Tras la conclusión sin acuerdo del plazo que las partes se habían dado para solucionar el conflicto sobre la ampliación del Canal de Panamá, el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) ha acusado a la Autoridad del Canal de Panamá de romper las negociaciones, lo que deja el proyecto en “riesgo inminente” de acabar paralizado, según informa Sacyr en un comunicado. Pese al tono duro del documento, la constructora española, líder del consorcio responsable de los trabajos junto a la italiana Salini-Impregilo, asegura que seguirá negociando para poder llegar a un pacto sobre la financiación que permita finalizar el proyecto. La falta de acuerdo ha provocado una fuerte caída en Bolsa de Sacyr, con lo que la compañía presidida por Manuel Manrique enjuaga toda la subida de la víspera.
Tras la conclusión sin acuerdo del plazo que las partes se habían dado para solucionar el conflicto sobre la ampliación del Canal de Panamá, el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) ha acusado a la Autoridad del Canal de Panamá de romper las negociaciones, lo que deja el proyecto en “riesgo inminente” de acabar paralizado, según informa Sacyr en un comunicado. Pese al tono duro del documento, la constructora española, líder del consorcio responsable de los trabajos junto a la italiana Salini-Impregilo, asegura que seguirá negociando para poder llegar a un pacto sobre la financiación que permita finalizar el proyecto. La falta de acuerdo ha provocado una fuerte caída en Bolsa de Sacyr, con lo que la compañía presidida por Manuel Manrique enjuaga toda la subida de la víspera.
El plazo concluyó en la medianoche de Panamá (06.00 hora peninsular española) y unas tres horas después, Sacyr ha remitido un comunicado al regulador bursátil español en el que explicaba que “sigue buscando una solución de financiamiento para terminar el proyecto y las obras en 2015, a pesar de que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) rompió las negociaciones”.
En el texto enviado a la CNMV, las constructoras exigen a la ACP que “abandone su posición injustificadamente rígida” y le reclaman el pago de 50 millones de dólares (37 millones de dólares) “por una factura pendiente […] para pagar a las subcontratistas y a los trabajadores y cubrir así las nóminas de esta semana”. Además, el grupo liderado por Sacyr reitera que “la ruptura de las negociaciones pone la expansión del Canal y hasta 10.000 puestos de trabajo en riesgo inminente”. “Sin una solución inmediata, Panamá y ACP enfrentarán años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso”, advierten antes de amenazar con que, si sigue sin haber acuerdo, “los amplios beneficios económicos de la expansión del Canal no estarán disponibles para el pueblo panameño por años”.
Las negociaciones —directas e indirectas— se mantuvieron durante el fin de semana pasado. Es la tercera ocasión en que la Autoridad del Canal y el consorcio empresarial se dan un plazo para alcanzar un acuerdo y no logran conseguirlo.
El lunes por la tarde, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, aseguró en declaraciones a la prensa que las partes “están cerquita de llegar a una feliz conclusión o feliz término” en sus conversaciones. Sus palabras sirvieron para impulsar en un 6% el valor de Sacyr en Bolsa, aunque este miércoles ha seguido el camino contrario y han llegado a perder un 8%. Cerca de las 11.30 de la mañana (hora peninsular española), han moderado el descenso al 6,75%.
Origen del conflicto
La crisis estalló el 1 de enero, cuando el grupo advirtió a la ACP que, a partir del 20 de enero, paralizaría la construcción de las nuevas esclusas si no se le pagan 1.600 millones de dólares (1.200 millones de euros). Estos fondos se destinarán a gastos adicionales y sobrecostes que, según reiteran las constructoras, se deben a “condiciones geológicas imprevistas”, lo que ha obligado a utilizar “gran cantidad de recursos adicionales”. Además, defienden que los fondos que se precisan son “de tal magnitud que ningún contratista o empresa privada puede soportarla por sí misma” y denuncian que “hasta la fecha, ACP no ha realizado ningún pago por las circunstancias imprevistas que han afectado al proyecto”.
“Las empresas de la GUPC son empresas de construcción, no bancos. Es injusto e imposible para la ACP y Panamá esperar que las empresas privadas financien por sí mismas los 1.600 millones de dólares de costos en un proyecto que debería ser financiado en su totalidad por la ACP”, indica Sacyr antes de defender que “el derecho panameño aplicable destaca que debe existir un equilibrio y un balance razonable en el contrato”.
Hasta el momento, sin embargo, las autoridades del canal han rechazado la petición de las constructoras y alegan que todo debe canalizarse bajo los términos del contrato bilateral firmado en 2009. Pero esto supone otro punto de fricción entre las partes. Para las constructoras, conseguir una “solución equilibrada y negociada de buena fe” al problema financiero es “independiente de la resolución de las disputas en curso” en la Junta de Resolución de Conflictos de Panamá. Según añaden, con un acuerdo para aliviar la carga de los 1.600 millones de dólares se podría “dar tiempo” a los procesos de arbitraje internacional para que sean ellos quienes establezcan “la responsabilidad última de los costos adicionales siempre bajo el Contrato y la ley aplicable”.
Propuesta de financiación
En este sentido, la base de las conversaciones parte de la propuesta planteada por la aseguradora Zurich y que aboga porque las partes compartan la carga financiera extra al 50%. Sacyr y Salini-Impregilo explican que, en su oferta, el grupo se compromete a aportar 100 millones de dólares (unos 73 millones de euros) de nueva financiación, lo que se sumaría a los 300 millones ya proporcionados. La propuesta se completa con un crédito de 400 millones (unos 295 millones de euros) que vendría de la conversión de la fianza del proyecto en un préstamo. A cambio de estos fondos, las constructoras logran una moratoria para devolver los 785 millones que ya han recibido en concepto de anticipo.
“En otras palabras, la mayor parte del aporte de la ACP es mediante la extensión del plazo para la devolución de los fondos ya adelantados y que están plenamente asegurados, para que GUPC sea capaz de poner más fondos en el proyecto ahora”, asegura el comunicado.
El grupo se ganó en 2009 la licitación para construir las nuevas esclusas, en los litorales Pacífico y Atlántico, con una oferta de 3.118 millones de dólares. Ese mismo año, el consorcio empezó las labores con la meta de concluir en 2014, aunque una serie de atrasos registrado en 2012 obligó a trasladar la finalización de los trabajos a 2015. Hasta el momento, las esclusas tienen un avance del 70% UPC “a pesar de las dificultades y pérdidas financieras”, recuerda este miércoles Sacyr en la nota remitida a la CNMV.
Por José Meléndez
05/02/14
EL PAÍS (España)