Durante la próxima semana podría volver el debate sobre el proyecto de ley unificada de Pesca en la provincia, que estaba a punto de ser aprobado en Legislatura a mediados de abril y a último momento volvió a comisión a partir de las advertencias del sindicato de la Alimentación en torno a aspectos que considera perjudiciales para su sector.
Durante la próxima semana podría volver el debate sobre el proyecto de ley unificada de Pesca en la provincia, que estaba a punto de ser aprobado en Legislatura a mediados de abril y a último momento volvió a comisión a partir de las advertencias del sindicato de la Alimentación en torno a aspectos que considera perjudiciales para su sector.
Desde el radicalismo ya se ha anticipado una postura de rechazo al proyecto, fundamentalmente porque éste deroga la ley de Emergencia Pesquera que en la actualidad impide sumar más esfuerzo sobre el recurso pesquero en aguas de la provincia.
Desde el ámbito gremial se informó días atrás que no ha habido mayores novedades en torno a los cambios sugeridos desde ese sector, si bien por otro lado trascendió que la intención del oficialismo legislativo sería, en consonancia con las señales desde el Ejecutivo, de avanzar rápidamente en la sanción, habida cuenta de que ya ha habido suficientes reuniones y evaluaciones sobre el proyecto.
Desde el STIA se habían formulado advertencias fundamentalmente en lo que respecta a la relación entre bodega autorizada para la pesca y personal ocupado en tierra, señalándose que en la redacción del proyecto se habla sólo de esa exigencia para "nuevos" permisos, mientras que el sindicato de trabajadores de planta entiende que habría que aclarar que también rige esa obligación al momento de "renovar" los permisos, sea en forma anual o plurianual.
Desde el Ejecutivo se manifestó predisposición para evaluar los reclamos, aunque por otro lado se expresó que la ley no debe contemplar aspectos estrictamente laborales. Lo cierto es que para el STIA, la falta de materia prima que pueden aducir especialmente las empresas congeladoras que se dedican a la captura del langostino, puede ser motivo para luego dejar de cumplir con esa exigencia de ley, por la que hoy en Comodoro hay un total de más de 1.000 operarios de plantas pesqueras.
En este punto, desde el sindicato también se ha pedido que se permita el reemplazo de barcos congeladores por fresqueros (si hay bajas de los primeros, que sean reemplazados por los segundos), para propender hacia una paulatina reconversión de la actividad, habida cuenta de que el fresco es lo que abastece las plantas para su procesamiento en tierra. De igual modo, se insiste en el manejo de otras especies, para evitar las dependencias extremas del langostino, que este año no aporta tan buenas perspectivas como el 2006 y que podría acarrear cuentas deficitarias para las empresas de este sector, con consecuentes perjuicios laborales.
Desde el ámbito político, por otra parte, el radicalismo mantiene su negativa a aprobar el proyecto, según expresó días atrás el diputado José Gaspar, al menos hasta tanto se garantice que no se derogará la ley de Emergencia Pesquera. El argumento en este caso es que la derogación permitiría aumentar el número de permisos de pesca en la provincia, frente a especies como la merluza y el langostino que vienen dando señales de alerta en cuanto a su capacidad de recuperación y sustentabilidad.
Otros aspectos negativos considerados desde la oposición es la eliminación del canon pesquero y la eliminación de balanzas en muelle para el peso de la descarga, lo que estaba estipulado para un mayor control, si bien en la práctica muchas empresas optan por no utilizarla y pagan un monto fijo (en concepto de canon sobre la captura) por un determinado tonelaje de capturas.
06/05/07
DIARIO CRÓNICA