Un número cada vez mayor de países está ratificando un acuerdo internacional para combatir la pesca ilegal, con lo que crece el interés sobre la mejor forma de implementar este instrumento jurídico.
Un número cada vez mayor de países está ratificando un acuerdo internacional para combatir la pesca ilegal, con lo que crece el interés sobre la mejor forma de implementar este instrumento jurídico.
Se calcula que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR o IUU, por sus siglas en inglés) tiene un coste de entre USD 10.000 y USD 23.000 millones para la economía mundial. Además, impacta de forma negativa en la gestión de las poblaciones de peces, por lo que genera una doble preocupación en todo el mundo.
Para ayudar a abordar este problema, la FAO negoció en 2009 que sus países miembros adoptaran el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto, destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El acuerdo entrará en vigor cuando haya sido ratificado por 25 países. Hasta el momento lo han hecho 13 países, siendo los dos últimos Islandia, en junio, y St. Kitts y Nevis, en julio.
Las Medidas del Estado Rector del Puerto se refieren en general a las tomadas para detectar la pesca ilegal cuando los barcos llegan a puerto. El acuerdo promueve la colaboración entre pescadores, autoridades portuarias, guardacostas y fuerzas navales, para reforzar las inspecciones y procedimientos de control en los puertos y en las embarcaciones. Es importante destacar que también permite a los Estados evitar que los barcos desembarquen las capturas derivadas de la pesca INDNR, independientemente del pabellón que enarbolen.
“El acuerdo tiene por objeto armonizar los controles portuarios con el fin de evitar que el pescado capturado ilegalmente llegue a entrar en los mercados internacionales a través de los puertos”, explica Blaise Kuemlangan, jefe del Servicio de Desarrollo de Leyes de la FAO. “La capacidad de rechazar buques que participan en la pesca INDNR –añadió- reducirá en forma notable las oportunidades de vender sus capturas, con lo que disminuirá la pesca ilegal en todo el mundo.”
El acuerdo permitirá un mejor cumplimiento del Código de Conducta para la Pesca Responsable de 1995, que busca promover la sostenibilidad a largo plazo del sector.
La pesca ilícita -que incluye operar sin autorización, capturar especies protegidas, utilizar aparejos de pesca ilegales y violar los límites de cuota- puede suponer hasta 26 millones de toneladas anuales de pescado al año, más del 15 % de la producción total mundial. Además del daño económico, plantea riesgos para la biodiversidad local y la seguridad alimentaria en muchos países.
Para ayudar a los países a fortalecer su capacidad para implementar el acuerdo, la FAO ha convocado una serie de talleres en todas las regiones del mundo.
El sexto taller, financiado por el Gobierno de Noruega y que abarca África occidental, se celebró este mes en Praia, Cabo Verde. Contó con medio centenar de participantes de 16 países costeros africanos, junto con expertos de la Unión Europea, la Organización Marítima Internacional, la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, la Conferencia de Ministros sobre Cooperación Pesquera entre los Estados Africanos Ribereños del Océano Atlántico (COMHAFAT), el Pew Charitable Trust y el Fondo Mundial para la Naturaleza.
Gabón es el único país de la zona que ha ratificado el acuerdo, pero hay varios que están a punto de completar el proceso.
Además de Gabón, los países signatarios que han completado el proceso de ratificación son Chile, la Unión Europea, Islandia, Mozambique, Myanmar, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, San Kitts y Nevin, Seychelles, Sri Lanka y Uruguay. (Fis.com)
02/08/15