La reforma impulsada por el Decreto 37/2025 busca modernizar la regulación marítima, pero abre también interrogantes sobre su implementación y alcance real.
El 20 de mayo, la Universidad del Salvador fue sede del encuentro “REGINAVE: Actualización y Desregulación”, una jornada organizada por el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM – Rama Argentina) que reunió a autoridades, expertos jurídicos y técnicos para debatir los alcances y límites del nuevo Decreto 37/2025.
El evento contó con la participación del Dr. Erick Alejandro Oms (IIDM), el Dr. Diego Manuel Fleitas Ortiz de Rozas(Ministerio de Seguridad), el Dr. Juan Ignacio Penco (IIDM), el Dr. Matías Bongiorno (IIDM), y los representantes de Prefectura Naval Argentina, el Prefecto General Luis Gularte y el Prefecto Mayor Juan Carlos Cubisino.
Una reforma necesaria, aunque no exenta de tensiones
Los participantes coincidieron en que el marco anterior del REGINAVE resultaba excesivamente burocrático y fragmentado. Desde hace años, las trabas administrativas, los costos regulatorios y la superposición normativa habían erosionado la competitividad del sector naviero argentino.
El Dr. Fleitas Ortiz de Rozas describió un escenario preocupante: “La industria naviera argentina se ha ido achicando. Hoy está al borde de la desaparición. Era imprescindible simplificar procesos para evitar que los sobrecostos sigan trasladándose a toda la economía.”
La respuesta estatal tomó forma en un decreto que promueve la desregulación administrativa, la simplificación de trámites, la delegación de funciones y la armonización con estándares internacionales, en una clara apuesta por revitalizar el sector. Sin embargo, varios expertos alertaron que, en un campo tan regulado por razones de seguridad, cualquier simplificación debe ser cuidadosamente calibrada.
Avances normativos destacados
Entre los principales cambios promovidos por el nuevo decreto, se destacaron:
- La creación de un régimen simplificado para habilitar buques menores a 100 toneladas, permitiendo que ingenieros navales certifiquen sin intervención directa de Prefectura.
- La delegación de funciones a entidades privadas o federaciones deportivas, como en el caso de la navegación recreativa.
- El reconocimiento de certificaciones internacionales para equipos de seguridad y empresas de buceo, lo que busca reducir trabas paraarancelarias.
- La eliminación de requisitos como los certificados de libre deuda para la inscripción de buques o la presencia de Prefectura para autorizar regatas y despachos.
- El impulso a la digitalización, el domicilio electrónico y la reducción de instancias presenciales como norma general.
El Prefecto Gularte destacó que el nuevo enfoque apunta a “una administración más ágil, con estándares internacionales y menos interferencia del Estado en cuestiones que pueden resolverse con certificaciones privadas”.
Una reforma en proceso, con debates abiertos
No obstante, el Dr. Bongiorno planteó que el derecho marítimo, por definición, no es un campo fácilmente desregulable. “La actividad está regida por principios de seguridad y normas técnicas internacionales como MARPOL y SOLAS. No se trata simplemente de reducir requisitos, sino de reorganizar con criterios técnicos sólidos y previsibles.”
En ese sentido, uno de los avances más valorados fue la incorporación de un título preliminar que incorpora principios modernos como la libertad económica, la contratación privada, y la adecuación a convenios internacionales ratificados por Argentina, lo que aporta previsibilidad para armadores y operadores extranjeros.
Sin embargo, algunos actores del sector expresaron en forma reservada sus dudas sobre cómo se implementará el régimen simplificado en regiones del interior, o sobre la capacidad real de fiscalización descentralizada sin generar vacíos de control. También persisten interrogantes sobre el nuevo rol de las sociedades de clasificación, que si bien tienen trayectoria técnica internacional, no siempre operan bajo criterios homogéneos.
El Prefecto Mayor Cubisino compartió que la Prefectura Naval ya venía trabajando en un proceso de modernización institucional. La Ordenanza 3/25 amplía servicios reglamentarios y busca una distribución territorial más eficiente de los controles. “No todo debe pasar por la Prefectura. Pero tampoco todo puede quedar en manos privadas sin supervisión efectiva”, señaló, marcando una postura intermedia entre el control estatal y la delegación funcional.
El equilibrio entre agilidad y responsabilidad
El nuevo REGINAVE representa, sin duda, un paso importante hacia una mayor eficiencia normativa y administrativa. Aporta instrumentos concretos para facilitar la actividad naviera, algo que el sector reclamaba desde hace años. Pero también deja planteadas preguntas fundamentales sobre la capacidad de gestión del Estado, la seguridad jurídica, y los mecanismos de fiscalización en un esquema más liviano.
En tiempos de reformas aceleradas, el verdadero desafío será sostener este equilibrio: fomentar la libertad y la inversión sin debilitar las bases técnicas y regulatorias que garantizan la seguridad, la transparencia y la responsabilidad ambiental en el sistema de navegación argentino. (GLOBALPORTS) #NUESTROMAR
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