Se cumplen diez meses de la denuncia realizada sobre la empresa Pesantar, propiedad de Newsan, por violación a la Ley Federal de Pesca al mantener relaciones indirectas con el gobierno de ocupación de las Islas Malvinas. Se espera una resolución en los próximos días.
Se cumplen diez meses de la denuncia realizada sobre la empresa Pesantar, propiedad de Newsan, por violación a la Ley Federal de Pesca al mantener relaciones indirectas con el gobierno de ocupación de las Islas Malvinas. Se espera una resolución en los próximos días.
La denuncia efectuada sobre la empresa Pesantar en diciembre de 2014 por mantener relaciones indirectas en la actividad pesquera con el gobierno de ocupación de las Islas Malvinas a través de otra firma del mismo grupo empresario, se encuentra en la fase final. El subsecretario Miguel Bustamante informó a REVISTA PUERTO que ha solicitado al Departamento de Legales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que “dé prioridad a la finalización del sumario” para dar a conocer la resolución final. Las penas que podrían aplicarse son multas al Grupo Nissui y la empresa chilena Emdepes por pescar sin autorización en aguas nacionales; en el caso de Pesantar, hoy propiedad de Newsan, debería aplicarse el artículo 28 de la Ley Federal de Pesca que sanciona con baja inmediata del permiso de pesca y pérdida de la cuota de captura para quienes incurrieran en infracciones de este tipo.
En diciembre de 2014 fue noticia la denuncia sobre violación de la legislación argentina por parte de la empresa Pesantar a través de otra firma del grupo empresario Nissui al que pertenecía; el barco Unión Sur, de la chilena Emdepes, había pescado en aguas nacionales sin el correspondiente permiso, utilizando una licencia del gobierno de ocupación de las Islas Malvinas. Este hecho implicaba dos infracciones: la de pescar sin permiso para Emdepes y la de mantener relaciones con el gobierno de ocupación de las Islas para Pesantar.
Juan Benegas se desempeñaba como jefe de armamento de Pesantar cuando recibió por error un mail de un empleado de la casa central en Japón, en el que se ponía al descubierto la maniobra y se solicitaba a su vez que se mantuviese oculto de los “colegas argentinos”, certificando que se encontraban en conocimiento de la infracción que estos hechos implicaban. Es importante aclarar este punto, dado que Nissui en su descargo dijo desconocer la legislación de nuestro país.
Benegas realizó la denuncia ante la Subsecretaría de Pesca y ello derivó en un sumario sobre la empresa Pesantar, con implicancias sobre la firma chilena Emdepes y el grupo empresario Nissui. Una vez que ya se había dado curso al sumario la empresa Newsan compró Pesantar y su barco Echizen Marú, embarcación sobre la que deberían recaer las sanciones previstas en la Ley, de baja del permiso de pesca y quita de la Cuota Individual Transferible de Captura.
Durante estos diez meses se han aportado distintas pruebas. En primer lugar se probó la actividad del buque Unión Sur de Emdepes sin permiso en aguas nacionales; luego se probó la relación entre el Grupo Nissui y las empresas Emdepes y Pesantar. Pero también se produjo durante este período y una vez iniciado el sumario, la compra de Pesantar por parte del Grupo Newsan, que desde entonces ha hecho todo lo posible por embarrar la cancha y evitar la sanción que seguramente deberá afrontar.
Newsan primero intentó dilatar los tiempos al no acreditar domicilio legal, luego argumentó que había sido comprador de buena fe, desconocedor del sumario que pesaba sobre Pesantar; e intentaron presionar con la pérdida de 120 puestos de trabajo si se da de baja el permiso del Echizen Marú y se le quita la cuota.
Sin embargo, de ninguna manera podría desconocer Newsan el sumario cuando al momento de la compra de la empresa sumariada, la denuncia ya había tomado estado público en medios nacionales e internacionales, sobre todo si tenemos en cuenta la estructura de prensa con la que el grupo cuenta. Por otra parte fuentes que tomaron intervención en la operación de venta han asegurado a este medio que el valor de compra fue muy inferior al negociado inicialmente, precisamente por la sanción que podría pesar sobre Pesantar.
Debería quedar claro que 120 puestos de trabajo no pueden estar nunca por sobre la defensa de soberanía sobre las Islas Malvinas que nuestro país reclama ante los más importantes foros internacionales. Pero más aún, el poder económico no debe eximir del cumplimiento de las leyes; el artículo 28 de la Ley Federal de Pesca sería de plena aplicación en este caso.
El subsecretario de Pesca de la Nación, Miguel Bustamante, confirmó que el sumario se encuentra en la etapa final y que se está en condiciones de iniciar las actuaciones sobre la empresa chilena. “Pedí que se dé prioridad a la resolución de este sumario, hemos recibido el expediente de Emdepes con todas las actuaciones de la Prefectura para dar comienzo al trámite administrativo y/o judicial, porque seguramente debamos resolverlo en sede judicial. Prefectura demostró que la velocidad de navegación del barco es la de tarea de pesca y mostro la presencia del barco en aguas nacionales”, confirmó el funcionario.
Solo resta una definición sobre cuáles serán finalmente las sanciones que se aplicarán a cada empresa y qué órgano será el encargado de aplicarlas, pudiendo ser el Consejo Federal Pesquero o la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. (Por Karina Fernández; Revista Puerto)
25/10/15