Desde hace varios meses los trabajadores despedidos de la empresa Flota Amarilla S.A. se manifiestan frente a la Secretaría de Pesca e incluso frente a Casa de Gobierno, en reclamo por el pago de la liquidación final de sus haberes. En cada protesta, los desempleados acusan a la empresa Barillari de incumplimiento de sus obligaciones, ya que aseguran que la firma de Mar del Plata se hizo cargo de la planta, y por lo tanto piden al Gobierno la suspensión de sus siete permisos de pesca.
Desde hace varios meses los trabajadores despedidos de la empresa Flota Amarilla S.A. se manifiestan frente a la Secretaría de Pesca e incluso frente a Casa de Gobierno, en reclamo por el pago de la liquidación final de sus haberes. En cada protesta, los desempleados acusan a la empresa Barillari de incumplimiento de sus obligaciones, ya que aseguran que la firma de Mar del Plata se hizo cargo de la planta, y por lo tanto piden al Gobierno la suspensión de sus siete permisos de pesca.
Incluso está previsto que durante la mañana de hoy este grupo de desocupados se dirija a la Legislatura para pedir a los diputados que tomen cartas en el asunto. Como se sabe, la empresa Flota Amarilla se formó luego del cierre de la planta de Interpesca, y luego de gestiones del entonces ministro Norberto Yauhar, los empresarios de la Flota Costera habían asumido el compromiso de abastecer de materia prima a la nueva firma, algo que no se cumplió, y generó innumerables protestas, tanto en el puerto como en la doble trocha y en la misma Casa de Gobierno.
El tema generó una decisión judicial que trabó millonarios embargos contra Barillari, empresa marplatense radicada en Comodoro Rivadavia, que según versiones que provienen de la ciudad petrolera estarían poniendo en duda la supervivencia de la empresa, que estaría analizando la posibilidad de presentar su concurso preventivo la semana próxima y cerrar sus puertas, con peligro para la fuente laboral de casi 500 empleados.
Sin embargo, las mismas versiones aseguran que la empresa Barillari no tendría relación alguna con la planta de Flota Amarilla, luego de que se frustrara una carta intención de compra celebrada hace dos años. También trascendió que una inspección de la Justicia determinó que Barillari no figura como accionista, y algunas versiones afirman que en realidad los embargos obedecerían a una acción concertada entre abogados vinculados a una repartición pública y un tribunal, sobre el cual podrían recaer pedidos de juicio político.
23/09/08
EL CHUBUT