El sector pesquero vuelve a ser noticia. Esta vez, no sólo por la caída de capturas, la depresión de los precios internacionales, el temor al desabastecimiento o las alzas de los precios internos, sino, también, por los lamentables hechos de inusitada violencia que tuvieron lugar en la provincia de Santa Cruz.
El sector pesquero vuelve a ser noticia. Esta vez, no sólo por la caída de capturas, la depresión de los precios internacionales, el temor al desabastecimiento o las alzas de los precios internos, sino, también, por los lamentables hechos de inusitada violencia que tuvieron lugar en la provincia de Santa Cruz.
Un grupo de cien marineros, que pretendía esgrimir una representación gremial de la cual carece, secuestró todas las fábricas, los buques en puerto e incendió establecimientos de cuatro empresas pesqueras en Puerto Deseado y, de ese modo, mantuvo paralizada la actividad en una ciudad cuya principal industria es la pesca. Todo se originó en un reclamo salarial que rayaba en el absurdo: en el promedio anual, un marinero percibe altos ingresos, inusuales en otros gremios, razón por la cual está obligado a pagar un elevado impuesto a las ganancias.
Ese fue el motivo de la violencia, que incluso causó preocupación fuera de nuestras fronteras. En su reciente visita a Madrid, la senadora Cristina Fernández de Kirchner no se mostró muy dispuesta a atender los reclamos de empresarios españoles del sector, quienes se sintieron decepcionados por su desinterés en el tema. La estimación de las pérdidas por los destrozos ronda los 80 millones de euros.
La pesca es un sector estratégico para la economía nacional. La Argentina cuenta con una de las líneas costeras y plataformas marítimas más grandes del mundo. El sector ha registrado un notable crecimiento en los últimos años que ha sabido traducirse en beneficios para los trabajadores, cuyos salarios han registrado una de las mayores tasas de incremento de la economía nacional. El costo salarial en la industria pesquera es hoy mayor que en los tiempos de la convertibilidad.
Hay circunstancias propias de la actividad por las cuales se ve expuesta a fluctuaciones que escapan a su control directo y que incrementan el riesgo empresario. Por un lado, la sujeción al ciclo natural y ambiental, que determina la disponibilidad y el acceso al recurso pesquero, fuente de sus ingresos y sostén de la actividad; por el otro, la dependencia de regulaciones dispuestas por la autoridad política, que afectan los ingresos disponibles y, en consecuencia, las decisiones de inversión, de gasto y de productividad. El resultado, a su vez, está sujeto a los precios internacionales de los pescados y afines.
Frente a este cuadro, es pertinente reflexionar una vez más acerca del justo lugar que corresponde otorgar a la pesca en la Argentina. Reconocerlo supone abordar una suma de cuestiones estructurales que permanecen irresolutas. En primer lugar, las altas retenciones a las exportaciones atentan contra la eficiencia productiva porque distraen recursos que, de otro modo, se dirigirían a inversiones o destinos semejantes.
Urge también la efectiva, plena y transparente aplicación del sistema de cuotificación previsto por la ley federal de pesca. Hoy, la asignación de cuotas de captura es parcial y, en muchos casos, arbitraria y ajena a la norma.
Su resolución sería favorable para lograr una percepción de seguridad jurídica ante inversores extranjeros, al tiempo que afectaría positivamente en los precios, el equilibrio del ecosistema marino y la competencia, de modo de prevenir la formación de monopolios de explotación. Atender estas cuestiones equivaldría a restaurar el poder de gestión que corresponde al sector pesquero, hoy blanco de una presión tan violenta como inadmisible.
27/07/07
LA NACION