Desde 2011, la navegación en el Riachuelo, en su tramo final, se encuentra prohibida por una resolución judicial dictada por el juez Luis Armella, designado por la Corte Suprema de Justicia para supervisar la ejecución de la sentencia ejemplar de 2008 para el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Desde 2011, la navegación en el Riachuelo, en su tramo final, se encuentra prohibida por una resolución judicial dictada por el juez Luis Armella, designado por la Corte Suprema de Justicia para supervisar la ejecución de la sentencia ejemplar de 2008 para el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Básicamente, esa medida tuvo por fin recuperar la llamada zona costera, conocida como línea de ribera y, al mismo tiempo, prohibir “transitoriamente” la navegación con el argumento de los impactos ambientales derivados de la descarga de arena sobre la ribera.
Desde ese momento, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) avanzó en acciones superficiales. Así, la limpieza de las márgenes y del espejo de agua, y la intervención de ciertas zonas costeras con parquización de las riberas puede considerarse una señal positiva, aunque insuficiente, si se analiza desde el punto de vista del Plan de Saneamiento del cuerpo de agua. La verdadera causa de la contaminación es la enorme afluencia de descargas cloacales e industriales que continúan, casi sin cambios, desde el comienzo del plan.
La Acumar se ha constituido en un nodo de información sumamente valioso, al punto de realizar un análisis de la calidad de las aguas entre 2011-2013 y, en lo sustancial, las conclusiones de ese estudio, basado en datos oficiales, demuestra que la calidad de agua no ha mejorado. la más clara y contundente expresión de la ineficacia de la estrategia desplegada. En otras palabras, aun cuando se trabaje en acciones superficiales, sociales, culturales o de salud, los resultados serán coyunturales si no se atacan las causas estructurales de la contaminación. En ese contexto, la navegación ha sido un chivo expiatorio. A pesar de tratarse de una garantía constitucional, de que no existen evidencias técnicas o científicas de contaminación del Riachuelo asociada a la navegación, de las denuncias de corrupción sobre un juez federal apartado de su función se ha mantenido la supuesta verosimilitud de una mera aseveración del juez Armella para mantener la interdicción de la navegación, que se inició como una medida transitoria y la falta de interés la ha mantenido innecesariamente.
Resulta inevitable entonces preguntarse quiénes ganan y quiénes pierden con esta medida. Ganan quienes pretenden mostrar cambios en el Riachuelo, aunque sean cosméticos. Ganan quienes desean forzar un cambio del uso del territorio urbano de las riberas para poder ejecutar proyectos asociados a intereses inmobiliarios, seguramente de cuño partidista. Ganan quienes tienen intereses opuestos al transporte fluvial y pretenden asegurar la hegemonía del terrestre. Ganan quienes imaginan al Riachuelo como un estanque sin vida, por dentro y por fuera.
Pierden, en cambio, quienes trabajaban en el Riachuelo, no solamente aquellos obreros que alguna vez reflejó Quinquela Martín, sino también los que trabajan en el transporte de arena o mercaderías. Pierden los que proponen que el Riachuelo se convierta en un corredor turístico y productivo, con transporte de personas, mercaderías y cargas. Pierden quienes pretenden colonizarlo con sus actividades deportivas como los clubes de regatas de Avellaneda y Almirante Brown. Pierden, en fin, los que imaginan y esperan un río vivo.
La contraposición de intereses asociada a la utilización de recursos naturales y el ordenamiento del territorio es normal y deseable en todo sistema democrático. Lo que no es normal es la ausencia de transparencia, la imposibilidad de dar un debate, la restricción permanente de las competencias que pertenecen, en el caso, a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Algo similar aconteció por varios años en relación con el seguro ambiental, reinterpretado ilegítimamente por la Justicia Federal a partir de la petición de fundación de dudosos intereses, hasta que recientemente la Corte ordenó volver al régimen del derecho vigente. En ese contexto, una coalición de organizaciones de la sociedad civil nucleadas en torno a la red Unión por el Riachuelo, se ha presentado en calidad de Amigo del Tribunal ante el Juzgado Federal de Morón a cargo de la ejecución de sentencia, a fin de hacer escuchar la voz de los vecinos de la cuenca baja del Riachuelo. La presentación en sí advierte acerca de una falencia del sistema: la de no escuchar los intereses locales y no transparentar las decisiones, aun aquellas que se relacionan con el laudable propósito del saneamiento. Es de esperar que la causa no acabe dando la espalda a los intereses de quienes plantearon en el origen la necesidad de adoptar un plan eficaz para contar con un río limpio, que permita una actividad sustentable en el tiempo. (Diario La Nación)
03/01/15