La ayuda no llega a los damnificados.
La ayuda no llega a los damnificados.
Cuando el 23 de mayo pasado el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se reunió con el orwelliano líder de Myanmar, el general Than Shwe, obtuvo de éste la promesa de permitir el libre acceso de las organizaciones de ayuda humanitaria a los millones de víctimas del ciclón Nargis. Sin embargo, más de un mes después de la catástrofe ocasionada por este desastre natural, esa ayuda esencial todavía no ha llegado a sus destinatarios. El acceso al devastado delta de Irrawaddy está levemente más libre.
Frente a este contexto, la comunidad internacional ha reaccionado de manera disímil. Algunos países se han manifestado en favor de forzar la prestación de ayuda humanitaria a la población de Myanmar, aun sin el consentimiento de su gobierno. Otros han preferido optar por vías alternativas de solución. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner, inició la discusión el 7 de mayo invocando la noción de “responsabilidad internacional de proteger” (conocida por sus siglas en inglés como R2P).
Este concepto implica que, cuando un Estado no quiere o no puede proteger a su población, la comunidad internacional tiene una responsabilidad subsidiaria de intervenir para salvaguardar los derechos humanos de esa población.
Después de numerosos debates, esta noción fue recogida en el documento final de la Cumbre Mundial 2005 de las Naciones Unidas, que establece que los Estados tienen la obligación de “proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”. Estipula, además, la responsabilidad subsidiaria de la comunidad internacional.
La R2P fue concebida para hacer frente a situaciones específicas que no pueden ser asemejadas a la situación producida por el ciclón Nargis y la reacción del gobierno de Myanmar. Este tipo de desastres naturales encaja mejor en otro concepto, el de seguridad humana, un criterio que toma, esencialmente, al ser humano y su seguridad personal como referentes principales en las estrategias de provisión de la seguridad, y para las cuales la utilización de medios militares no parece ser la respuesta adecuada.
No tengo ninguna duda de que tenemos una responsabilidad en este caso, y que tenemos justa causa para actuar, aun sin el consentimiento explícito de los gobernantes de Myanmar. Sin embargo, a mi juicio, resulta inadecuado encuadrar la situación en Myanmar como un caso de R2P.
Ello no significa en modo alguno que la UN carezca de medios para forzar su presencia en Myanmar, ya que por medio de la utilización del capítulo VII de la Carta podría claramente determinar que la situación en Myanmar representa una amenaza a la paz y seguridad internacionales y disponer tanto medidas pacíficas (económicas, políticas, diplomáticas) como aquellas que impliquen el uso de la fuerza.
Si bien el impulso detrás de la sugerencia de Kouchner es compartido, probablemente, por quienes articularon inicialmente la responsabilidad de proteger –y por ciertos grupos de la sociedad civil preocupados por el bienestar de la población afectada en Myanmar–, como expresó el asesor especial del secretario general para el Genocidio, “ligar la responsabilidad de proteger a la situación en Myanmar es una aplicación errada de la doctrina”.
En segundo lugar, Kouchner equiparó la responsabilidad de proteger con la intervención armada, lo que probablemente conduzca más a cerrar que a abrir puertas para la cooperación con las autoridades birmanas. Ello evidencia un malentendido profundo sobre la responsabilidad de proteger en la comunidad internacional, dado que los gobiernos malinterpretan la noción, considerándola como un modo encubierto de intervención por parte de los gobiernos occidentales o colonialistas.
China, Rusia y muchos países del movimiento no alineado son opositores feroces de la responsabilidad de proteger y vetaron el año último un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad sobre Myanmar, en un momento en que los crímenes perpetrados por el régimen podrían haber sido considerados como crímenes contra la humanidad.
El 4 de junio, luego de quince infructuosos intentos de persuadir al régimen birmano de que le dejara entregar su carga de ayuda humanitaria, los Estados Unidos ordenaron a su flota retirarse de las costas de Myamnar. En una cumbre en Singapur, el secretario de Defensa, Robert Gates, acusó al régimen de “negligencia criminal”, pero también rechazó la idea de usar la fuerza para entregar ayuda sin el acuerdo de la junta militar birmana.
En este clima político, la aplicación de la R2P en Myanmar, para forzar el ingreso de la ayuda humanitaria, podría ser percibida como excusa para provocar un cambio de régimen. Instar el uso de la intervención militar como aplicación de la R2P es una estrategia ineficaz que no ayuda a los intereses humanitarios de la población afectada directamente por el ciclón de Myanmar. A su vez devalúa un concepto cuya utilidad y operatividad deberían ser reforzadas.
Por Ricardo Arredondo
Para LA NACION
El autor es profesor honorario de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid.
25/06/08
LA NACION