Pescado y trabajo en negro son dos elementos que en la industria pesquera marplatense su unen indefectiblemente.
Pescado y trabajo en negro son dos elementos que en la industria pesquera marplatense su unen indefectiblemente.
Pero recién ayer esta relación fue puesta en el centro de la escena y quien se ocupó de hacerlo fue el intendente Daniel Katz, que dijo que "si no hubiese pescado en negro habría menos trabajo en negro y menos plantas procesadoras". Las plantas procesadoras a las que hizo referencia son las clandestinas que, curiosamente, no fueron víctimas de las lluvias de piedras e incendios que dañaron a decenas de establecimientos del puerto marplatense.
Ningún galpón, garaje o vivienda -en algunos casos usurpadas- donde se improvisaron fábricas ilegales fue víctima de la furia de los manifestantes. Esto, a pesar de que allí trabaje a diario la mayoría de los obreros del pescado que están fuera de las normas laborales.
Las plantas clandestinas son el eslabón necesario de un circuito de pescado negro que ya se cuela en los muelles y que en todo su trayecto "elude" los controles de todos los organismos estatales.
Como sucedió en otros tiempos de bonanza, la actividad pesquera se convirtió tras la devaluación en un negocio atractivo para "inversores" que con poco capital pudieron improvisar plantas en lugares impensados, que están menos ocultos de los que se cree.
Basta con recorrer algunas calles remotas del puerto para notar que frente a casas derruidas y portones despintados existen cajones sospechosos, entran y salen camiones y personas vestidas con uniforme blanco.
Según la Dirección de Pesca de la comuna, en Mar del Plata hay menos de 200 fábricas con habilitación para procesar pescado fresco.
Pero cualquiera que decida salir a tomar nota de la cantidad de plantas existente, seguro se encontrará con muchas más. Si bien no existen cifras exactas de la cantidad de materia prima que se procesa en esta clase de establecimientos, hay quienes sostienen que no es descabellado pensar que casi la mitad de la materia prima que llega a la ciudad pasa por este tipo de lugares.
La producción termina generalmente en el mercado interno, del que algunas empresas del sector decidieron retirarse por -a pesar de su escala- no estar en condiciones de competir con plantas que gozan de enormes ventajas.
A diferencia de las que funcionan en regla, las clandestinas no pagan cargas sociales, tasas municipales, Ingresos Brutos o Ganancias. Y representan un rival comercial con el que es difícil lidiar y provocan enormes distorsiones en el mercado. Ya en los muelles las plantas clandestinas inciden en el precio del pescado. Sus dueños no piden factura y, por lo tanto, aceptan comprar cajones a un precio mayor con lo cual elevan el valor de la materia prima para aquellos que trabajan dentro de la ley.
Al realizar operaciones sin factura los dueños de covachas provocan que el pescado que se desembarca legalmente se transforme en ilegal, con lo que su rastro se pierde.
En otros casos, se nutren de pescado que desde el barco ya está destinado al mercado negro y que es subdeclarado o disfrazado como otra especie.
Pero la actividad de las fábricas clandestinas también genera un descalabro en el mercado laboral.
Como es lógico, el personal que se desempeña en estas plantas lo hace en negro.
Y eso les permite a sus propietarios pagar mejores remuneraciones de bolsillo que los que tienen a sus empleados bajo relación de dependencia.
Cuando el pescado abunda, las plantas clandestinas se transforman en un imán para los fileteros, elevando así el ausentismo en los establecimientos con personal en blanco. Si bien la mayor parte del pescado que pasa por las "covachas" se distribuye en el mercado interno, también llega a países poco exigentes con la calidad del producto, como puede ser Brasil.
Los funcionarios de los organismos que deberían controlar el submundo de la industria pesquera argumentan que no pueden ingresar en muchos de estos lugares sin una orden judicial porque se trata de domicilios particulares.
Son plantas que no tienen habilitación municipal, no tributan a la AFIP, a la DGI ni a Rentas.
Tampoco tienen habilitación del SENASA, algo improbable en establecimientos que funcionan en base a un par de mesas de madera y a 20 fileteros chapoteando sobre el hielo. Ambición, desprecio por la legalidad y organismos que no controlan alcanzan para que algunos tengan carta blanca para llenarse los bolsillos de plata negra.
29/09/07
LA CAPITAL – MAR DEL PLATA