El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha telefoneado este lunes al presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, para interceder sobre la devolución de las ayudas concedidas a los astilleros españoles en el marco del sistema de bonificaciones fiscales del ‘tax lease’, sobre la que el Ejecutivo comunitario tiene previsto decidir el 17 de julio.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha telefoneado este lunes al presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, para interceder sobre la devolución de las ayudas concedidas a los astilleros españoles en el marco del sistema de bonificaciones fiscales del ‘tax lease’, sobre la que el Ejecutivo comunitario tiene previsto decidir el 17 de julio.
La llamada telefónica, a petición de Rajoy, se ha producido poco después de las 13.00 horas y “se ha concentrado en la cuestión de los astilleros”, según ha explicado a Europa Press la portavoz del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde, que no ha desvelado más detalles del contenido de la conversación. El Gobierno de Mariano Rajoy ha pedido al Ejecutivo comunitario que dispense a España de la obligación de recuperar las ayudas a los astilleros entre 2005 y 2011, que superan los 2.000 millones de euros, según los datos del ministro de Industria, José Manuel Soria.
Soria alega la “inacción” de Bruselas sobre el régimen fiscal español, vigente desde 2002, e incluso el apoyo de la ex comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en una carta de 2009 dirigida a las autoridades noruegas. Sin embargo, el vicepresidente de la Comisión y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, rechazó la semana pasada los argumentos presentados por España y anunció que seguirá adelante con su propuesta de pedir a España que recupere las ayudas fiscales a los astilleros. Almunia ha decidido no obstante eximir de la obligación de devolver las ayudas tanto a los propios astilleros como a los armadores que compraron los barcos. Solo deberán reembolsar las subvenciones los inversores que financiaron la construcción.
No obstante, tanto el Gobierno español como el sector consideran que estas excepciones son insuficientes porque, de condenarse a los inversores, los astilleros españoles no volverán a encontrar financiación y se pondrán en riesgo 87.000 puestos de trabajo. Soria reclamó a Almunia que las únicas ayudas que tengan que recuperarse sean las del periodo posterior a 2011, cuando Bruselas comenzó a investigar el sistema español.
15/07/13
EL PAÍS (España)