La vuelta de los reintegros a las exportaciones pesqueras, arbitraria y caprichosamente suspendidos en el 2005, trajo un poco de aire fresco para reanimar a un sector que viene alertando desde hace mucho tiempo sobre su agonía.
La vuelta de los reintegros a las exportaciones pesqueras, arbitraria y caprichosamente suspendidos en el 2005, trajo un poco de aire fresco para reanimar a un sector que viene alertando desde hace mucho tiempo sobre su agonía.
Si bien aún resulta prematuro hacer un juicio definitivo sobre el real impacto que tendrá la Resolución 137/2008 sobre la ecuación de costos de las empresas pesqueras, sí podemos afirmar que la medida importa un antes y un después para las perspectivas de la actividad porque oficialmente y por primera vez se acepta el estado de emergencia por el que atraviesa la pesca.
Antes del 11 de julio de 2008, a la “crisis” la sufrían los empresarios, los trabajadores y las comunidades directamente vinculadas con la pesca. Antes de esa fecha, solo algunos gobernadores se ponían la “crisis” sobre sus hombros y marchaban hacia Buenos Aires en búsqueda de soluciones. Antes de la Resolución 137 a la “crisis” la relataban algunos medios y la escuchaban los legisladores. En aquel escenario todos podían dudar sobre la magnitud, la verdad o la urgencia de tomar medidas que revirtieran la situación a la que se había llegado. Hoy ya no hay lugar para dudar.
Después del 11 de julio, el ministro de Economía y Producción de la Nación ha reconocido y aceptado que por lo menos siete factores alteran el desenvolvimiento y la sustentabilidad de la actividad pesquera y que la “crisis” existe.
Ese reconocimiento es un verdadero punto de inflexión porque significa la posibilidad de avanzar en otras medidas que, tal como se dice en la resolución de marras, atiendan “la situación de crisis estructural de la actividad pesquera” provocada, según los informes elaborados por la Subsecretaría de Pesca, por la “alta carga de los costos internos en relación con el precio de exportación” que se observan en las pesquerías de calamar y langostino y que se agudiza por “la caída de los precios internacionales”, situación que “afecta particularmente la pesquería del calamar”.
Además desde la Nación se admite la necesidad de “abordar esta situación instrumentando medidas que recuperen la competitividad”, señalamiento que claramente reconoce que la competitividad del sector se ha perdido por causas que no le son imputables.
No son menos importantes otras consideraciones oficiales que pueden ser el inicio de un cambio en la formulación de políticas y de ayudas a la pesca. Entre ellas se destacan la necesidad de promover incentivos para el incremento de “valor agregado para la obtención de productos más elaborados a partir de los recursos pesqueros” o el apoyo explícito al “incipiente desarrollo de la acuicultura”. También se reparan los gruesos errores que años atrás dieron fundamento a la suspensión de los reintegros al decir que “resulta mínimo el peso de los productos pesqueros y nulo el de los productos de la acuicultura en la canasta básica familiar”.
En síntesis, cada una de esas afirmaciones o reconocimientos pueden disparar baterías de medidas administrativas o legislativas que corrijan o reviertan la actual crisis, ahora que por fin está reconocida oficialmente.
En ese contexto, la vuelta de los reintegros debería ser solo el principio ya que a todas luces resultan insuficientes para resolver la profundidad de la crisis por la que atraviesa la pesca.
Además de la insuficiencia, han surgido también algunas dudas respecto a la instrumentación operativa que realice la Aduana de la Resolución 137/2008. La integralidad con que debe leerse el acto administrativo dictado por el ministro de Economía Carlos Fernández, respetando el espíritu y el propósito, excluye, a nuestro juicio, cualquier interpretación amañada que distorsione o restrinja el objetivo de restituir los reintegros a la totalidad de las exportaciones pesqueras, independientemente de su procesamiento a bordo o en tierra. Sin embargo, si algún distraído no lo entendiera así sería imprescindible y urgente una aclaración que anulara cualquier interpretación limitativa, teniendo en cuenta que el aumento de costos de producción y la baja de los precios internacionales constituyen los términos de una ecuación que dañó la totalidad de la estructura productiva de la pesca.
Un primer paso se dio, el futuro nos dirá si realmente existe voluntad para viabilizar “el sostenimiento de la actividad” como anuncia la Resolución 137/2008.
21/07/08
PESCA & PUERTOS