La Comisión Directiva de CEDEPESCA formuló una reciente declaración sobre la situación de las principales pesquerías nacionales donde se destacan interesantes y también controvertidas observaciones.
La Comisión Directiva de CEDEPESCA formuló una reciente declaración sobre la situación de las principales pesquerías nacionales donde se destacan interesantes y también controvertidas observaciones.
Según expone el Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable, Organización No Gubernamental con base en Mar del Plata, la Resolución 14/2007 impactó sorpresivamente sobre la pesquería de merluza común argentina, añadiendo restricciones de esfuerzo a la previa Resolución 920/2006 con el objeto de reducir los desembarques en unas 25 mil toneladas más y proteger el área de desove de Isla Escondida, justo antes que termine el invierno y se inicie la primavera, cuando la reproducción es más activa, en un intento por recuperar índices aceptables de reclutamiento para el año que viene. Se retoma asimismo, expresamente, la obligación de usar “algún” dispositivo de selectividad en la pesquería de langostino.
Aunque la preocupante situación del recurso hacía indispensable la adopción de medidas suplementarias, y cierta mejora de los controles no bastó para contener descartes y sub-reportes, del texto de la Resolución emergen algunas curiosidades semánticas y ausencias significativas.
Si bien por un lado no se modifica la captura máxima anual de 340 mil toneladas establecida por la Resolución 920, en los hechos se inhibe su cumplimiento al agregar 10 días de parada a la flota fresquera y 15 a la flota congeladora, lo que se reconoce taxativamente en los nuevos considerandos al declarar que “resulta necesario reducir la permanencia de la flota pesquera en el caladero para asegurar la disminución de la actividad extractiva”. Como la distribución de los cupos individuales es trimestral y el último se puede adelantar solo en un 15 por ciento, muy pocos completarán la cuota establecida.
Aprovechando la buena temporada langostinera de la flota amarilla de Chubut, se determinó la prohibición de pesca de dicha flota en la zona de desove de Isla Escondida, en jurisdicción nacional y se anuló el cupo global para dicha flota.
Según el comunicado “Persiste el concepto de autorizar la pesca libre en la Zona Común con Uruguay y fuera de la Zona Económica Exclusiva, dos medidas de motivación geopolítica pero que claramente atentan contra la conservación del recurso. Llama poderosamente la atención en los considerandos de la nueva resolución la total ausencia de menciones al trabajo técnico del INIDEP y al informe que, según declararon las autoridades de éste último, hace tiempo pusieron en manos de la Subsecretaría de Pesca”.
Allí se expresa que “de la apreciación de los efectos resultantes de la [Resolución 920] en lo que va del presente período surge la necesidad de implementar medidas suplementarias tendientes al resguardo de la especie en cuestión, afianzando los recaudos a tomar al respecto, especialmente en las diferentes zonas de reproducción y de crecimiento, con la finalidad de asegurar la sustentabilidad de la pesquería, conservar el recurso, sostener la operatividad global de la flota y afianzar las posibilidades de trabajo”.
Sin embargo no se informa cómo se efectuó esa “apreciación de los efectos” ni quién la hizo ni exactamente de qué se trata. Tampoco hay información sobre la interacción entre las pesquerías de langostino y merluza.Aunque CeDePesca se ha orientado a respaldar las medidas que la presente administración adoptó desde 2005 en adelante con relación a la pesquería de merluza, siempre se ha hecho notar también una tendencia a la arbitrariedad y la falta de transparencia en los procedimientos para tomar decisiones.
La transparencia todavía en deuda
En el comunicado anterior -dice la Comisión Directiva- “destacamos avances en la detección de las subdeclaraciones de buques congeladores en Puerto Madryn y de buques fresqueros en Mar del Plata. Hubo sanciones ejemplares: el jefe de distrito de Puerto Madryn fue suspendido, los buques recibieron paradas muy largas y se sustancian sumarios contra empresas y capitanes. Sin embargo, la continuidad de tales medidas no está garantizada y aún falta mucho por hacer en materia de asegurar la confiabilidad y transparencia de la información pesquera: zonas de operación, desembarques por buque, partes de pesca, esfuerzo, deben ser datos de disponibilidad pública para que las auditorias de la Comisión de Descarga y la participación de los actores puedan contribuir seriamente al uso sostenible de este recurso.
La corrupción de un grupo muy importante de inspectores sigue atentando contra el interés general, sin que se observen hasta el momento medidas de fondo para corregir esa anomalía, particularmente el reemplazo de los inspectores embarcados por abordajes de Prefectura con inspectores de planta a bordo.Por otro lado, se sabe que en dos cursos sucesivos, un grupo de 70 nuevos observadores del INIDEP se prepara para mejorar el monitoreo de la pesquería en corto plazo, y esa noticia es muy bienvenida”.
Conservación y crisis socio-económica
La proyección final de las estadísticas de desembarque en 2007 según el Cedepesca, puede llevar la reducción a unas 75 mil toneladas, comparado con 2006. Si a ello le agregamos que la mejora de los controles, aún incipiente, contribuye a reducir el circuito de subdeclaración y comercialización / procesamiento en negro, estamos frente a una potencial crisis social, ya que no se ha anunciado absolutamente ninguna medida que tienda a contener, directa o indirectamente, el impacto de esta significativa reducción del volumen de materia prima sobre puestos de trabajo, ingresos y ventas en los circuitos comerciales dependientes de esta actividad.
“Desde ya que ello no es responsabilidad directa de la Subsecretaría de Pesca, pero sí lo es del Gobierno del cuál ésta forma parte, y particularmente de los Ministerios de Economía y de Desarrollo Social”, señala.
El conflicto vivido por el puerto de Mar del Plata las semanas pasadas, donde un grupo de obreros exigió su contratación en blanco, precisamente frente a una reducción de la materia prima que se les asignaba para cortar, puede ser apenas un botón de muestra de lo que se puede esperar en un futuro próximo, reeditando las situaciones vividas en los años 1997 y siguientes.
Lamentablemente esa legítima reivindicación cobra fuerza cuando las empresas pueden argumentar la peor situación financiera, creando un círculo vicioso. Y el foco se pone en quien aprovecha una posibilidad legal, y no en la legislación misma que lo admite.
Muchas veces se ha difundido que existe alrededor de un 40 % de la fuerza laboral en condiciones precarias de contratación, en todas las ramas de la economía, incluido el propio Estado.
Es el Estado, por lo tanto, el que debe resolver este grave problema legislando a favor de quienes requieren mayor seguridad en su fuente de trabajo, y dando el ejemplo.
Pero al mismo tiempo, el Estado no puede soslayar que la pesca es una actividad con estacionalidad, que depende de la condición de un recurso natural, y que a su vez el propio Estado ha omitido hacer lo necesario para garantizar la salud de esos recursos, permitiendo su descapitalización o depredación. Tampoco puede olvidar que en puertos como Mar del Plata, la enorme mayoría de las empresas son no mayores que una PYME, y de origen local, con las consiguientes dificultades de financiación.
Por información de los diarios de la semana pasada, nos enteramos que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación entregó subsidios por valor de 191 millones de pesos a distintos sectores agroalimentarios para mantener el precio de sus productos estable en el mercado interno. Y se anuncian 170 millones más para los criadores de terneros.
Con mucho menos que eso –dice la Comisión Directiva- podría contribuirse eficazmente a atenuar el impacto socio-económico de las medidas de conservación, contribuyendo así a recuperar el capital natural de los stocks de merluza sin que el precio deban pagarlo trabajadores en condiciones precarias ni empresarios PYMEs que han hecho inversiones de riesgo importantes a lo largo de la zona costera nacional.
Medidas económicas para la actividad pesquera
Además de medidas transitorias simples como reducir los derechos de exportación hay un conjunto de medidas permanentes que ayudarían a mejorar la situación financiera de las empresas pesqueras:
Simplificar el sistema de devolución de la tasa de gasoil, volviendo al sistema de vale-bunker (impuestos internos).
Restablecer los reintegros de impuestos contenidos en productos exportables.
Importación de repuestos libre de derecho con comprobación de destino (rige para buques de bandera extranjera).
Y como medida de fondo, debería implementarse un adelanto para la recompra de buques por el sector privado, con devolución a largo plazo y tasas internacionales, con el objeto de remover el exceso de capacidad de pesca.
(Fuente: Cedepesca)
17/09/07
DIARIO DE MADRYN