El Juzgado de Instrucción número ocho de Madrid está llevando a cabo un proceso judicial para determinar si hubo malversación de caudales públicos en la venta de ocho barcos militares a Venezuela en 2005.
El Juzgado de Instrucción número ocho de Madrid está llevando a cabo un proceso judicial para determinar si hubo malversación de caudales públicos en la venta de ocho barcos militares a Venezuela en 2005.
De momento, ha imputado al ex presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez, responsable de la compañía en el momento de la firma del contrato, así como al entonces director comercial, Jesús Arce. La responsable del juzgado, Rosario Espinosa, les acusa de un presunto delito de malversación de caudales públicos al permitir que una empresa venezolana, Rebazve Holding, recibiera una comisión millonaria, cifrada en 43 millones de euros, por su supuesto papel de intermediario.
De momento, fuentes de Navantia, personada como acusación en el caso y que podría recuperar parte del dinero de las comisiones, han explicado a Atenea que hasta que se falle una resolución judicial prefieren no hacer declaraciones al respecto.
Atenea sí ha conocido que, en principio, desde Navantia consideran que este proceso judicial no afectará a sus buenas relaciones comerciales con Venezuela, cuyos responsables de la Armada han destacado la calidad mostrada por la compañía en los ocho barcos con los que operan. De hecho, han destacado la buena acogida que tiene la empresa española entre los responsables de Defensa venezolanos, con los que se tiene una relación fluida a través de la oficina comercial de Navantia en Brasil.
Actualmente, Navantia está a la espera de la adjudicación de varios contratos de la Armada venezolana para nuevo patrullero, como el Avante 1400, para un buque oceanográfico, similar a los BAM de la Armada española, y para la modernización de otro barco de este tipo, ya veterano, el Punta Brava. Además, también ha ofrecido sus servicios de mantenimiento para su flota.
Por J.M.Vera
16/10/13
ATENEA