El proyecto de ley de pesca fue el único que no tuvo aprobación de los tratados ayer durante una sesión que se extendió durante siete horas. Resultaron aprobadas las iniciativas relativas al presupuesto, la obesidad (se considera enfermedad), la obtención de un crédito del BID, la imposición de un gravamen a los pools de siembra y a cambios en la ley del Régimen Jurídico.
El proyecto de ley de pesca fue el único que no tuvo aprobación de los tratados ayer durante una sesión que se extendió durante siete horas. Resultaron aprobadas las iniciativas relativas al presupuesto, la obesidad (se considera enfermedad), la obtención de un crédito del BID, la imposición de un gravamen a los pools de siembra y a cambios en la ley del Régimen Jurídico.
El reclamo a viva voz de una ley de pesca y la acusación, también a viva voz, porque la norma “destruiría a 3.000 familias” dividió a los pescadores que se ubicaron en los palcos de la Cámara de Diputados y que se identificaron con las posiciones que desde las bancas sostuvieron la legisladora Lucy Grimalt y Juan Carlos Almada, respectivamente. Ocurrió ayer, en el recinto legislativo, cuando al mediodía tuvo lugar el debate del proyecto que finalizó con el retorno a la Comisión para que nuevamente sea analizado, claro está, en el próximo período que se iniciará el 10 de diciembre.
Luego de tres años de tratamiento del proyecto de ley de pesca, el legislador de Victoria pidió que volviera a comisión, entre otros argumentos, para posibilitar “mayor participación de los sectores involucrados”. Abogó por una norma que cuide el recurso pesquero pero también a quien vive de la actividad y advirtió sobre la “hermosa” ley que sobre la materia tiene la vecina provincia de Santa Fe “donde se pesca en forma indiscriminada y se hace lo que se quiere”. Insistió en la necesidad de un estudio serio para arribar a “una ley que sea respetada por todos”.
Grimalt (La Red) por el contrario, ratificó su posición respecto de la “necesidad de regular la pesca”, dando cuenta que “el problema no son los pescadores” y que la relevancia de legislar surge a partir de la actividad de los frigoríficos exportadores. “Al no haber controles y ante el quiebre que produce la posibilidad de exportar, fue surgiendo una nueva situación con un impacto negativo que nadie puede negar”.
Reiteradamente insistió que “se busca ponerle límites a los empresarios” y que “no se deja afuera la situación de los pescadores”.
Interrumpida por afirmaciones, procedentes de la barra, tales como “usted nunca charló con los pescadores” y “3.000 familias se van a morir de hambre, señora diputada”, Grimalt precisó los tres objetivos claros que debe tener el Estado con relación a esta actividad: proteger el recurso, dar garantías para que a los trabajadores se los respete en calidad de tal y que la actividad pesquera perdure en el tiempo.
La afirmación de la diputada respecto de que el proyecto apunta a “una ley integral, que protege el recurso, la actividad y no deja solos a los pescadores” fue respaldada por quienes realizan esta tarea en forma artesanal en Paraná, presentes en el recinto pero no modificó la actitud del grupo interpretado en el debate por la posición de Almada y que finalmente se dio por satisfecho cuando el proyecto volvió a comisión, con los votos del oficialismo, sin ningún tipo de plazo para un próximo tratamiento.
Los diputados radical Fabián Rogel y del Movimiento Social Entrerriano Juan Domingo Zacarías, también intervinieron en el debate. En el primer caso, para destacar que va a finalizar un segundo mandato —en la anterior gestión también esta legislación estuvo en debate— “sin ley de pesca”, que “la ausencia del Estado en esta materia es inconcebible” y advertir que “sin ley, hay gente que se beneficia y otra que se perjudica, que de intereses estamos hablando”.
Zacarías, en tanto, esgrimió una posición conciliadora, al subrayar que tanto Almada como Grimalt estaban preocupados por el mismo tema, “ambos interesados en resguardar una producción, una actividad”. Convocó al diálogo para “encontrar la síntesis adecuada” y promovió a la diputada Grimalt “como gestora de la iniciativa” para que en la próxima gestión y por este tema sea convocada en carácter de asesora.
POR MAYORÍA. Con el respaldo de 16 legisladores tuvo media sanción el proyecto de ley de presupuesto 2008 que posibilitará al gobernador electo Sergio Urribarri “iniciar la gestión con el orden administrativo necesario”, manifestó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Julio Aldaz.
“No va a sorprender a nadie”, dijo el legislador con referencia al texto que ahora deberá tratar el Senado al que caracterizó por la “previsibilidad” que permitirá a “un Estado acompañar al sector privado”.
El artículo 1 fija en $ 5.553.375.000 las erogaciones y en el 2, en $ 5.413.624.000 los ingresos, por lo que en $ 139.751.000 ubica el resultado negativo, que será atendido con las fuentes de financiamiento, deducida la amortización de la deuda y disminución de otros pasivos.
“Este presupuesto consolida un profundo proceso de recuperación económica iniciado hacia fines de 2003, con efectos positivos sobre los distintos indicadores económicos y sociales”, evaluó el legislador.
El 52 % de lo presupuestado tiene como destino cubrir el gasto en personal, activo y pasivo. Son 58.173 los cargos en planta permanente, 243.000 las horas cátedras permanentes y 3.243 el número de personal temporario.
El proyecto crea 300 cargos de agentes en el ámbito de la Policía de la provincia, 150 destinados al Poder Judicial, 4 del escalafón general, 25 del escalafón docente destinados al Consejo General de Educación y 40 horas cátedras con destino al Servicio Penitenciario.
Desde la oposición —UCR, La Red, Concertación Entrerriana e Integración— las críticas fueron similares. El presidente de la bancada radical volvió a señalar la “fragilidad económica” de la iniciativa debido a la dependencia del Estado provincial respecto del nacional, el stock de deuda, el nivel de gasto corriente, el déficit previsional.
22/11/07
EL DIARIO DE PARANA