que se negocian en los acuerdos de “libre comercio” con la Unión Europea y en el régimen de preferencias arancelarias vigente actualmente con los Estados Unidos de América. En particular debemos destacar que el 31 de diciembre del corriente año vence el SPG otorgado por la UE para los productos pesqueros argentinos por lo que es indispensable que nuestra Cancillería efectúe las tareas necesarias para su renovación.
8) Adoptar las medidas para garantizar la realización en tiempo y forma, de las campañas de evaluación e investigación biológicas necesarias para una correcta determinación del estado de los recursos como base sólida para las medidas de manejo.
9) Consolidar un marco legal más previsible y estable y en concreto la aplicación integral de la Ley Federal de Pesca, otorgando las Cuotas Individuales de Captura para todas las especies, con base en el Art. 27 de dicha Ley, lo que reforzaría en gran manera la solidez de las empresas pesqueras.
10) Declarar la crisis y emergencia pesqueras, porque es la situación real ante la que nos encontramos.
11) No permitir la descarga en puertos argentinos de las capturas efectuadas por barcos de terceras banderas en las aguas adyacentes a nuestra zona económica exclusiva ni facilitar esos movimientos.
12) Encarar en forma real y concreta el problema de la milla 201, negociando dentro del marco de los intereses de nuestro país y la defensa de su soberanía, el control de las capturas en esa área en nuestro carácter de país costero adyacente.
Dentro de ese marco diplomático gestionar la suscripción de convenios de cooperación científica que permitan el control de las capturas en la zona de Alta Mar mediante el intercambio de datos entre los organismos competentes de cada país con intereses pesqueros en la zona.”
22/04/09
CAPeCA