Resulta prudente revisar el sistema impositivo minero y preservar la competitividad, pero ejerciendo los debidos controles en defensa del ambiente.
Resulta prudente revisar el sistema impositivo minero y preservar la competitividad, pero ejerciendo los debidos controles en defensa del ambiente.
Por medio de un reciente decreto, el gobierno nacional eliminó los derechos de exportación sobre los productos mineros, incluyendo oro, cobre, plata, potasio, molibdeno y litio. Estos productos estaban sujetos a retenciones de entre el 5 y el 10%. El decreto justifica la medida en la necesidad de mejorar la posición competitiva de la minería argentina frente a sus pares de la región.
Tal decisión fue adoptada como una excelente noticia por las provincias que tienen yacimientos en exploración y, obviamente, por el sector minero. Sin embargo, distintas organizaciones no gubernamentales y sectores de la sociedad elevaron sus críticas por entender que se trata de una acción que favorece a una actividad altamente contaminante que, a juicio de esos sectores, no debería ser incentivada.
La minería está, desde 1993, sujeta a un régimen de estabilidad fiscal instituido por la ley de inversiones mineras, que consiste en el compromiso del Estado de no incrementar la carga tributaria de los emprendimientos por 30 años, con el propósito de promover las inversiones en ese sector. Sin embargo, en 2002, el Ministerio de Economía fijó, en forma transitoria, derechos de exportación con fines eminentemente recaudatorios que sólo alcanzaban, inicialmente, a los nuevos proyectos de inversión minera.
Con posterioridad, en evidente violación del régimen de estabilidad fiscal, hacia fines de 2007, los entonces secretarios de Comercio Interior y de Minería de la Nación instruyeron a la Dirección Nacional de Aduanas a que cobrase las mencionadas retenciones a la exportación incluso a las compañías que se encontraban amparadas por el régimen de estabilidad.
Frente a esa situación -que ya había originado varios reclamos que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, el reciente decreto elimina las retenciones por entender que provocaron “una situación de pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera”.
Desde el punto de vista meramente fiscal no existe ninguna evidencia comprobable de que la alta presión tributaria haya logrado, de modo indirecto, proteger el medio ambiente, sino que, por el contrario, ha generado una disminución en el nivel de inversiones que aumenta considerablemente ese riesgo. Sin embargo, en la Argentina, cualquier debate que involucre al sector minero genera una discusión de fondo que pone en duda el concepto de minería sustentable o responsable. Probablemente, debido a la falta de controles específicos y eficientes sobre la actividad y los vaivenes políticos.
Es así que, de modo inexorable, se asocia a ese sector productivo con el riesgo latente de un desastre ambiental, no porque sea imposible desarrollar la actividad de un modo técnicamente seguro, sino debido a la dificultad de garantizar los controles que la actividad requiere.
Rápidamente, se relaciona esta medida con el derrame de cianuro producido en octubre del año último en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold. Aún más luego de la reciente noticia de que un nuevo peritaje oficial realizado en San Juan sostuvo que se contaminaron cinco ríos de la región. Viene a la memoria el accidente: la rotura de una cañería en la mina Veladero, explotada por la mencionada minera, y el posterior derrame de aguas cianuradas se difundieron por las redes sociales antes de cualquier anuncio de la empresa o de la autoridad local.
El entonces gobernador José Luis Gioja y la empresa minimizaron los hechos. Incluso, el presidente de la cámara minera provincial afirmó: “Como el cianuro está muy diluido en agua, te podés tomar hasta medio vaso que no te hace nada”. Luego, se conoció que el derrame superaría el millón de litros de solución cianurada a la cuenca de los ríos Potrerillos, Jachal, Las Taguas y Blanco debido a una falla de mantenimiento de una válvula.
Viene también a la memoria la ley de protección de glaciares sancionada en 2008, con la unanimidad de ambas cámaras del Congreso, pero vetada inmediatamente por la entonces presidenta Cristina Kirchner, suceso recordado como el “veto Barrick”, por la presión de la empresa responsable del Proyecto Binacional Pascua Lama, que ya explotaba el yacimiento de oro en Veladero, en San Juan, y cuyo presidente se había reunido con Néstor Kirchner y el ministro Julio De Vido días antes del veto en Nueva York.
Es evidente que quienes apelan al argumento ambientalista para rechazar la eliminación de las retenciones sobre los productos mineros ven en ella un premio a las empresas mineras que contaminaron de cianuro los ríos de San Juan, aun cuando la mayor presión tributaria no generara un mayor contralor ambiental, ya que las retenciones a las exportaciones mineras eran un impuesto no coparticipable, por lo que financiaban rentas generales del Estado nacional sin afectación específica a políticas ambientales y sin reportar beneficio alguno para las provincias donde se produce la extracción de los metales y demás productos minerales.
Es cierto que al anunciar la eliminación de las retenciones a las exportaciones en el sector minero Mauricio Macri instó a “desarrollar” la producción “en absoluto respeto por el medio ambiente”. Sin embargo, el anuncio realizado en San Juan sin exigir una mayor transparencia, escasa en el sector, y un plan de inversión serio que disminuya el riesgo ambiental que toda actividad minera implica parece una medida que hace preponderar la producción sobre la salud y bienestar de las poblaciones y el manejo sustentable de nuestros recursos.
Nadie niega que resulta prudente revisar el sistema impositivo minero ni la necesidad de preservar la competitividad del sector, pero debería repararse en que determinadas medidas sin contrapartida pueden ser confundidas y afectar la imprescindible credibilidad de un gobierno que llegó al poder con la promesa de dejar atrás un relato mentiroso para enarbolar nuevos valores. (La Nación)
09/03/16