En distintos ámbitos pesqueros era aguardada para la sesión de hoy en Legislatura el tratamiento de la ley general de Pesca de la provincia de Chubut, que apunta a unificar la normativa para el sector, en una iniciativa que ya cuenta con despacho de las comisiones correspondientes y sobre la que muchas voces han expresado que hay “consenso”, más allá de que por lo bajo se mantienen algunas visiones críticas que no están siendo hoy materia de discusión al menos en el ámbito público.
En distintos ámbitos pesqueros era aguardada para la sesión de hoy en Legislatura el tratamiento de la ley general de Pesca de la provincia de Chubut, que apunta a unificar la normativa para el sector, en una iniciativa que ya cuenta con despacho de las comisiones correspondientes y sobre la que muchas voces han expresado que hay “consenso”, más allá de que por lo bajo se mantienen algunas visiones críticas que no están siendo hoy materia de discusión al menos en el ámbito público.
Uno de los borradores que se ha conocido establece entre sus principios generales que la provincia busca fomentar “una política de desarrollo pesquero social y ecológicamente sustentable, tendiente a la obtención de la máxima renta social y derivada del aprovechamiento integral de los recursos vivos del mar, procurando la radicación efectiva y permanente en el territorio provincial de empresas pesqueras que promueven fuentes de trabajo estable, duradero y calificado, innovación tecnológica y la obtención del mayor valor agregado de los recursos”.
La norma fija la propiedad del Estado provincial sobre lo recursos existentes en aguas bajo jurisdicción provincial (12 millas desde la línea de costa) y hace una diferenciación de las flotas entre congeladores, fresqueros (de altura y amarillos menores a 21 metros) y costeros (hasta un máximo de 9,9 metros de eslora).
Una de las novedades que se introduce en la nueva norma es la duración de los permisos, al menos a partir de la lectura del último anteproyecto que circuló en Comodoro Rivadavia, desconociéndose si este aspecto ha sufrido modificaciones en los dictámenes de comisión que serán puestos hoy a consideración.
Por ejemplo, en el artículo 10 se establece en uno de sus incisos que para operar con buques congeladores y fresqueros de altura (más de 21 metros de eslora), los permisos tendrán una duración de hasta 4 años, dependiendo de la calificación del proyecto de desarrollo pesquero que presente la empresa en cuestión. Y la condición para acceder es poseer plantas procesadoras de pescado o mariscos en territorio chubutense. El requisito de plantas procesadoras no rige para la flota fresquera de menos de 21 metros y para la amarilla de menos de 9,9 metros, pero la duración de sus permisos seguirá siendo de un año, como ocurre en la actualidad.
Además, en el inciso 3 del mismo artículo se lee la figura de “autorizaciones de pesca”, que será otorgada a “aquellas personas físicas o jurídicas en relación a un programa experimental debidamente presentado y aprobado por la Autoridad de aplicación y tendrá una duración de hasta un año, pudiendo renovarse en virtud de la magnitud del proyecto de investigación”.
También se reitera la exigencia de una relación de empleo directa del personal de plantas procesadoras, sin intermediación de empresas de personal eventual o cooperativas; se establece también la obligación de que un mínimo del 50 por ciento de la tripulación embarcada deberá acreditar una residencia efectiva de dos años en territorio provincial, salvo que el titular del permiso acredite fehacientemente la inexistencia de personal debidamente capacitado para cumplir ese requisito.
Asimismo, se establece que para acceder a “nuevos permisos de pesca comercial para operar con buques congeladores” (la redacción en este caso plantea dudas respecto de si se trata de la renovación de permisos o de nuevos permisos a otorgar, algo que está impedido por una ley de emergencia que impedía aumentar el esfuerzo pesquero en el golfo San Jorge), con los siguientes requisitos, que exigen empleo en tierra: 1 puesto de trabajo en tierra cada 9 metros cúbicos en buques de hasta 600cúbicos de bodega; 1 puesto en tierra cada 8 metros cúbicos en buques de hasta 1.300 cúbicos de bodega; y 1 puesto cada 7, en buques superiores a 1.300 cúbicos de capacidad de bodega.
Para los fresqueros de altura, la condición es de 1 puesto de trabajo en tierra cada 3 m cúbicos de bodega.
Proyectos de desarrollo pesquero
El proyecto de ley contempla en su artículo 17 que los titulares de permisos pesqueros deberán proponer proyectos de desarrollo pesquero, que serán calificados con determinado puntaje (a establecer en la reglamentación) y que serán la variable para definir la duración de los permisos. Los mismos deberán apuntar a:
-Diversificación de la actividad productiva de la planta, procesamiento en tierra de especies distintas a las tradicionales, aprovechamiento en planta de captura efectuadas fuera de la jurisdicción provincial u otra actividad similar (por ejemplo, puede pensarse en el procesamiento de calamar en plantas de la provincia).
-Desarrollo de proyectos pesqueros alternativos, tales como cultivo y explotación de moluscos, algas o el desarrollo de maricultura u otro similar.
-Incremento del valor del producto de la pesca, efectuado total o parcialmente en territorio provincial.
-Innovación tecnológica.
Capacitación del personal empleado, embarcado o en planta.
Los proyectos podrán elevar su calificación en base a certificación por parte de organismos nacionales o internacionales; disminución de impacto ambiental; compra a proveedores locales y de la provincia; excedente de personal efectivamente contratado respecto a los mínimos exigidos por ley; instalación de bocas de expendio a consumidores finales en la provincia.
La renovación de los permisos plurianuales dependerá de la presentación de nuevos proyectos. Se establece además que los mismos serán intransferibles, excepto “mortis causa”. Si se da la transferencia, deberá incluirse también la obligación de proyectos y operaciones de plantas que dieron origen al permiso.
El reemplazo de buques podrá hacerse sólo por otra unidad de capacidad de bodega menor o equivalente a la sustituida, a fin de que no haya aumento del esfuerzo pesquero.
En el capítulo de operatorias, se establece que “los titulares de permisos de pesca no podrán enviar fuera de la provincia materia prima sin procesar, salvo aquellas comprendidas en convenios interprovinciales”. Reestablece la obligación de desembarcar toda la captura en puertos de Chubut y su procesamiento en plantas de su territorio, salvo embarcaciones incluidas en convenios interprovinciales (como el convenio del golfo).
La flota langostinera estará obligada a destinar todas sus capturas incidentales para el abastecimiento de plantas procesadoras ubicadas en la provincia (se busca evitar así el descarte de merluza).
Uno de los temas que había motivado cuestionamientos desde el Centro de Patrones de pesca fue precisamente la un artículo que establecía la responsabilidad solidaria de los capitanes de los barcos, frente a multas para el armador por posibles violaciones a la normativa o ingreso de pesca a zonas no habilitadas.
10/04/07
CRÓNICA