De acuerdo con la resolución 1743 del 15 de febrero de 2007, el Consejo de Seguridad de la ONU extendió, hasta el 15 de octubre de este año, el mandato de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (Minustah). Sin embargo, es muy probable que esta misión continúe, pues se aprobó un presupuesto de 561 millones de dólares para el período julio 2007-junio 2008.
De acuerdo con la resolución 1743 del 15 de febrero de 2007, el Consejo de Seguridad de la ONU extendió, hasta el 15 de octubre de este año, el mandato de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (Minustah). Sin embargo, es muy probable que esta misión continúe, pues se aprobó un presupuesto de 561 millones de dólares para el período julio 2007-junio 2008.
Ahora bien, como anticipo a la necesaria evaluación que se hará en el seno de ese organismo, y en vista de la pertinencia para la Argentina de un debate respecto de esta operación, iniciada en junio de 2004, parece importante hacer un nuevo balance de esta intervención colectiva en la isla.
En primer lugar, la misión sigue siendo un operativo esencialmente militar. A pesar de los argumentos oficiales en la Argentina y en otros países de América latina que tienen efectivos en aquel país, Minustah no alteró su composición: hay 7065 soldados y 1760 policías (en 2004 la distribución respectiva fue 6700 y 1622). La mayoría de los informes independientes realizados muestra que el núcleo básico de labores desplegadas tiene que ver con tareas policiales y no con acciones militares.
Los ejercicios que realizan las fuerzas armadas parecen encaminados a prepararse para futuras circunstancias semejantes en los centros urbanos de los países de origen, o para estacionarse en estados colapsados, más que para cumplir una misión pacificadora después de una confrontación armada interna. La separación constitucional que existe en muchos países de la región (como la Argentina) entre seguridad interna y defensa externa se ha borrado en la práctica y, por lo tanto, el mensaje institucional que reciben nuestros policías y soldados no es el más claro.
Asimismo, la idea de que el músculo militar es el que está construyendo la democracia en Haití es, por decir lo menos, falaz. Tampoco es evidente cuánto se avanza en el control civil de los militares con este tipo de misión ni de qué modo contribuye esta confusión de roles a la configuración de una fuerza policial haitiana más democrática, moderna y eficaz.
En segundo lugar, la idea tantas veces esgrimida de que ésta ha sido, en el terreno diplomático, una operación liderada por Mercosur o, en su defecto, encabezada por los países del ABC (Argentina, Brasil y Chile) se ha ido desdibujando. En una fase inicial, el representante del secretario de la ONU en Haití fue el chileno Juan Gabriel Valdés; en una fase posterior fue el guatemalteco Edmond Mulet. Desde septiembre en adelante, será el tunesino Hedi Annabi. A su vez, mientras la presencia del Cono Sur en Haití es principalmente policíaco-militar, el despliegue de otros países del área en la isla es preferentemente económico-asistencial. En efecto, Venezuela le brinda petróleo a Haití a precios preferenciales (generando un ahorro de unos 150 millones de dólares) y en condiciones de pago favorables, mientras que en marzo último Cuba, Venezuela y Haití crearon, de acuerdo con lo expresado por el presidente Rene Preval, un fondo de 1000 millones de dólares para equipos, construcción de viviendas y proyectos sociales y sanitarios. Sería absurdo que ahora la principal razón para continuar en la isla sea la contención del “eje Habana-Caracas” en el Caribe.
En tercer lugar, en la medida en que la mayoría de los graves problemas (derechos humanos, desplome institucional, pobreza, narcotráfico) de Haití continúan sin solución, a pesar de una intervención que lleva más de tres años (salvo por el período de marzo de 2000 a febrero de 2004, el país ha estado intervenido desde septiembre de 1993), la prolongación de la actual operación sólo apunta a perpetuarse y a convertirse, más temprano que tarde, en un modelo de neoprotectorado.
Este es el meollo estratégico que no se explicita en las recurrentes solicitudes de extensión del plazo de despliegue de efectivos y que debiera someterse a una amplia discusión política. Implícito en ese modelo está lo que Christopher Coyne ha llamado (en un artículo de 2006 en la revista Foreign Policy Analysis) “la falacia de Nirvana”: la creencia de que, ante un “Estado fallido”, uno o varios gobiernos del exterior pueden generar un resultado preferible al que ocurriría si él o ellos no intervinieran.
Paralelamente, en la medida en que se extiende la misión, más opaca se torna la intención benigna original y más se transforma en una intervención instrumental: esto es, se desarrolla en función de objetivos mucho menos humanitarios, como son adquirir visibilidad internacional para acceder al Consejo de Seguridad (caso Brasil) o para no irritar en exceso a los Estados Unidos (caso Argentina). También ocurre que, en tanto el operativo se prolonga indefinidamente, se vuelve más dependiente de contingencias ajenas a las fuerzas de intervención. Por ejemplo, 2008 será un año electoral en los Estados Unidos y ni el ejecutivo ni el legislativo quieren enfrentar una nueva y descontrolada ola de inmigrantes haitianos hacia Florida. Por esto, es posible afirmar que, mientras más se aproxima la contienda presidencial estadounidense, menos probable será cuestionar el valor de la Minustah.
Lo fundamental es evitar la oscilación entre un presunto altruismo humanitario (que escasamente se muestra en las políticas que aplican internamente muchos de los países intervencionistas) y un potencial relativismo ético (desdén por lo que ocurre en materia de derechos humanos en naciones vecinas): se trata, más bien, de determinar con rigor y prudencia los intereses nacionales en un escenario internacional crecientemente incierto y conflictivo, y de actuar de acuerdo con una relación medios-fines moderada y consistente.
En breve, es hora de definir para qué nos quedamos en Haití y justificar por qué permanecer indefinidamente es mejor que retirarse a tiempo. El ingreso a una etapa decisiva de la campaña presidencial brinda la ocasión para discutir el tema y alcanzar un consenso entre gobierno y oposición: continuar en Haití con una estrategia concreta, con objetivos mensurables y plazos específicos, o conformar una coalición regional que vaya impulsando una salida oportuna de la isla.
Por Juan Gabriel Tokatlian
Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés.
Para LA NACION
19/09/07
LA NACION